OPINIÓN PUBLICADA versus OPINIÓN PÚBLICA (y 3)

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OPINIÓN PUBLICADA versus OPINIÓN PÚBLICA (y 3)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

La intolerancia frente a la concordia

En la legislatura que ha finalizado, ha tenido una relevancia notable el debate, principalmente de carácter ideológico sobre determinadas decisiones y acuerdos aprobados por el Gobierno y las Cortes Generales, con el voto contrario de la oposición, salvo algunas excepciones. Por su interés, merece prestar atención a algunos de éstos temas:

Conflicto versus pacificación en Cataluña.

Es de todos sabido que la memoria es débil y olvidadiza, y por esta razón, conviene recordar algunos de los acontecimientos que se sucedieron en Cataluña, a raíz de la ley 19 /2017 de 6 de septiembre, aprobada por el parlamento de Cataluña, para convocar un referendum por la independencia de Cataluña y su separación de España.

Esta ley fue recurrida por el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, ante el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre y declarada inconstitucional el 17 de octubre de 2017. Asimismo, días más tarde, el Gobierno y el parlamento catalán, aprobaron una declaración de independencia el 27 de octubre, suspendida acto seguido, por el entonces presidente catalán Puigdemont. A su vez, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la declaración de independencia el 8 de noviembre de 2017. EL Senado a instancia del Gobierno, aprobó el 27 de Octubre de 2017, la aplicación del artículo 155 de la Constitución a las instituciones de la autonomía catalana, que estaría vigente hasta el 2 de junio de 2018, aunque se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre de 2017, de las que resultó una mayoría de escaños (70) de los partidos independentistas (Junts per Cataluña, ERC y CUP superaban los 2 millones de votos) que les permitió formar gobierno de ideología independentista, al tener mayoría en el parlamento. La Fiscalía del Estado y el Tribunal Supremo, adoptaron, entre otras medidas, la detención e ingreso en prisión de varios miembros del “Govern” catalán, a excepción de su presidente y otros “consellers” que se fugaron a Bélgica, así como de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omniun Cultural. La agitación de los grupos independentistas catalanes durante los años 2017, 2018 y 2019 fue importante, con barricadas e incendios en el mobiliario de las calles céntricas de Barcelona, intentos de asalto de edificios oficiales y cortes de autopistas, desencadenándose un fuerte espíritu reivindicativo, violento, independentista catalán.

En este marco, con media Cataluña sublevada, tuvo lugar la decisión del juez Llerena, instructor del Tribunal Supremo, de cursar varias órdenes de extradición a las autoridades belgas, británicas, alemanas e italianas, solicitando la detención y devolución a las autoridades españolas de los Sres. Puigdemont y varios consellers que se fugaron de España y residieron en algún momento en estos países. En todas las ordenes de extradición cursadas, se acusaba a estos dirigentes políticos, de graves delitos contra el Estado, ordenes de extradición que no fueron atendidas por las autoridades judiciales de los respectivos países. Tres años después de la declaración de independencia del parlamento catalán, el Tribunal Supremo firmó en plena pandemia, el 14 de actubre de 2020, la sentencia de condena contra los dirigentes catalanes, ingresados en cárceles españolas, a penas de carcel que superaban los 10 años y de inhabilitación por tiempo similar. No obstante, el Tribunal Supremo no aceptó el criterio del Fiscal General del Estado, que les imputaba un delito de rebelión, sino el delito de sedición. Posteriormente, en las elecciones autonómicas para Cataluña, celebradas el 21 de diciembre de 2021, los resultados dieron mayoría nuevamente, a los partidos independentistas (mayoría absoluta de 74 escaños y 1, 3 millones de votos), frente (a 50 escaños y 1, 3 millones de votos de los no independentistas), a pesar de la sentencia de condena del Tribunal Supremo.

