Las medidas de gracia (1)

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LAS MEDIDAS DE GRACIA (1)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

I
Introducción

En la anterior legislatura, la vida política transcurrió entre grandes tensiones y enfrentamientos, especialmente en los debates del Congreso y del Senado, poniendo de manifiesto el rostro más desagradable del parlamentarismo, que no ahorró insultos, palabras injuriosas y desprecios, procedentes principalmente de los bancos de la oposición. Este clima no sólo no ha conocido un momento de distensión y sosiego, sino que ha aumentado, a raíz de los resultados electorales de las elecciones generales del 23 de julio pasado, cuando muchos esperaban un cambio de ciclo político y un ambiente menos crispado por parte de los distintos grupos, especialmente de la derecha y extrema derecha, que tenían puestas su esperanza en las citadas elecciones generales, para poder formar gobierno. No les fue posible, al no alcanzar la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, con el apoyo principalmente de VOX y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria, aumentado la frustración y la indignación del Partido Popular.

En los últimos días de octubre y primera quincena de noviembre se firmaron los acuerdos del PSOE con otros grupos parlamentarios; SUMAR, ERC, BNG, PNV, BILDU, JUNTS y Coalición Canaria, que se comprometieron a votar favorablemente la investidura del candidato del PSOE, así como mantener su apoyo durante la legislatura. Estos acuerdos han provocado un verdadero terremoto en el frente político, mediático y judicial afín al PP y a VOX, siendo especialmente llamativas las manifestaciones convocadas por el PP, pacíficas, aunque también otras, minoritarias y violentas, apoyadas por VOX, frente a las sedes del PSOE en distintas ciudades españolas. La frustración de la derecha y extrema derecha, por no poder formar gobierno, los ha llevado a anunciar una oposición radical en todos los frentes, ya sea en las Cortes, en la calle, en los medios de comunicación y judicial, que se interpreta en algunos sectores cercanos a la oposición, con el siguiente mensaje: el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez pagará caros sus acuerdos para formar gobierno y pacificar Cataluña, sublevando al resto de España. Amenazan con que habrá tiempos peores a los de la anterior legislatura, en la que – ¡a lo largo de cuatro años!- se opusieron a la inmensa mayoría de las leyes aprobadas: ya fuese el salario mínimo, las medidas para hacer frente a la pandemia, la revalorización de pensiones, la reforma laboral, las leyes de presupuestos, los fondos europeos, la bajada de impuestos, la ley de eutanasia y otras.

Conviene recordar que el sistema político español se constituye en nuestra Constitución como una Monarquía parlamentaria, y si la mayoría parlamentaria del Congreso acuerda la investidura del candidato, ya sea del PP o del PSOE, flaco servicio hace la oposición al sistema parlamentario constitucional convocando, un día sí y el otro también -alegando la libertad de manifestación-, a los ciudadanos en la calle, donde se profieren todo tipo de ataques e insultos a las decisiones del Parlamento. No es coherente defender el sistema parlamentario y, al mismo tiempo, desestabilizarlo atacando sus mismas reglas del juego, al alentar las manifestaciones en la calle de forma continuada, principalmente de forma violenta. El derecho de manifestación es legal y legítimo en los sistemas democráticos cuando se ejerce de forma pacífica. No obstante, las decisiones que son aprobadas por la mayoría parlamentaria responden a los votos obtenidos por cada partido político, en tanto que las manifestaciones en la calle, aunque sean legítimas y legales, quedan numéricamente muy lejos de los ciudadanos que han votado, en las elecciones celebradas, a esos partidos políticos representados en las Cortes Generales.

El objeto de estas reflexiones es ofrecer una visión de la proposición de ley de la amnistía que se ha presentado en el Congreso para su tramitación y debate y que aún no está aprobada en las Cortes, que ha venido precedida de los acuerdos suscritos con distintos grupos parlamentarios (SUMAR, ERC, JUNTS. PNV, BILDU y BNG). En este análisis ofreceré mi opinión y aportaré mi experiencia como Diputado del Congreso en las Cortes Constituyentes de 1977-79, en plena transición política. Sin duda, en las últimas semanas han sido numerosos los artículos que han publicado distinguidos profesores de Derecho Constitucional y Derecho Penal y los puntos de vista expresados en las tertulias de TV y radios, acerca de los citados acuerdos entre los grupos parlamentarios. Todos ellos merecen un gran respeto, ya sean a favor o en contra de estas medidas, aunque observo que se adscriben a posiciones preconcebidas. No resulta fácil analizar con serenidad y sosiego un tema controvertido y de gran complejidad, dado los innumerables matices que tiene, por su propia naturaleza, y porque en este debate subyacen los intereses de cada grupo, de sus líderes, y de los grupos mediáticos que están alineados con la oposición y aquellos otros que apoyan la iniciativa parlamentaria.

II
Antecedentes del derecho de Gracia

Las medidas de gracia en sus distintas modalidades, en la reciente historia de España, no han sido aprobadas con el consenso de amplios sectores políticos, y generalmente no han contribuido a la unión de la sociedad. Ciñéndonos a las medidas de gracia más destacadas del periodo 1930-1974, cabe citar:

1. Las medidas adoptadas por el Gobierno provisional de la II República, concediendo indultos tras su proclamación en el año 1931. Durante el mandato de Victoria Kent como Directora General de Prisiones fueron excarcelados en torno a 4.000 ( 31% del total) presos políticos y otros comunes, bajo las directrices de una cultura reformista favorable a la rehabilitación y reinserción de los prisioneros, que habían sido privados de su libertad en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, previamente al advenimiento de la II República. Estas medidas tuvieron el apoyo de los partidarios de la II República, y la crítica y el rechazo de los grupos políticos conservadores, que presionaron para el cese de Victoria Kent al frente de sus responsabilidades en la Dirección General de Prisiones.


2. El indulto, concedido inicialmente y, posteriormente, la amnistía otorgada por el Gobierno republicano presidido por Alejandro Lerroux en 1934, con el apoyo del partido RADICAL y la CEDA, al general Sanjurjo, que se sublevó en el año 1932 contra la II República. Concitó escaso apoyo de los partidos políticos del centro e izquierda republicana y gran apoyo de los conservadores.


3. La amnistía otorgada por el Gobierno de la II República, tras las elecciones generales de febrero de 1936, siendo presidente del Gobierno Manuel Azaña, a los condenados por la revolución de 1934 en Asturias y al president catalán Companys. Esta medida fue apoyada por el conjunto de fuerzas políticas del Frente Popular y rechazada por los partidos conservadores.


4. La amnistía otorgada por el gobierno de Francisco Franco en la ley de 23 de septiembre de 1939 a todos los que habían participado en los actos violentos “del glorioso alzamiento nacional contra el frente popular y a favor de la rebelión militar”, iniciada en Julio de 1936. Esta medida fue apoyada por los grupos que se integraron en el “Movimiento Nacional” y constituyeron los pilares del franquismo, y el rechazo de los partidos republicanos, que fueron declarados ilegales por la dictadura de Franco.


5. Los indultos totales dados por el gobierno de Francisco Franco el 12 de septiembre y 9 de octubre de 1945 por actos realizados con anterioridad a 1939. Además de otros indultos de menor alcance con posterioridad.