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El franquismo sigue aquí (7). Discrepar sin deshumanizar. Las condiciones de una democracia posible
PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD:
Personalización del odio, algoritmos y límites éticos del conflicto político
La personalización del odio: cuando una persona se convierte en el enemigo
Otra técnica para generar crispación y polarización afectiva consiste en concentrar todos los males en una persona, que pasa a representar todo lo que hay que combatir. La política deja entonces de girar en torno a las propuestas, los resultados y las responsabilidades para convertirse en una lucha entre figuras amadas u odiadas. El adversario ya no es alguien cuyas decisiones podemos criticar, sino alguien a quien debemos derrotar. El rechazo personal sustituye al debate sobre las ideas y permite movilizar emociones mucho más intensas que una discusión sobre programas electorales.
En España encontramos un ejemplo especialmente significativo en el lema «Que te vote Txapote», popularizado durante el ciclo electoral de 2023 y utilizado contra Pedro Sánchez por sectores de la derecha, incluidos representantes del PP y de VOX. La expresión aludía a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, antiguo miembro de ETA condenado por numerosos asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco. El lema no discutía una medida concreta del Gobierno: asociaba al presidente con un terrorista para desacreditarlo moralmente.
Otro ejemplo es la palabra «sanchismo», utilizada para agrupar bajo una misma etiqueta las decisiones, los pactos y las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Una crítica política puede emplear legítimamente un término para identificar un proyecto o una orientación ideológica; el problema aparece cuando la etiqueta se convierte en una explicación universal que sustituye el análisis de cada decisión. En determinados discursos de oposición, todo lo que hace el Gobierno se interpreta como una manifestación de la supuesta naturaleza personal del presidente: sus pactos se presentan como traiciones, sus decisiones como maniobras interesadas y sus discrepancias con otros dirigentes como pruebas de una voluntad de poder. De manera paralela, expresiones como «felón», «traidor», «okupa», «dictador» o «déspota», utilizadas por distintos representantes políticos contra Sánchez, desplazan la discusión desde las actuaciones concretas hacia la descalificación de su persona.
Hay otros episodios que ilustran esta dinámica. Durante las protestas contra la amnistía en noviembre y diciembre de 2023, Pedro Sánchez se convirtió en el blanco de insultos y representaciones hostiles; el apaleamiento de un muñeco con su imagen ante la sede del PSOE en Ferraz llevó esta personalización hasta una escenificación pública de la violencia simbólica. La jueza archivó la causa al no apreciar delito de odio, una precisión jurídica que conviene mantener al analizar el episodio. En otro contexto, la expresión «me gusta la fruta», utilizada por Isabel Díaz Ayuso tras el insulto que se escuchó durante su intervención en la Asamblea de Madrid, se convirtió en una consigna política que sus seguidores adoptaron como forma de respaldo y sus críticos interpretaron como una manera de eludir el reconocimiento del insulto original
El mismo mecanismo puede observarse fuera de España. En Estados Unidos, el lema «Lock her up!» —«¡Enciérrenla!»— convirtió a Hillary Clinton en símbolo de corrupción durante la campaña presidencial de 2016. En Brasil, los ataques contra Lula mediante la consigna «Lula ladrão» contribuyeron a personalizar el rechazo al candidato, mientras sus partidarios identificaban a Jair Bolsonaro con la figura del «mito». En Venezuela, la confrontación entre chavistas y antichavistas convirtió durante años a Hugo Chávez en el centro de identidades políticas enfrentadas. Los contextos históricos e institucionales son diferentes, pero en todos estos casos resulta útil examinar cómo una persona llega a representar, para sus partidarios o sus detractores, el conjunto de un proyecto político. El problema no es criticar a un dirigente, cuestionar su conducta o exigirle responsabilidades. Todo eso forma parte de la democracia. El problema surge cuando la descalificación global sustituye sistemáticamente al análisis de sus actos y propuestas, cuando se atribuyen intenciones sin pruebas y cuando el rechazo a una figura se extiende automáticamente a todos sus votantes, colaboradores o simpatizantes. Entonces, la política deja de ser una confrontación entre proyectos que pueden discutirse y pasa a convertirse en una lucha moral entre quienes supuestamente representan el bien y quienes encarnan el mal. Y cuando el adversario se convierte en enemigo, cualquier exageración parece justificable, cualquier rectificación se interpreta como debilidad y cualquier acuerdo se vive como una traición.