En este periodo convulso en Cataluña, los acontecimientos políticos se precipitaron con la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018, que perdió éste, y la celebración en el año 2019 de dos elecciones generales que dieron la mayoría relativa al PSOE, que pactó un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, al no tener mayoría suficiente para gobernar, así como el apoyo. de varios grupos nacionalistas. Desde el momento de la investidura de Pedro Sánchez, como presidente de Gobierno, estuvo muy presente la necesidad de adoptar medidas que contribuyesen a la pacificación de Cataluña, objetivo muy difícil de alcanzar, y para ello se prometió crear una mesa que propiciase el dialogo entre las fuerzas políticas catalanas y el Gobierno de España. El revés que tuvieron las órdenes de extradición cursadas por el juez Llarena y denegadas por las autoridades políticas y judiciales europeas contra Puigdemont y varios consellers, afianzaron la convicción del nuevo Gobierno de buscar una salida política que no pusiera en riesgo los fundamentos de la Constitución Española.

Con estos precedentes, el Gobierno, en su deseo de llevar a efecto medidas de reconciliación a favor de la situación política de Cataluña y de los condenados en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Octubre de 2020, aprobó el 23 de junio de 2021, dentro de las competencias que la ley de 1870 concedió un indulto parcial a los 9 condenados, reduciendo las penas impuestas de cárcel y de inhabilitación, indulto apoyado por el Consejo de Europa, de las que habían cumplido 3 años y1/2 en la cárcel, reduciendo su ingreso en prisión al tiempo real que habían estado privado de libertad y los años de inhabilitación. Fue una decisión arriesgada porque la opinión pública no tenia la sensibilidad necesaria para aceptar tal medida de gracia, aprovechada por el PP y VOX, que desencadenaron todo tipo de ataques, que ponían de manifiesto que las emociones de rencor e indignación para crear estados de conflicto son más efectivas que las medidas de reconciliación y perdón. En el indulto parcial no se borraba el delito, sino que se reducían las penas por considerarse excesivas para los delitos cometidos. Otra medida aprobada recientemente, siguiendo el criterio del Consejo de Europa, ha sido la reforma del Código Penal en virtud de la Ley 14/ 2022 de 23 de diciembre, en la que el delito de sedición ha sido sustituido por desórdenes públicos, y la malversación según hubiese o no, enriquecimiento personal ilícito, con penas rebajadas respecto de las anteriores. Esta última reforma podría haberse mejorado sin tanto ruido mediático y mayor prudencia en la redacción de la misma. La oposición jaleó el agravio de muchos españoles con un mensaje emocional reactivo “¡¡ contra los catalanes éramos felices ¡ ¡” el conflicto con los catalanes resulta rentable en otros territorios, “¡ ¡ nada de medidas de gracia ¡ ¡” el mejor remedio “¡palo y cárcel¡“.

La realidad del momento actual es muy distinta a la existente cuando los independentistas iniciaron “ el proces” y se formó el Gobierno de coalición . Se ha restablecido el sosiego y normalizada la convivencia en Cataluña, de forma extraordinaria, como han puesto de manifiesto las elecciones locales. Los partidos independentistas, divididos entre sí, han visto reducido su apoyo electoral ( Junts, ERC y CUP con 1,2 milones de votos ) y los partidos no independentistas ( PSC, En Común, Vox y PP con 1, 4 millones de votos ) han aumentado sus votos, respecto de las últimas elecciones municipales en 1919. Un número considerable de ciudades catalanas han formado consistorios sin programas independentistas, y con mayorías no independentistasen. en las que el PSC tiene las alcaldias de grandes ciudades ( Barcelona, Tarragona, Lérida, Sabadell, Santa Coloma de Granollers, Hospitalet de Llobregat etc ), con una política de pacificación y dialogo con los independentistas. Se ha avanzado bastante, aunque haya muchos ciudadanos que no lo aprecian, por la presión mediática adversa.

Memoria Democrática y las heridas del Franquismo

Durante el Gobierno presidido por José Luis Zapatero ( 20004- 2011) se realizaron algunos avances con la denominada Memoria Histórica, aprobada en la Ley 52/ 2007 de 26 de Diciembre, que asumió la Declaración de condena de la violación de los Derechos Humanos del franquismo, emitido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006. La finalidad principal de la ley era apoyar a los familiares que deseaban recuperar los restos de los familiares desaparecidos y asesinados por su condición de republicanos durante la guerra civil y la dictadura franquista, así como la eliminación de símbolos franquistas. Sin embargo, el desarrollo y la aplicación de las medidas previstas y los medios económicos fueron paralizados por el Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy.

