Propuestas para luchar contra la corrupción

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Por Jerónimo Sánchez Blanco

Objeto

           El interés  mediático que  han suscitado  las presuntas  comisiones  ilegales    percibidas por  Ábalos, Koldo y  Cerdán,  ha  puesto de relieve  cómo el debate político ha  relegado   a un segundo plano  los graves  problemas  del actual momento   que están  afectando  al mundo: la guerra  en Ucrania, la tragedia  de Gaza, la guerra  entre Israel  e Irán, la guerra de  Sudán, la  política   arancelaria de  USA  contra  la Unión Europea  y otros países,  la agitación política en USA  a  causa de la política  contra la inmigración y  el rearme  militar ordenado  por Trump  para  que se compre  armas  a USA.

Llama la atención  que mientras  están muriendo miles de personas  por causa  de las  guerras  mencionadas y la amenaza  de una conflagración   en Oriente Medio,  con  repercusiones    políticas, económicas y humanitarias gravísimas,  en España   lo único  que parece preocupar  son las presuntas acciones  ilegales de  varios sospechosos a los que se le  acumulan  indicios   relevantes, a raíz  de la publicación de un reciente informe  d la UCO.   Por esta circunstancia,  considero de interés contribuir  a analizar  en el actual embrollo  mediático,  algunas  reflexiones y medidas  que  pueden  fortalecer  la lucha contra la  “corrupción2  de determinados  sujetos  que actúan  bajo  el amparo de las instituciones políticas.

Consideraciones previas

Primera. La  perplejidad  de   la inmensa  mayoría  de  ciudadanos  es,  constatar  que  la  corrupción  económica sigue siendo   un gran problema del sistema político que no está resuelto,  a pesar  de los  numerosos   casos  del pasado  en la etapa democrática. Quienes  formamos  parte de la generación  que  pusimos nuestras ilusiones  en la instauración de la democracia, denunciamos  la corrupción generalizada  durante  el  régimen franquista ( Matesa,  Redondela, Sofico,  contrataciones  de obras públicas  irregulares  incursas  en  conflictos de intereses,  beneficiando  a dirigentes políticos franquistas, etc ). Con tristeza  e indignación,  hemos sido testigos  de los numerosos casos de corrupción  durante la democracia (Roldan, Gurtel, financiación ilegal en Ayuntamientos y malversación de dirigentes,  compras de mascarillas  durante el COVID, etc.)  que han  afectado  a los distintos   partidos  e instituciones   políticas.

Segunda. Históricamente  se constata   la disociación  y frecuente  ruptura  entre  los principios    qu conforman la Ética   y el ejercicio   práctico  de la  Política. Lo pusieron de manifiesto   los pensadores  de la antigüedad  resaltando la importancia de  la virtud, la justicia  y la sabiduría  como  pilares  del  buen  gobernante. Platón  lo puso  de manifiesto en su obra  “La  República” del  siglo IV a. C. y Aristóteles  en  “Ética a Nicómaco “. obras escrita también en el siglo IV y Séneca  en el sigo I  con “ Cartas a Lucilio”.  Han pasado   varios milenios  y los tiempos  modernos  han olvidado   aquellas magníficas  y profundas ideas.

Tercera. Sin duda alguna,   la raíz  de la corrupción  está en    la codicia  que ambiciona  poder económico, ya sea de las personas  físicas  como  jurídicas  y empresas.  A ello se  une la soberbia  del que   busca  riqueza  para   aumentar su prestigio  en la sociedad y  mayor bienestar  material. Nace de la miseria  moral   humana  que oculta  y rompe  todos los vínculos de justicia, lealtad y solidaridad.

Cuarta.  A lo anterior  se une   la cultura del silencio, de la opacidad y falta de transparencia  que es  muy frecuente en la sociedad,  creando estructuras   cerradas muy jerarquizadas  donde  no cabe   la  discrepancia. Es muy frecuente  apartar  y  separar  de los organos  de representación o ejecutivos  a  las voces que critican determinadas  acciones. Este mal endémico   llegó  a la vida política  a través  de los liderazgos  de los partidos políticos,  pero también a  otras instituciones como  los tribunales  de justicia, entidades de la sociedad civil (irregularidades en los tribunales de  oposiciones de las universidades,  escándalos de pederastia en   organizaciones   eclesiásticas, etc.).