La aceleración digital: la plataforma como multiplicador
Otra de las técnicas de desinformación y polarización afectiva no es tanto un discurso como una infraestructura. Los algoritmos de las grandes plataformas priorizan los contenidos que generan más interacción, y nada genera tanta interacción como la indignación. Cass Sunstein advirtió hace años de que, cuando personas que piensan parecido deliberan solo entre ellas, acaban pensando lo mismo, pero de forma más extrema (SUNSTEIN, 2017). Las cámaras de eco no se limitan a confirmar prejuicios. Los radicalizan.
El diseño de las plataformas no obliga a nadie a odiar, pero sí puede favorecer determinados comportamientos. Cuando el éxito se mide mediante clics, tiempo de permanencia, comentarios y reenvíos, los contenidos que provocan una respuesta emocional intensa adquieren una ventaja. La indignación se presenta entonces como participación, aunque compartir una humillación o difundir una acusación sin pruebas no contribuya a comprender un problema ni a resolverlo. La arquitectura digital transforma decisiones aparentemente privadas en señales que alimentan sistemas de recomendación y modelos de negocio.
La responsabilidad debe distribuirse con precisión. Los usuarios responden por lo que publican y amplifican; los dirigentes, por los mensajes que legitiman; los medios, por sus criterios de selección y contextualización; y las plataformas, por los sistemas que diseñan y los riesgos que generan. No son responsabilidades idénticas. Exigir a todos lo mismo puede ocultar las diferencias de poder, alcance y capacidad de intervención. Una política democrática de comunicación debe combinar transparencia algorítmica, protección de derechos, rendición de cuentas y educación crítica, evitando tanto la ingenuidad tecnológica como la idea de que toda regulación equivale a censura.
El caso de Luis «Alvise» Pérez lo ilustra. Con un canal de Telegram de alrededor de medio millón de suscriptores, sin estructura de partido ni presencia en los medios tradicionales, su agrupación Se Acabó La Fiesta obtuvo en las elecciones europeas de junio de 2024 casi 800.000 votos y tres escaños (ALICANTE PLAZA, 2024). Que un agitador digital pueda convertir la sospecha permanente en representación parlamentaria en pocos meses dice mucho del poder de estas herramientas. Y también de la soledad de tantos ciudadanos que solo encuentran comunidad en el enfado compartido.
La comunicación política digital reduce los costes de entrada y permite llegar directamente a públicos que desconfían de los intermediarios tradicionales. Esa posibilidad puede ampliar la pluralidad y facilitar que asuntos ignorados alcancen relevancia pública. El riesgo aparece cuando la velocidad sustituye a la comprobación, la acusación se utiliza como espectáculo y la rectificación carece de visibilidad comparable a la del mensaje inicial. La viralidad no es una medida de verdad, del mismo modo que la popularidad no garantiza la calidad de una propuesta política.
La respuesta no puede consistir en despreciar a quienes se informan por canales digitales ni en suponer que todos sus seguidores comparten las mismas motivaciones. Muchas personas buscan explicaciones, pertenencia o una voz que parezca escuchar su malestar. Si la crítica democrática se limita a ridiculizarlas, puede confirmar su sensación de desprecio. Es necesario disputar los relatos con argumentos, hechos verificables y espacios de participación que tomen en serio las experiencias sociales, sin aceptar por ello las falsedades ni la exclusión de colectivos vulnerables.
La diferencia no está en la aspereza, sino en el contenido
Reconocido todo lo anterior, sería igualmente deshonesto concluir que «todos son iguales», esa equidistancia perezosa que, bajo apariencia de ecuanimidad, termina sirviendo siempre a quien más grita. La diferencia, a mi juicio, no está en la aspereza, sino en el contenido. La aspereza es compartida. El contenido no.