Quince años más tarde, se aprobó la Memoria Democrática en la Ley 20/ 2022 de 19 de octubre, cuya finalidad es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de aquellas personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida, en defensa de la democracia y la libertad. En su artículo1.2 se dice:

Entre las medidas que se contemplan en la ley, está la recuperación y la identificación de las victimas; la creación de un registro y censo de las victimas; la creación de un Fiscal de sala para la defensa de los Derechos Humanos y Memoria Democrática; promover la localización de aquellas victimas que no se han podido hallar en fosas comunes (estimadas en varias decenas de miles); la declaración de ilegales e ilegítimas de las resoluciones judiciales y administrativas de condena de las víctimas en este periodo; la supresión de los símbolos de enaltecimiento del golpe de Estado de 1936, la Guerra de España y el franquismo; la derogación de los títulos nobiliarios concedidos por el general Franco, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la nueva denominación de Cuelgamuros al anterior de Valle de los Caídos, para el conjunto del recinto considerado cementerio de víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Con anterioridad a la aprobación de la ley de Memoria Democrática, fueron exhumados los restos del general Franco de la basilica del Valle de los Caídos (Cuelgamuros) y depositados en un panteón cedido por el Estado a la familia Franco en el cementerio de Mingorrubio (Madrid). Últimamente han sido exhumados, igualmente, los restos del general Queipo de Llano de la iglesia de la Virgen de la Macarena en Sevilla; asimismo, la familia de Jose Antonio Primo de Rivera ha retirado sus restos de la basilica del Valle de los Caídos (Cuelgamuros). En la actualidad, los restos del general Moscardó y del general Milans del Bosch, están en el Alcazar de Toledo. La aplicación de la Memoria Democrática es un reto de la democracia española, que es necesario llevar a efecto, por razones éticas y de justicia, aunque algún sector de la oposición política rechaza esta conquista.

Protección de derechos de minorías

En esta materia ha existido mas ruido y enfrentamiento, de lo deseable, entre los grupos parlamentarios y la oposición.

La eutanasia regulada en la Ley Orgánica 3 /2021 de 24 de marzo, como un derecho individual de las personas en determinados supuestos y con las garantías legales, de que su petición será atendida por facultativos médicos. Se determina el procedimiento y los plazos establecidos para poner fin al sufrimiento imposibilitante, de la persona afectada por una enfermedad incurable, que atenta gravemente a su libertad y dignidad. Entre otras garantías, se crean las Comisiones de Garantia y Evaluación en cada Comunidad Autónoma, para hacer un seguimiento y control de los supuestos. El apoyo mayoritario parlamentario en la aprobación de esta ley tuvo el rechazo de gran parte de la oposición.

Determinados derechos individuales que garantizan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, regulados en la Ley 4 / 2023 de 28 de febrero, comúnmente denominada ley Trans, de toda discriminación directa o indirecta de dichas personas. El debate parlamentario se centró en la voluntad y autodeterminación de la persona, sin necesidad de informes médicos o facultativos, requisito que no concitó la unanimidad de todas las corrientes del feminismo. Lo mas relevante de la nueva ley es la autodeterminación de la orientación sexual y la no discriminación de las persona LGTBI en las distintas esferas de la vida social, aunque se determina que en los supuestos de actividades de ocio y deportivas, y para evitar que las desigualdades en los indicadores y parámetros biomédicos de “las personas trans”, puedan perjudicar a las atletas femeninas, la norma aplicable será las que establezcan las distintas federaciones deportivas, de ámbito internacional, nacional y autonómico, de conformidad con el Consejo Superior de Deportes. Se aprobó con una mayoría parlamentaria y el voto en contra de la oposición.

