La acción de las Centrales Sindicales en tiempos de pandemia

Por Francisco Acosta Orge

En los meses transcurridos desde el confinamiento hasta el momento presente, nadie podrá negar que las noticias y los temas referidos al mundo del trabajo, tanto asalariado como autónomo, han tenido especial reflejo en los medios de difusión escritos o audiovisuales y también en las conversaciones y preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, casi al mismo nivel de la propia repercusión sanitaria, donde está en juego la supervivencia para muchas personas que pueden ser afectadas por  el COVID-19.

        Ha tenido que suceder este desgraciado acontecimiento que está haciendo vibrar los cimientos de nuestra actual civilización, para que los valores, algo olvidados en los últimos años, del mundo de la clase trabajadora, emerjan con inusual fuerza ante la sociedad. Valores, a los que hacía ya tiempo se le intentaba quitar importancia por sectores económicos y mediáticos, en aras de lograr una mayor acumulación de riqueza para quienes ya de por sí la tienen.

        Después de años de olvido, se ha hecho visible la importancia del trabajo asalariado para el bienestar de la sociedad, no sólo de empleados de la sanidad, la enseñanza, el transporte por carretera,  ferroviario o aéreo, las fuerzas de seguridad y la administración pública,  sino también de quienes recogen, producen o transforman los frutos de la naturaleza para el consumo humano en fábricas alimentarias, o en las industrias energéticas,  de manufacturas del metal,  textil, la construcción o los servicios telefónicos, que han sido vitales para mantener la vida de millones y millones de personas en nuestro país con una cierta normalidad.

        Pero en realidad el objetivo último de esta falta de valoración de la actividad del trabajo  desde hace ya muchos años, por parte de sectores interesados del empresariado y el capital, es el de neutralizar el papel de los sindicatos democráticos como defensores organizados de los trabajadores.

        Y esto no ha sucedido sólo en España; en la mayoría de los países europeos, igual que en el nuestro se ha tratado de desprestigiar la actuación y la realidad del sindicalismo a través de campañas mediáticas que a veces influyen en diferentes colectivos de trabajadores.

        Quienes no valoran o no quieren reconocer la realidad del sindicalismo democrático, olvidan que éste representa una de las estructuras sociales y organizativas más importante de nuestro país. No solamente en cuanto al número de afiliados de hecho que cotizan sus cuotas, mayor que la de todos los partidos políticos democráticos existentes, sino que sus cargos representativos en los centros de trabajo son elegidos por millones de trabajadores en elecciones democráticas cada cuatro años. Sin dejar de tener en cuenta su capacidad de convocatoria cuando han de hacer valer sus derechos ante el empresariado o las diferentes estructuras de gobierno.

        Por ello es necesario poner sobre el papel el importante protagonismo desarrollado desde el inicio del confinamiento, junto con las organizaciones empresariales y el Gobierno de la nación, por parte de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

        Sin la presencia y la orientación sindical realizada a través de Internet, desde los locales sindicales  o en los centros de trabajo en los que haya sido posible, los trabajadores por sí solos, no hubieran podido conseguir mantener sus puestos de trabajo, evitar los despidos masivos, garantizar ingresos salariales, o seguro de desempleo, sobre todo en las  pequeñas y medianas empresas.

        Este artículo trata de acercar a la comprensión de los lectores de RAZONES DE UTOPÍA, a través de algunos datos, la importancia de la labor realizada por los sindicatos.

        Como prólogo de este activismo sindical realizado a principios del presente año, es el importante acuerdo logrado con el Gobierno y las organizaciones de empresarios, para aumentar el salario mínimo interprofesional a 950 Euros, lo cual benefició de inmediato a los sectores de trabajadores de más baja calificación laboral, haciendo posible la mejora de su poder adquisitivo.