Actuaciones concretas

Primera.  Dado que las sanciones  del Código Penal  son  leves teniendo en cuenta  la aplicación de las medidas  de una  legislación penitenciaria que beneficia y pretende  humanizar  las circunstancias del condenado, es razonable  aumentar las penas de cárcel y  las multas  a los condenados  por  corrupción y enriquecimiento  ilícito, que tengan origen  en anteriores responsabilidades  políticas.. Estas  sanciones han de ser  aplicadas  tanto a los políticos corruptos,  a los corruptores (empresasy empresarios que se benefician de las ilegalidades ) y a los intermediarios.

Segunda.  Las estructuras  internas   actuales de los partidos  son ineficientes  por  practicar  la cultura  del silencio  y de la opacidad, y carecen  de  órganos de control  eficaces. Las actuales   direcciones  ejecutivas no disponen de  un órgano de control y fiscalización independiente y profesional  que  les  informe a l de las anomalías  de la gestión  económica y financiera de los partidos (se llame   Bárcenas  o  Ábalos ) . Es necesario  crear  este órgano de  control  interno  de los partidos    con carácter permanente, que no puede depender  de un solo  miembro de la organización y ha de reportar  sus informes  a distintos niveles jerárquicos.. Asimismo ha de tener  la  facultad de proponer  a las direcciones ejecutivas  la denuncia  ante la fiscalía   anticorrupción.

Tercera. El desconocimiento  de  la corrupción, de los miembros  de  los Gobiernos  en los distintos niveles de la administración (central, autonómicos, provincial, municipal) obliga a crear un órgano  de control y fiscalización independiente y profesional, que  puede estar formado  por  interventores  procedentes de la Intervención General, no necesariamente, cuya finalidad es hacer  el seguimiento de  los concursos  y licitaciones  de obras y servicios  públicos, con  poder  para controlar  la gestión de los interventores  de cada departamento  ministerial en  los  asuntos de inversión y gastos. Su poder debe ser extensivo  a fiscalizar  a las empresas  que  se presentan  a los concursos de obras y servicios públicos. Ha de tener igualmente   la facultad de informar a la fiscalía anticorrupción  de las  ilegalidades observadas.

Cuarta. La inoperancia del Tribunal de Cuentas  para  controlar  la  corrupción hace necesario  reformar la actual ley,  dotándole   de mayor autonomía  e independencia  de los gobiernos, central y autonómicos, tanto en el nombramiento de los  miembros   de los consejeros y presidentes, como  en la gestión  e informes  de gestión. Es necesario una mayor  coordinación  del Tribunal de Cuentas  con  la Fiscalia Anticorrupción en la citada materia.

Quinta. Para  aplicar las medidas  necesarias  para luchar contra la corrupción, es igualmente   necesario llevar a   efecto  una reforma  de la ley  relativa a la Intervención  General del  Estado, dotándola de mayor independencia  de los gobiernos,  ampliando  la facultad  de  vetar las  decisiones   que  entiendan   son ilegales y garantizar  su independencia  frente a la discrecionalidad y arbitrariedad  de los órganos de  gobierno  cesándoles  de  sus cargos. (ceses de  interventores  generales   de la consejeria de Sanidad  en la Juna de Andalucia).

Sexta. Se puede  estudiar la posibilidad de  suprimir la inmunidad parlamentaria, como señalan algunos,  aunque  no creo  resuelva la raíz del problema, ya sean los tribunales ordinarios o el Tribunal Supremo  los que tengan competencia para juzgar tales delitos.  En todo caso,  la inmunidad  de la que gozan  los parlamentarios a favor del Tribunal  Supremo,  en la actualidad  la gozan también  los jueces y magistrados. No comparto tal medida ya que  es una garantía    que   evita  los excesos  que  se denuncian por cualquier  motivo  ante la jurisdicción ordinaria  y que  se están utilizando  en  un clima de odio , injurias y mentiras.