La garantía integral a la libertad sexual regulada en la Ley 10/ 2022 de 6 de septiembre, conocida como “ ley del sí es sí “, tiene como finalidad erradicar toda forma de violencia sexual. Antecedente a la actual ley, fue la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Las numerosas agresiones y abusos sexuales en los últimos años a mujeres suscitaron fuertes protestas de los colectivos de mujeres, ante las distintas sentencias de los jueces acerca de la confusión que se observaba entre el delito de agresión y el de abuso sexual, antecedentes que no se deben olvidar para conocer el recorrido del debate parlamentario y mediático de esta ley. Las protestas se recrudecieron a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que calificó de abuso sexual la violencia de la “Manada” en Pamplona sobre una joven, y excluyó el delito de agresión sexual, porque no constaba que la mujer manifestase disconformidad con la violencia brutal del grupo de jóvenes.

El espíritu de la reforma era de una parte, eliminar la distinción de una y otra figura delictiva, integrando ambas en el delito de agresión sexual y situar la ausencia del consentimiento expreso de la persona agredida en el centro del hecho delictivo. Por todo ello, se denominó la “ley del si es sí” para poner el énfasis en la expresa y libre voluntad de la víctima, el consentimiento o el rechazo de la agresión sexual. Sin embargo, el recorrido de la nueva ley, una vez aprobada, fue problemático, porque los jueces y tribunales de justicia dictaron sentencias diversas, estimando un sector de la judicatura, que la nueva ley beneficiaba la rebaja de las penas de los condenados con anterioridad a la entrada en vigor de aquella, mientras otros jueces y la fiscalía, consideraban que la interpretación de la nueva ley no favorecía necesariamente dicha reducción de pena, siempre que la condena se situara en la horquilla prevista en la ley. Durante el otoño y el invierno pasado, se sucedieron sentencias con distintos criterios, a la espera de que el Tribunal Supremo unificase la doctrina, cosa que sucedió el 8 de junio pasado último. Asimismo, la beligerancia de la oposición parlamentaria, contra el Ministerio de la Igualdad y su titular Irene Montero, aumentó muchos decibelios y fomentó el malestar. Gran parte de los grupos que apoyaban al Gobierno de coalición, salvo el PSOE defendieron la postura de Irene Montero, que se resistió a modificar el texto legal que se aprobó en los primeros días de septiembre de 2022.

Con estos antecedentes, el grupo parlamentario del PSOE tomó la iniciativa y presentó el 6 de febrero del presente año, una enmienda parcial, a la ley aprobada en los primeros días de septiembre sobre la libertad sexual, que no fue aceptada por el socio de Gobierno Unidas Podemos y los grupos parlamentarios minoritarios de la investidura. Esta enmienda, por el contrario, fue apoyada por el PP que permitió reformar la anterior ley, quedando aprobada en la Ley Orgánica 4/ 2023 de 27 de abríl sobre libertad sexual, que aumentaban en determinados supuesto las penas, que habían llevado a los jueces a rebajar las penas mínimas y máximas de los ya condenados con anterioridad. El ruido mediático ha continuado, siguiendo las pautas y las consignas de la oposición, dirigido no ya contra la Ministra de Igualdad, amortizada tras las elecciones autonómicas y locales, sino contra el presidente de Gobierno, en un lenguaje difamatorio e injurioso. La oposición que ha colaborado en la reforma de aquellos aspectos de la ley que llevaron a los jueces a rebajar las penas de los condenados, sigue menospreciando los logros positivos de la nueva ley, una vez rectificados los fallos anteriores. Durante el otoño, la crítica feroz a la ley, de la oposición, se centraba en la inadmisión del consentimiento expreso de la víctima, porque ésta además de víctima del ultraje, era la que estaba obligada a demostrar que no había consentido la agresión, y vulneraba ¡ la presunción de inocencia del agresor ¡.

Una vez aprobada la reforma de los fallos de la anterior ley, la crítica de la oposición, ha cambiado su orientación: ya no se trata de inculpar a la victima de su violación, mientras no demuestre que no hubo consentimiento, ni a la ministra de Igualdad de los errores de la ley, sino de acusar al presidente de ser el culpable de las rebajas de penas ya dictadas por los jueces. ¡ los jueces quedan libres de toda responsabilidad, aunque son ellos los responsables de sus sentencias ¡ . Se haga lo uno o lo contrario, la oposición sigue con su campaña de difamación, utilizando los amplificadores mediáticos.

Las relaciones internacionales y la política exterior.

