¿Es el Ayuntamiento una empresa? (26M-3)

La capacidad y credibilidad de un candidato o candidata a las Elecciones, ya sean estas nacionales, autonómicas o locales, no solamente se demuestra por los resultados obtenidos o conseguidos y por las acciones realizadas, sino también por los procesos sociales y políticos puestos en marcha que lógicamente pueden necesitar más de 4 años o pueden también aspirar a hacerse permanentes e institucionalizados. En igual sentido, la credibilidad y confianza de un candidato se valora también por las omisiones y errores cometidos y como estos han sido abordados y en su caso subsanados. Esto quiere decir que el grado de bondad o de positividad de una acción o de un programa político, no se mide solamente por la eficacia de la acción (el menor tiempo y la mayor efectividad), sino también por la eficiencia (los mejores resultados con el mínimo de costos o de gasto de energía). En consecuencia si aplicamos estos criterios a la acción política, creo sinceramente que aunque sean buenos para evaluar la práctica de un gobierno municipal, autonómico o nacional, son también insuficientes. Aunque todo Ayuntamiento contenga elementos y estructuras similares a las de una organización empresarial, el Ayuntamiento no es una empresa, entre otras razones porque su función social y de servicio siempre primará sobre sobre la de generar beneficios que caracteriza a toda empresa, aunque claro está que el desarrollo de sus funciones y competencias debe realizarse con criterios de racionalidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera.

En las Elecciones Municipales, dado que el grueso de las candidaturas están configuradas por partidos con grandes líderes de ámbito nacional de mucha experiencia política de gestión y gobierno, los resultados en votos pueden sin duda estar influidos por los liderazgos nacionales y grupales. Sin embargo, en las ciudades pequeñas y medianas como Camas, e incluso en las grandes, serán en última instancia las personas cercanas, visibles y con credibilidad social las que determinarán el voto en uno u otro sentido. Todavía recuerdo con emoción aquel periodo de los primeros mandatos del nuevo Ayuntamiento Democrático de Camas, en el que el PSOE de Felipe González arrasaba en todas las convocatorias Generales, mientras que aquí en Camas, las Elecciones las ganaba la candidatura del PCE encabezada por Francisco Pinto y claro, esto no significaba para nada que los votantes fueran todos simpatizantes del PCE, sino simplemente que las personas concretas que formaban aquellas candidaturas eran más valoradas por los vecinos que las demás, aunque estas estuvieran respaldadas por un liderazgo nacional indiscutible.

En mi opinión, hacer política municipal presupone de entrada capacidad para desarrollar una alta actividad de planificación, programación y gestión, lo cual necesariamente exige, una formación básica o mínima, además de una significativa experiencia profesional que pueda ser reutilizada en dicha acción y en la gestión de los asuntos públicos. No obstante, estos requisitos básicos que son necesarios a cualquier candidato o candidata que desee presentarse a las Elecciones, no puede llevarnos a concluir que la política municipal o nacional hay que reducirla exclusivamente a la administración de recursos y a la formalización de operaciones, operaciones que por lo general son de carácter burocrático y administrativo. Por el contrario exige también apostar por iniciativas innovadoras y creativas para hacer frente a las emergencias y problemas imprevistos o sencillamente porque todo Programa Electoral no puede ser fijo e inmutable, ya que necesariamente está sujeto a los equilibrios, alianzas y negociaciones con el resto de los grupos políticos representados en la institución, así como a las inevitables emergencias que en forma de dificultades, obstáculos o consecuencias imprevistas surgen en su desarrollo.

Un Ayuntamiento no es, o mejor, no puede ser una empresa económica o comercial, como tampoco una estructura rígida atada de pies y manos a las leyes de los gobiernos nacionales de turno o a los díctamenes de Interventores y Secretarios. Estos funcionarios, algunas veces se convierten en auténticos jueces o intérpretes absolutos de las normas, impidiendo o favoreciendo iniciativas según el gusto, la opinión que política o ideológicamente mantengan o incluso dependiendo de las relaciones personales que puedan establecer con los miembros de la Corporación y/o los demás funcionarios. Por eso, sin unos funcionarios altamente cualificados técnica, democrática y éticamente capaces de interpretar con flexibilidad las normas anteponiendo siempre el bien común y los intereses generales de la ciudad, es difícil contar con suficientes dosis de autonomía municipal, creatividad y posibilidades de cambio, innovación y transformación, sin las cuales jamás podrá incrementarse, ni la calidad de los servicios públicos, ni la Cultura Democrática, ni la profundización de la Democracia. Es obvio que los Secretarios e Interventores tienen como competencias técnicas asesorar, dar fe de los acciones de gobierno, controlar y fiscalizar las operaciones presupuestarias y financieras, así como emitir diversos informes de control a otras instancias de la administración del Estado y en general garantizar que las decisiones municipales se realizan conforme al principio de legalidad, no obstante, el ejercicio de estas competencias no creo que deba ser la expresión de un seguimiento absoluto y escrupuloso de la Ley, sino más bien la interpretación racional y flexible del fondo, el espíritu o los grandes objetivos de esa Ley. Su misión y su responsabilidad social y técnica, no consiste a mi juicio en limitar permanentemente las acciones creativas y originales de los cargos públicos dirigidas a mejorar la calidad democrática de los servicios, sino más bien todo lo contrario, es decir, buscar todas aquellas posibilidades que la Ley brinda, para que el servicio a los ciudadanos sea de mejor y mayor calidad y por tanto facilitar y ayudar a los concejales a desarrollar sus objetivos y programas.

Un Ayuntamiento pues, tal y como yo lo veo, además de ser una estructura de servicio público que obviamente necesita también de leyes, normas, reglamentos, así como criterios de inversión y de gestión económica, es en realidad una Gran Asamblea en la que una comunidad de vecinos acuerdan convivir pacífica y democráticamente en la diversidad, asumiendo un conjunto de deberes y desde luego exigiendo y demandando derechos y servicios de calidad a sus representantes. Y claro, esto exige algo fundamental que muy a menudo nuestros concejales olvidan. Exige por su parte entusiasmo, ilusión con sus competencias y su función social, convicción, voluntad y esfuerzo para motivar, ilusionar y animar a la ciudadanía para que esta participe en los procesos electorales, de forma que el Ayuntamiento sea representativo del máximo posible de ciudadanos y pueda estar más legitimado democráticamente para tomar decisiones. En este punto, esa actitud de algunos concejales o cargos electos de despreocuparse por el nivel de abstención en cuanto que independientemente del mismo tendrán asegurado su cargo, me parece de una irresponsabilidad e incoherencia enorme, en cuanto que si no protegemos, cuidamos y hacemos todo lo posible por aumentar el grado de participación ciudadana, esto de las Elecciones se convertirá en una simple rutina desnaturalizadora de la esencia de toda Democracia, esencia que no es otra que la Participación y la Transparencia. Y como es obvio, esto no se consigue mágicamente en quince días de Campaña Electoral por muy bien diseñada y realizada que se haga.

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