        En Febrero de 2020 Comisiones Obreras presenta una propuesta de Reforma Fiscal al Gobierno y a todos los partidos representados en el Parlamento, cuyo enunciado está  basado  en los principios de justicia, suficiente y progresiva, con criterios redistributivos que tengan en cuenta el nivel de renta y riqueza de las personas y reparta de manera justa las cargas impositivas. Unas medidas que tienen por objetivo conseguir un nivel de recaudación equiparable al de la media de la zona euro; que aporte los recursos necesarios para fortalecer el estado del bienestar; garantizar la financiación de los sistemas de protección social (sanidad, educación, desempleo, pensiones, dependencia, etc.) Acceder a servicios públicos de calidad; estimular la economía y la creación de empleo; combatir la pobreza y luchar contra el fraude y la evasión fiscal. 

        En este mismo mes,  UGT y Comisiones Obreras tras un periodo de movilizaciones y protestas, consiguen que el Consejo de Ministros derogue el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que permitía a las empresas el despido por baja médica justificada.

        El 10 de Marzo, ante la realidad de la pandemia y su repercusión en el mundo laboral y empresarial y ante la pasividad del Gobierno al no haber arbitrado leyes laborales que tuvieran en cuenta la realidad que se avecinaba, UGT y Comisiones Obreras proponen a las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME y al Gobierno: la implantación de medidas legislativas para que se trate como contingencia profesional la consideración de aislamiento preventivo sufrido por las personas trabajadoras afectadas por COVID-19 o una prestación que cubra el 100% de la pérdida del trabajo por la actual situación….

        Esta iniciativa de las centrales sindicales tiene su reflejo el 13 de Marzo, al sumarse a la propuesta las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que trasladan al Gobierno un paquete de medidas urgentes y extraordinarias para cubrir las posibles situaciones laborales y contingencias derivadas del coronavirus, con el principal objetivo de proteger a los trabajadores y trabajadoras y la actividad empresarial.  Es casi obligatorio resaltar las palabras del Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, por la carga de responsabilidad y compromiso, con motivo del acuerdo: “Necesitamos un fuerte liderazgo político para hacer frente a la emergencia provocada por esta crisis, y medidas como las propuestas por sindicatos y empresarios para que no provoque destrucción de empleo y desaparición de empresas. Llamamos a las Administraciones del Estado y a los partidos políticos para que estén a la altura de las necesidades de las personas”.

        Pocos días después, el 18 de Marzo, CCOO y UGT saludan las primeras medidas de carácter urgente aprobadas por el Consejo de Ministros, que aunque van en la buena dirección son incompletas para mitigar el fuerte impacto social y económico que está provocando la emergencia sanitaria en España. Exigen un acuerdo contractual entre Gobierno, empresarios y centrales sindicales.

        Pero el 24 de marzo el sindicato Comisiones Obreras amplía, por encima de lo laboral, sus exigencias a favor de los trabajadores, al exigir al Gobierno mayores medidas de protección social para las trabajadoras y trabajadores afectados por la crisis, así como el suministro masivo de equipos de protección individual para las personas que tienen que seguir trabajando presencialmente.

        El 1 de Abril el Gobierno, de manera unilateral, aprueba un paquete de medidas sociales que recogen en parte las demandas de Comisiones Obreras en este  aspecto.

        Por fin, el 11 de Mayo se produce la actuación  más trascendental de todo este periodo; Gobierno, empresarios y sindicatos firman el “ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO” que al prorrogar los llamados ERTE hasta el 30 de Junio, entre otras medidas, fueron claves para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Tres millones, entre trabajadoras y trabajadores, tienen esta herramienta para facilitar su incorporación escalonada a las empresas, logrando al mismo tiempo que éstas no sean cerradas en el futuro. Las palabras del Secretario General de Comisiones Obreras definen la filosofía del acuerdo: “…no ha sido fácil, pero las organizaciones empresariales, los sindicatos y el Gobierno hemos cedido parte de nuestras reivindicaciones y hemos estado a la altura de lo que nos exige la situación de nuestro país. Además de un acuerdo importante, presentamos una actitud de colaboración y de corresponsabilidad”

        En este entorno de protagonismo social se produce la promulgación por parte del gobierno de la Ley de Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger 850.000 hogares sin medios, agravados por esta pandemia. En un comunicado conjunto UGT y CCOO valoran positivamente la medida, pero recuerdan a éste, que desde hace cuatro años presentaron en el Parlamento una propuesta de Ley de estas características, avalada por 710.000 firmas de ciudadanos.