En las años de la legislatura que acaba de finalizar, han tenido lugar grandes cambios a nivel internacional, que han modificado en cierto modo, el tablero político:

• La salida del Reino Unido de la Unión Europea, no ha creado graves problemas a los países miembros de la Unión, y sí los ha planteado al Reino Unido, que ha conocido varias crisis de gobierno (Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak ) y suscitado serias tensiones en Escocia e Irlanda del Norte, territorios que votaron a favor de la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea. Las expectativas creadas por los defensores del Brexit no se han visto cumplidas y las dificultades económicas y la inmigración ha aumentado en los últimos años. El aislamiento de la economía británica del resto europeo y las dificultades para formar gobierno en Irlanda del Norte, y para fijar la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda que forma parte de la Unión Europea, evidencian en gran medida el fracaso del Brexit. Cabría decir, que inesperadamente, la salida del Reino Unido ha cohesionado más a los paises de la Unión Europea y ha perjudicado al Reino Unido.


• La invasión de Ucrania por el ejército de Rusia en el mes de Febrero de 2022, siguiendo los sueños de grandeza del presidente Putin, ha supuesto un reto que ha obligado a la Unión Europea a aumentar su grado de autonomía militar, y energética respecto de Rusia, aprobando varios paquetes de sanciones económicas que han cambiado las relaciones comerciales que hasta 2021 estaban en vigor con Rusia. En su conjunto, ha cohesionado a la mayoría de los países de la Unión Europea, y a ésta con los paises integrantes de la OTAN.


• Las relaciones políticas de los paises miembros de la Unión Europea con Estados Unidos y Latinoamérica han mejorado notablemente con el triunfo del demócrata Joe Biden frente al republicano Donald Trump, en las últimas elecciones presidenciales, El apoyo y escudo militar de la OTAN, respaldado por Estados Unidos, frente a la agresión de Rusia a Ucrania, ha sido muy favorable para la posición de la Unión Europea, especialmente tras el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Con respecto a Latinoamérica, se espera que mejoren igualmente, con el triunfo de Lula da Silva, frente a Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales en Brasil. La importancia de esta nueva relación se deduce de la influencia que puede desarrollar Brasil en el conjunto de Latinoamérica, por su potencial económico, en recursos naturales, protección del medio ambiente y demográfico, en un momento delicado para la estabilidad económica y política de varios de los países del Centro y Sur Americano.


• El espacio mediterráneo y la proximidad de los paises del Sur de la Unión Europea. Está, obligada la Unión Europea a fortalecer las relaciones de cooperación con los paises del Magreb, en el marco del derecho internacional de las Naciones Unidas, en materias muy diversas, tales como agricultura, industria, pesca y aguas territoriales, mano de obra, inmigración, lucha contra el yihadismo y la convivencia pacífica de los ciudadanos magrebíes en territorio europeo, así como de españoles en ciudades que son de soberanía española (Ceuta y Melilla). Es en este contexto, donde varios países (España. Francia, Italia y Alemania) se han alineado con Estados Unidos para flexibilizar las posibles opciones de Naciones Unidas en su mandato, al considerar positivo y serio, el esfuerzo del plan de Marruecos para alcanzar una solución negociada del futuro de los saharauis, que no se ha resuelto en los últimos 50 años. Es un tema delicado en el marco de la política exterior española y europea, que requiere prudencia de los grupos políticos y mediáticos, por el papel estratégico de Marruecos y Argelia (enfrentados entre sí) para la Unión Europea. Este debate recuerda el que tuvimos cuando elaboramos la Constitución Española de 1978 y acordamos crear un Estado descentralizado con instituciones autonómicas que desestimaba la segregación e independencia de una parte del territorio de España, ya fuese Cataluña o el Pais Vasco, frente a los partidarios de la independencia. En esta cuestión hay que diferenciar, de una parte, la urgencia en las ayudas a las habitantes saharauis, ya sea de suministros básicos para sobrevivir en un territorio desértico, la asistencia sanitaria, la educación de niños y jóvenes, su formación profesional y las políticas sociales de protección a los más vulnerables; por razón de edad y discapacidad; y de otra, los acuerdos que resulten del mandato y acuerdos de Naciones Unidas para buscar el marco jurídico político adecuado.