Distinguir no es practicar una equidistancia automática, pero tampoco exime de examinar cada caso con rigor. La comparación debe atender a las palabras concretas, a quién se dirige el ataque, a si se cuestionan políticas o se niega la humanidad de personas, a la existencia de amenazas explícitas y a la relación entre el discurso y las prácticas. Dos expresiones pueden sonar igualmente ásperas y, sin embargo, tener contenidos muy diferentes. Una denuncia de racismo no equivale a un llamamiento racista; una crítica a un dirigente no equivale a imaginar su linchamiento; una discusión sobre la política migratoria no equivale a presentar a los migrantes como una plaga.
Esta distinción es indispensable para evitar que la crítica de la polarización se convierta en una forma de silenciar a quienes denuncian abusos. El pluralismo democrático protege la discrepancia, incluida la crítica radical al poder, pero no obliga a considerar inocua cualquier expresión ni impide analizar sus consecuencias. La libertad de expresión es una condición de la democracia; la deliberación pública requiere, además, responsabilidad sobre los efectos previsibles de las palabras, especialmente cuando proceden de personas con capacidad de movilizar audiencias o señalar colectivos.
Solo en uno de los polos se ha normalizado la deshumanización del migrante como invasor. En julio de 2025, apenas días antes de Torre Pacheco, una dirigente de Vox planteó en rueda de prensa un proceso de «remigración» que afectaría a millones de personas, incluyendo a la segunda generación, nacida o criada ya en España, en nombre del «derecho a sobrevivir como pueblo» (ELDIARIO.ES, 2025c). El partido negó después que hablara de una cifra concreta, pero no retiró ni el concepto ni la lógica. Cuando se habla de un grupo humano como de una invasión, ya no se discute una política migratoria: se señala a unos vecinos como amenaza para la supervivencia de otros.
Solo en uno de los polos se ha normalizado la difamación de las víctimas de la dictadura. En octubre de 2019, el entonces secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirmó en la televisión pública que las Trece Rosas, trece jóvenes fusiladas por el franquismo en agosto de 1939, se dedicaban a «torturar, violar y asesinar». Ni la sentencia ni el sumario del consejo de guerra que las condenó contienen acusación alguna de ese tipo (MALDITA.ES, 2019). Matar a alguien dos veces, primero con un pelotón y después con la calumnia, es una forma particularmente cruel de prolongar la represión.
Y solo en uno de los polos se ha expresado, sin rectificación, la fantasía de colgar al adversario. En diciembre de 2023, en Buenos Aires, Santiago Abascal declaró al diario Clarín que llegaría un momento en que el pueblo querría colgar a Sánchez de los pies (PÚBLICO, 2023). Vox habló después de metáfora y de manipulación. Pero las metáforas tienen memoria. La imagen evoca de manera inequívoca los cuerpos de Mussolini y Clara Petacci colgados en la plaza Loreto de Milán en 1945. No es lo mismo llamar a alguien fascista, por injusto que sea, que imaginar en voz alta su linchamiento.
Rita Segato ha llamado pedagogía de la crueldad a esos actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a las personas para transformar lo vivo en cosas, desensibilizándolas ante el sufrimiento ajeno (SEGATO, 2018). Eso es lo que está en juego cuando se deshumaniza al migrante, se calumnia a las fusiladas o se fantasea con colgar al presidente. No es una cuestión de buenos modales. Es una cuestión de quién merece ser tratado como humano.
La crueldad se aprende también por repetición. Una broma que convierte a un grupo en objeto, una falsedad difundida como si fuera un dato, una amenaza presentada como metáfora y una humillación celebrada como entretenimiento pueden parecer episodios menores cuando se consideran por separado. Acumulados, sin embargo, contribuyen a modificar los límites de lo tolerable. Lo que antes provocaba rechazo comienza a resultar familiar; lo familiar puede convertirse en aceptable y lo aceptable, en una conducta que algunos se sienten autorizados a ejecutar. La normalización no elimina la responsabilidad individual, pero ayuda a comprender cómo se prepara un entorno social favorable a la crueldad.
