Libertades y derechos democráticos (3)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

III
Libertades y Derechos Económicos y Sociales

En los inicios del pensamiento liberal, no  hubo  reconocimiento  de la libertad  de  asociación de los individuos por entender que su reconocimiento  limitaba y coartaba su  libertad. Sin embargo, el movimiento democrático  reivindicativo  de la libertad de los ciudadanos para constituir asociaciones  políticas, económicas y sindicales, inicialmente  prohibido (gremios de artesanos, sociedades obreras de resistencia y sociedades de carácter político),  fue ampliando el marco individualista  del liberalismo político y económico  imperante, para  ser  reconocido  a  partir del  segundo  tercio del siglo XIX  por filósofos  y pensadores (Alexis de Tocqueville, Thomas  H. Green, Eduard Bernstein,  Louis Blanc, Jellinek). En este largo período, los primeros   grupos y sociedades  que se constituyeron, fueron  los partidos  políticos  conservadores y liberales  así como las organizaciones  industriales  y agrícolas  de los patronos y empresarios, para finalmente hacerlo los sindicatos y organizaciones  políticas obreras.  La conquista de la libertad de asociación  se unía a la de reunión, confirmando las observaciones que en su viaje a América en la década de los años treinta  realizara  Alexis de Tocqueville  (1805 -1859 )  político e historiador francés:

Un nuevo avance del pensamiento democrático relativo a las  libertades  políticas,   lo constituyó  la reivindicación de la libertad real  impulsado  por los movimientos  sociales y políticos obreros, frente a la libertad desde el punto de vista jurídico  formal, tal como  lo había entendido el liberalismo económico. En efecto, la revolución  liberal, reconoció determinadas libertades  a todos los ciudadanos y su carácter igualitario ante la ley, desde el punto de vista formal,  libertades civiles que correspondían a  la dimensión privada del individuo. Las transformaciones  económicas y sociales  originadas por la primera revolución industrial desde finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX sustituyó  la relación  siervo – señor,  por la relación  obrero- empresario capitalista, y concibió el trabajo no como un deber del siervo  o esclavo, sino  como un  derecho  del trabajador  que libremente se materializaba en un contrato de trabajo, en el que  el trabajador percibía un salario por  una jornada laboral, a cambio  de  realizar y producir la mercancía  que el patrono establecía y en las condiciones  que  se acordaran.  Aunque la condición de  asalariado, mediante el contrato  de trabajo por cuenta ajena,  suponía un avance respecto de épocas anteriores, no obstante,  el contrato individual de trabajo, consagraba   una relación  muy desigual, dado el poder  que tenía el empresario frente al obrero, a la hora de   fijar  la duración de la jornada laboral, la cuantía del salario y la protección social en caso  de  accidente de trabajo, enfermedad, orfandad, viudedad, jubilación  y descanso. La presión y reivindicaciones de  las sociedades obreras y de los sindicatos, ya fuese negociando con los empresarios, ya  fuera  recabando de los poderes públicos  su intervención  en los conflictos  laborales, a partir de la segunda mitad del XIX, consiguieron que las libertades clásicas del primer liberalismo, se ampliaran a  nuevas dimensiones de la libertad que tenían que ver con las condiciones reales de trabajo  en las que se desarrollaba la vida de la mayoría de la población:  la prohibición  de los trabajos peligrosos  para los niños y  las mujeres, la reducción de jornada de los niños, mujeres y  hombres, así como el aumento de los salarios, el descanso  semanal y el derecho  de huelga.

Progresivamente,  estas mejoras en las condiciones del trabajo se fueron extendiendo  a los sistemas de protección social,  en las últimas décadas del siglo XIX, cuando  los poderes públicos promovieron las primeras  leyes. Éstos  legislaron sobre  los seguros sociales,   que cubrían  los riesgos de  accidente de trabajo, enfermedad, jubilación, orfandad y viudedad,  modelo  de protección social,  que  fue generalizándose  en el siglo XX, vinculado a la vigencia de los contratos de trabajo y  a la financiación  mediante cuotas  satisfechas por trabajadores y empresarios. Este avance de las libertades vinculado al contrato de trabajo de los asalariados, tal como ha sido analizado anteriormente, se amplió y generalizó en el transcurso del siglo XX,  a la protección de la salud  de toda la población y a la educación de niños  y niñas, con  recursos del Estado.  A  lo ya indicado, hay que añadir, últimamente,  nuevos desarrollos de las libertades y derechos individuales,  mediante  servicios sociales financiados  por las administraciones públicas  y entidades privadas sin afán de lucro, en la sociedad actual, que  amplían  la protección de las mujeres, frente a toda discriminación legal,  laboral  y contra la violencia especialmente a las mujeres; los permisos de paternidad y  la protección de los niños  frente a los malos tratos, pederastia, pornografía infantil  y  su utilización en  los medios de comunicación; la protección por  razón de la orientación  sexual y de género de las personas. Más recientemente,  estos derechos y libertades  se han hecho extensivos  a las personas  con grave dependencia  de terceras   personas, por su condición  de discapacitados físicos y psíquicos,  consolidando los fundamentos del  denominado Estado de Bienestar de las sociedades democráticas más avanzadas  occidentales.

Finalmente, en las últimas décadas,  derechos  hasta  hace poco  reconocidos a las personas,  se están extendiendo a la naturaleza, tipificándose su infracción, como delito en la legislación penal, por  dañar  las condiciones medio ambientales  necesarias  para la vida humana y de los ecosistemas, a saber: la protección del medio ambiente de los gases contaminantes y  residuos químicos, provocados por la  actividad económica humana; la protección  de la biodiversidad  especialmente de  especies animales, plantas en  riesgo de extinción y territorios de bosques y selvas, fondos marinos,  casquetes polares;  y finalmente el  cambio  climático. La sostenibilidad y el cuidado del planeta  es objeto  de la Agenda  30 de las  Naciones Unidas y también de  un  llamamiento  del Papa Francisco  en su enciclica  Laudatio Si.

Todo ello ofrece una panorámica muy extensa,  de cómo  el concepto de derechos y libertades se ha ido  configurando  de forma  muy  amplia en la vida actual y contemporánea, visión  que nació  con la formulación  de las primeras libertades individuales   modernas  proclamadas por la revolución liberal, pero que ha alcanzado tal dimensión  que  es difícil  reconocer  su lejano origen.