Cualquier ciudadano español que tenga un mínimo de conocimiento histórico de lo que ha sucedido en nuestro país desde que se aprobó la conocida Ley de Amnistía en 1977 sabe que hasta el año 2007 no se comenzó a investigar, promover e impulsar desde el Estado todo lo relativo a la Memoria Histórica y Democrática. Tuvieron que pasar 30 años para que el gobierno de la nación comenzase a tomarse en serio este asunto, gracias a la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre del gobierno Zapatero, una Ley por cierto, que dejó insatisfecho al conjunto del Movimiento Memorialista que ya venía desde años atrás trabajando y actuando civilmente por la Verdad, la Justicia y la Reparación. Una Ley también que ha sido ignorada, marginada, boicoteada y bloqueada por los gobiernos del PP que vinieron después. Y una Ley por último, que ha sido reformada recientemente por el Parlamento y a instancias del gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de ampliar la responsabilidad del Estado en la exhumación de las víctimas de las fosas comunes y el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Esta realidad me permite afirmar, o al menos preguntarme, acerca de la existencia de un olvido intencionado, que en el caso del PP es notoriamente palpable, no solo porque metió la Ley en un cajón y la abandonó a su suerte sin financiación, sino sobre todo porque hizo caso omiso, tanto de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, como de las peticiones de la jueza argentina Maria Servini, peticiones que han sido aceptadas para su tramitación el pasado octubre por la actual Ministra de Justicia Dolores Delgado.
Pero además este olvido de más de 30 años, no solo ha sido de los gobiernos centrales, sino también de todos los gobiernos autonómicos, aunque hay que decir también que la Junta de Andalucía ha sido la primera en realizar y aprobar una ley autonómica de Memoria, la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que desde luego hoy tenemos gracias al gobierno de coalición PSOE-IU y a los excelentes trabajos realizados por la Dirección General de Memoria Democrática, cuya responsabilidad recayó en Izquierda Unida y en concreto de Luis Naranjo. Así pues y aunque tardía (han pasado 39 años desde el Primer Gobierno Preautonómico), supone sin duda y por el momento, un importantísimo avance en estos temas, aunque todo dependerá de quien gobierne en Andalucía y de las políticas concretas y visibles de desarrollo y aplicación de esta Ley.
Pero, además, ha existido también un olvido procedente de la ignorancia ciudadana y colectiva que se ha mantenido mediante un sistema educativo y unos medios de comunicación que no han incluido estos temas en sus competencias curriculares y en sus reportajes y programas. La gran mayoría de los ciudadanos de este país que cursaron la EGB y a partir de 1990 la Secundaria Obligatoria, realmente desconocen lo que verdaderamente sucedió aquí desde 1936 a 1975 y en general creen que aquello de la llamada Guerra Civil fue algo de dos bandos, ignorando que en realidad fue un genocidio ocasionado por un Golpe de Estado a la legitimidad democrática de la IIª República española.
Así pues, las causas de este olvido, por tanto, son de diverso tipo. Unas son coyunturales, en el sentido de que los gobiernos de UCD y PSOE de la década de los 70 y 80, observaron muy bien la sociología electoral de aquellos años y optaron por no mover estos asuntos, dado por un lado la presencia y el peligro de involución (el golpe de Tejero en1981) y por otro el riesgo de perder el electorado de centro y de derecha que no estaba por mover estos temas, algo que se demostraría después con el tema del referéndumde la OTAN (1985) en el que una vez más, el miedo venció a la cordura. Coyunturales, lógicamente asociadas a un oportunismo electoral o a una cobardía, o a una falta de apuesta institucional por construir desde las raíces un nuevo tipo de Democracia basada en una auténtica Reconciliación alimentada de Verdad, Justicia y Reparación.
