Libertades y derechos democráticos (y 6)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

VIII
Libertad y pluralismo

La libertad    ha pasado  de ser reconocida a  los ciudadanos en los países   cohesionados   por  un mismo sistema cultural y de creencias, a  ser igualmente  reconocida en  la sociedad  occidental,  donde el pluralismo cultural  de sus miembros pone de manifiesto,  en numerosas ocasiones, las dificultades que conlleva  armonizar  la diversidad cultural y de creencias, como consecuencia  de la  secularización, de la globalización y de la fractura social,  acentuada  con los movimientos migratorios  del mundo actual. Estas nuevas circunstancias,  llevan a plantear   la cuestión, de si la cohesión  y la estabilidad de la sociedad  es compatible  con el reconocimiento  y la libertad  de todas  las expresiones culturales,  y  si  se pueden   preservar un conjunto de valores  que configuren  un acervo común mínimo, que defina los límites   del pluralismo  y los márgenes de  libertad   de las distintas culturas. No cabe la menor duda,  que  en esta cuestión  subyace  la  confrontación entre la defensa de valores  universales   frente al reconocimiento de  valores relativos circunscritos  a culturas  concretas,  que demanda   una sociedad plural y más tolerante. El camino  que  debe orientar   las decisiones de los poderes  públicos, tendrá que estar presidido  por un cierto equilibrio  que armonice  la defensa  de  determinados valores con vocación universal  y la tolerancia  con otros valores  culturales, lo que excluye  las posiciones maximalistas  y excluyentes que se amparan,  en  posiciones  categóricas,  absolutas  y dogmáticas  universalistas , de una parte, y en  posiciones antagónicas, absolutas y  relativistas  con idéntico  dogmatismo, de otra.  

La defensa de un núcleo  de valores   con proyección universal tal como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948,  obliga, a armonizar   la universalidad  y la pluralidad cultural , entendiéndola   como el reconocimiento y el respeto  a  las distintas culturas  y a su expresión libre, y a definir los límites   establecidos por los derechos humanos:  la defensa   de la vida  y la dignidad de las personas; la no discriminación por razón  de creencias, sexo, etnia e identidad personal;  la defensa de los derechos humanos y consecuentemente la condena de la esclavitud, la tortura y la violencia  como medio para  conseguir otros fines. En definitiva,  la consideración del ser humano como un fin en sí mismo  y no como  un medio, dentro de la mejor tradición kantiana. Sin duda, el reconocimiento de la libertad  de las distintas expresiones culturales  sólo será compatible dentro del marco  legal y constitucional  del Estado  Democrático de Derecho y por ello, ningún grupo  cultural y político que tenga  identidad   propia,  puede  exigir   o imponer  normas culturales, políticas, éticas  o  religiosas,   que vayan más allá  o sean distintas de las  que están protegidas por las leyes y el ordenamiento constitucional.      

IX
Libertad y Justicia

Es frecuente entender  la justicia  como el  fin supremo  de todo Estado,  ajeno  respecto de  otros valores, de tal modo, que  se pudiera entender  que  la consecución  de la justicia   se alcanza  de forma independiente  y  de modo aislado.  Desde el punto de vista  de las ideas políticas, la justicia   es  fruto de cómo se   determinen y  articulen  las relaciones entre la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad y el pluralismo, aunque se   exprese con distintas  palabras,  formas y maneras. Cabe decir,   que la justicia   no es ajena a estos valores, sino que los pondera  en cada circunstancia, armoniza y  finalmente  reconoce su importancia, los valora y   determina el orden de prevalencia sin exclusión de alguno en particular. En estas circunstancias, es muy importante, entender  que la justicia  ha de contemplar la diversidad de valores  constitucionales, tal como se ha indicado,  y cómo estos   han de incorporarse  y tenidos en cuenta en las leyes, o dicho  de otra  forma, por  Hans Kelsen (1881-1973), jurista austriaco y profesor de la universidad de Berkeley.

 Se suele  decir  con frecuencia, que se comete “una injusticia” con  determinadas personas que viven  en condiciones de pobreza extrema, o cuando es objeto de un trato  vejatorio o arbitrario, ya sea  en una  sentencia o  en una resolución administrativa, y  cuando se afirma  la existencia  “de leyes injustas”,  porque no  concuerda con  las  creencias  políticas, morales o religiosas  del que acusa. Pero no menos relevante es, que además del contenido material   de los valores indicados en la ley  o de la sentencia  dictada por los tribunales, lo es  el procedimiento   formal que se ha seguido para su  debate, aprobación y promulgación, de tal manera,  que  si  ha sido aprobada  conforme establecen  las normas del Estado de Derecho,  con todas las garantías jurídico constitucionales, es improcedente y está fuera de lugar en un debate  riguroso propio de una sociedad democrática, hablar de leyes injustas, porque alguno de sus contenidos no sean de la conformidad  de determinadas creencias políticas  y religiosas. El supeditar  la valoración de las leyes y de las sentencias judiciales  en un Estado Democrático de Derecho,  a si sus contenidos son o no de la conformidad o agrado, de determinadas creencias políticas, morales y religiosas, minoritarias, no es razonable y evidencia las escasas   convicciones  democráticas. Para subsanar y afrontar  estas situaciones  han de utilizarse  los procedimientos legales  establecidos, para cambiar las leyes. 

En tales circunstancias, es importante tener   muy presente, que  los  legisladores, en un Estado Democrático de Derecho, a diferencia   de los  Estados  teocráticos y de confesionalidad religiosa estatal, no identifican el Derecho   con  la Moral  de una determinada  creencia religiosa, aunque ésta sea tenida  en cuenta  a la hora de legislar. El Derecho no agota  la totalidad de la  Moral o de la Ética, porque  no necesariamente todo juicio  moral  ha de tener idéntico respaldo jurídico o sanción legal. Esta distinción no significa que el Derecho esté  al margen de la Ética o de la Moral, sino que  tiene que fundamentarse en un positivismo ético  que concite   amplios espacios de  consenso, tolerancia y  convivencia, articulados en torno a valores éticos ampliamente aceptados  y compartidos  en una sociedad  pluralista,   que  no   ha de aceptar, necesariamente,  las normas morales  de   una  creencia moral  política o religiosa determinada, minoritaria, máxime cuando  se  mezclan cuestiones científicas y juicios morales, que por su complejidad requiere una análisis sosegado y sereno, lejos de la lucha y agitación  política y  religiosa.