        El 16 de Junio se da a conocer las propuestas que CCOO y UGT consideran necesarias para la reconstrucción económica y social de España. Propuestas estratégicas entre las que caben destacar:

• • Un pacto por el fortalecimiento de los servicios públicos, particularmente la sanidad pública
  • Un plan de políticas industriales y sectoriales
  • Protección  social. Ingreso mínimo vital y replanteamiento de la prestación por desempleo
  • Garantías de suficiencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones
  • Negociación de la reforma laboral de 2011, y mejorar los métodos de contratación en las empresas
  • Nueva política fiscal más justa y distributiva para la mayoría de la sociedad.

        El 30 de Julio, las centrales sindicales, tras meses de negociación, no toman vacaciones y se consigue firmar un acuerdo con el gobierno “para el desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los centros de trabajo” .  Siendo ésta una de las más antiguas aspiraciones de la acción sindical en las empresas. Hay que advertir que  este acuerdo no lo suscriben  las organizaciones empresariales. En el mismo se desarrolla a través de dos reglamentos, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y la obligatoriedad de las empresas de contar con planes de igualdad, negociados siempre con los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras. Además, establece la obligación de las empresas de tener un registro retributivo para verificar que no existen diferencias salariales por cuestión de género.

        Como ha subrayado la Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, “los reglamentos acordados representan un avance para acabar con las brechas entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito laboral y así consolidar una sociedad igualitaria y libre de estereotipos de género.

        El 24 de Septiembre, el Ministerio de Trabajo, firman con   sindicatos y empresarios  el acuerdo  que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo. Una modalidad laboral que afecta a miles de trabajadores,  que se ha ido extendiendo, especialmente a raíz de la pandemia del Covid-19 y que era necesario regular para que no se convirtiera en una nueva forma de explotación y en un coste para los trabajadores que lo realizan.

        Un acuerdo muy importante, en palabras del Secretario General de Comisiones Obreras: Un acuerdo que deja claro que los medios, equipos y herramientas, los consumibles, así como su mantenimiento tienen que correr a cargo de las empresas. Además el derecho al abono y compensación de los gastos deberán también correr a cargo de las empresas, a través de los mecanismos establecidos por la negociación colectiva.

        Por último, el 1 de Octubre se alcanza un acuerdo con el Gobierno por parte de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO para seguir salvaguardando el empleo, producto del diálogo social.

        Este acuerdo mejora la prestación de quienes llevan más de seis meses en ERTE, que pasan de cobrar el 50% de su salario al 70% de la base reguladora. También se produce una prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo y para quienes realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas. Con este acuerdo los ERTE siguen siendo la alternativa a los despidos y evitar la desaparición de parte del tejido empresarial. Sin esta regulación más de un millón trabajadores hubieran perdido el empleo.

        Por último, es necesario aclarar que los datos técnicos y algunas informaciones explícitas han sido recogidos de la revista Gaceta Sindical y de la Secretaría de Acción Sindical, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

        Todo este activismo de acción sindical, en una situación extrema y excepcional como la que atravesamos, invita a reflexionar sobre el papel esencial que en la historia de los países europeos, entre ellos España, ha jugado la clase trabajadora y sus sindicatos representativos. Nuestra moderna sociedad debe mucho a los movimientos obreros y a sus luchas por la Justicia Social.

        Gran parte de las instituciones y valores de nuestra actual democracia surgen de la lucha de los trabajadores: El sufragio universal, la enseñanza y la sanidad pública para todos los ciudadanos sin distinción, el derecho a 30 días de vacaciones, la jornada laboral de 40 horas o el sistema público de pensiones, por destacar algunas de la más importantes y que benefician a una gran mayoría de la sociedad.

        Nunca deberíamos olvidar estas realidades que vivimos cotidianamente para que no puedan ser arrebatadas.