En aquella coyuntura, dominada también por la desinformación generalizada y la ausencia de investigaciones históricas, pero sobre todo bajo la mayoritaria creencia de que lo sucedido fue una guerra de dos bandos, cuando en realidad toda nuestra tragedia consistió en un genocidio del Ejército profesional apoyado por Hitler y Mussolini contra todo el pueblo, muchos ciudadanos cayeron en la tentación prejuiciosa e interesada de que “no había que remover viejas heridas” no fuera a ser que volviésemos a despertar a la fiera.
A su vez, los nuevos gobiernos municipales surgidos a partir de 1979 no prestaron atención a estos asuntos ya que eran tantos y tan graves los problemas ciudadanos que solventar que este ámbito de gestión fue completamente ignorado. Así por ejemplo, tanto el levantamiento de la Fosa de Camas y la creación del Grupo de “Memoria, Libertad y Cultura Democrática” comenzó a plantearse a partir del año 2010, pasados 31 años, algo que sucedió, salvo excepciones en la mayoría de los municipios españoles. Dicho con sencillez: vosotros, todos los que leéis esto también tenéis vuestra parte de responsabilidad y desde luego yo mismo que lo escribo, porque descubrí tarde la auténtica y verdadera naturaleza terrorífica de un Golpe de Estado genocida que diezmó y asesinó a miles y miles de personas sencillas por el simple hecho de defender la Democracia, pero también porque como muchos de los jóvenes militantes, seguíamos disciplinadamente al dedillo todo los que nos decían nuestros dirigentes.
No obstante, a pesar de las responsabilidades directas o indirectas, de acción o de omisión que cada uno de nosotros y los diferentes gobiernos a lo largo de estos últimos 40 años de Constitución haya podido tener, cualquier ciudadano con un poco de sentido común puede pensar y conjeturar, que aunque aquella Transición Democrática surgió gracias al extraordinario esfuerzo y sacrificio de numerosas organizaciones y movilizaciones en todos los ámbitos sociales y especialmente del Sindicato de CC.OO. y el movimiento ciudadano de numerosísimas Asociaciones de Vecinos, pudo haber, lo que muchosestudiosos de la Memoria Histórica han denominado un “Pacto de Silencio”. Un Pacto cuyo botón de muestra más palpable ha sido este olvido de décadas y que se expresó en la Ley de Amnistía de 1977, que si bien liberó a todos los presos políticos que lucharon contra la dictadura, indultó también a todos aquellos personajes franquistas con delitos probados de represión y tortura y de colaboración criminal con el Régimen. En otras palabras: ni el aparato policial, ni el judicial, ni el político han sido todavía reprobados, juzgados o condenados y todos salieron indemnes de su colaboración criminal. A 40 años de distancia, por ejemplo, todavía andan libres por las calles torturadores como Billy el Niño al que hace unmes le han rendido un homenaje sus compañeros de la Policía. Y aunque otros personajes han sido reclamados por la Justicia Argentina, nada se ha conseguido para hacer justicia. Menos mal, que afortunadamente nuestro Congreso de los Diputados aprobó una propuesta el pasado noviembre para reformar la Ley de Memoria de 2007 y permitir la anulación de todas las condenas políticas del franquismo.
En cualquier caso, sea o no intencionado el olvido, o sea producto de la ignorancia ciudadana, o de la amnistía a los funcionarios y colaboradores de los aparatos policiales, o de un Pacto de Silencio no escrito como consecuencia de los comienzos inseguros de la nueva etapa democrática, lo verdaderamente cierto es que fue tanto y tan cuantioso el horror y la tragedia de los familiares de las víctimas que hoy yacen todavía por millares en fosas comunes, que el miedo ocasionado se transmitió de generación en generación e impidió que estos temas salieran a la luz con naturalidad. Algo por cierto de lo que se aprovecharon muy bien los diferentes gobiernos del PP, desoyendo, boicoteando y desobedeciendo todas las recomendaciones del Relator de la ONU y el clamor de las reivindicaciones del Movimiento Memorialista que comenzó a desarrollarse ampliamente a partir de la Ley de Memoria de Zapatero.