Frente a esa pedagogía hace falta una contra-pedagogía de la escucha, el cuidado y la responsabilidad. No significa renunciar al conflicto ni pedir a las personas dañadas que guarden silencio para mantener una falsa armonía. Significa aprender a denunciar sin deshumanizar, exigir responsabilidades sin promover la venganza y defender derechos sin negar los derechos de quienes discrepan. La empatía no obliga a estar de acuerdo: permite reconocer que la persona adversaria sigue teniendo dignidad y que ninguna diferencia política convierte a un ser humano en material desechable.
La educación democrática puede trabajar estas capacidades mediante prácticas concretas: análisis de discursos y bulos, contraste de fuentes, debates con reglas compartidas, aprendizaje cooperativo entre estudiantes diversos, estudio de la historia de la deshumanización y evaluación de los efectos de las palabras. También debe enseñar a reparar: reconocer el daño, rectificar públicamente, escuchar a quienes han sido objeto de una agresión y reconstruir condiciones de confianza. No basta con recomendar tolerancia; es necesario crear experiencias en las que disentir no suponga quedar excluido y en las que la argumentación tenga más valor que la humillación.
Los trabajos sobre contacto intergrupal y sobre intervenciones para reducir la animadversión política sugieren que el encuentro puede contribuir a debilitar prejuicios bajo determinadas condiciones, aunque no sea una solución mágica. El contacto necesita objetivos compartidos, cooperación, igualdad de trato y marcos institucionales que lo sostengan. Reunir a personas enfrentadas sin cuidar esas condiciones puede reforzar el conflicto en vez de reducirlo. Por eso la convivencia no se improvisa: se educa, se organiza y se protege.
La democracia no exige que nos gustemos, ni que renunciemos a convicciones profundas, ni que dejemos de señalar injusticias. Exige algo más sobrio y más difícil: reconocer la legitimidad de la discrepancia, sostener un mundo común de hechos verificables y rechazar que el adversario sea expulsado simbólicamente de la comunidad humana. La pregunta que deja abierta esta reflexión no es cómo eliminar el conflicto, sino cómo impedir que el conflicto se convierta en una escuela de odio. De la respuesta depende que la política siga siendo una forma de organizar la vida en común y no una autorización para destruir al otro.
La tarea educativa, además, no corresponde únicamente a la escuela. Las familias, los medios, las asociaciones, las instituciones culturales y los propios espacios digitales participan en la formación de hábitos de percepción y juicio. Cada conversación puede reproducir una etiqueta o abrir una pregunta; cada publicación puede amplificar una sospecha o contribuir a verificarla. La ciudadanía democrática se construye en esa suma de prácticas ordinarias, cuando se aprende a sostener una convicción sin convertirla en una frontera moral infranqueable y a corregir una afirmación sin sentir que se pierde la propia identidad.
Referencias
ALICANTE PLAZA. El partido de Alvise irrumpe en el Parlamento Europeo con tres escaños. Alicante Plaza, 10 jun. 2024. Disponible en: https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/elpartidodealviseirrumpeenelparlamentoeuropeocontresescaos. Acceso en: 20 oct. 2026.
ELDIARIO.ES. Vox plantea abiertamente un «proceso» de expulsión «masiva» de migrantes. elDiario.es, Madrid, 7 jul. 2025c. Disponible en: https://www.eldiario.es/1_bde890. Acceso en: 20 oct. 2026.
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PÚBLICO. El PSOE denunciará ante la Fiscalía el ataque de Abascal a Sánchez. Público, Madrid, 12 dic. 2023. Disponible en: https://www.publico.es/politica/psoe-denunciara-fiscalia-ataque-abascal-sanchez.html . Acceso en: 20 oct. 2026.
SEGATO, Rita Laura. Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo, 2018.
SUNSTEIN, Cass R. #Republic: divided democracy in the age of social media. Princeton: Princeton University Press, 2017.
VOELKEL, Jan G. et al. Megastudy testing 25 treatments to reduce antidemocratic attitudes and partisan animosity. Science, 2024. Información disponible en: https://sociology.stanford.edu/scalable-interventions-reduce-polarization-support-partisan-violence-and-anti-democratic-attitudes . Acceso en: 20 oct. 2026.
Juan Miguel Batalloso Navas
. Cala (Huelva), 24 de octubre de 2026