CHILE: el día que bombardearon la democracia

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CHILE: el día que bombardearon la democracia

Hay fechas que pertenecen a la historia y hay otras que, además, pertenecen a la conciencia. El 11 de septiembre de 1973 es una de ellas. Aquel día, los aviones de la Fuerza Aérea chilena bombardearon el Palacio de La Moneda y las Fuerzas Armadas pusieron fin, mediante las armas, al Gobierno constitucional de Salvador Allende. No fue solamente el derrocamiento de un presidente. Fue la ruptura violenta de un sistema democrático y el comienzo de una dictadura que durante diecisiete años convirtió la persecución política, la prisión, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada y el exilio en instrumentos de poder. Más de medio siglo después, cuando Chile vuelve a enfrentarse a intensas disputas políticas sobre seguridad, inmigración, economía, memoria y derechos humanos, recordar aquel día no significa vivir anclados en el pasado. Significa preguntarnos qué hemos aprendido de él y, sobre todo, qué estamos dispuestos a no volver a permitir.

Salvador Allende había llegado a la Presidencia en 1970 mediante las urnas. Obtuvo el 36,3 % de los votos y, conforme al procedimiento constitucional vigente, fue ratificado por el Congreso después de comprometerse a respetar las garantías democráticas. Su proyecto, la Unidad Popular, pretendía realizar una transformación profunda de la sociedad chilena mediante lo que denominaba la «vía chilena al socialismo»: nacionalización del cobre, ampliación del área social de la economía, reforma agraria, expansión de la educación y la sanidad, políticas de redistribución y una mayor participación de los sectores populares en la vida económica y política. El proyecto tuvo importantes logros sociales, pero también estuvo acompañado de enormes dificultades: inflación, desabastecimiento, conflictos laborales, desequilibrios económicos, enfrentamiento entre el Gobierno y parte de la oposición, radicalización de sectores de izquierda y derecha y una progresiva incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos. No hay razón para ocultar estas contradicciones. Una mirada históricamente responsable debe reconocerlas. Pero tampoco hay que confundir el fracaso o los errores de un Gobierno con la desaparición del derecho de una sociedad a resolver sus conflictos mediante procedimientos pacíficos y democráticos.

Porque ahí se encuentra la cuestión fundamental. La democracia no garantiza que un Gobierno sea bueno, ni que sus políticas sean acertadas, ni que la economía funcione siempre correctamente. Garantiza algo todavía más importante: que los ciudadanos puedan cambiar a sus gobernantes sin tener que matarse entre ellos. La democracia establece un espacio institucional para el conflicto, para la discrepancia, para la oposición, para la crítica y también para la derrota electoral. Cuando una sociedad deja de aceptar que el adversario político posee los mismos derechos fundamentales que uno mismo, la democracia comienza a morir incluso antes de que aparezcan los tanques. Y cuando finalmente los tanques llegan, lo que desaparece no es solamente un Gobierno: desaparece la posibilidad de resolver pacíficamente el conflicto.

Cuando las armas sustituyeron a las urnas

Chile llegó a septiembre de 1973 profundamente dividido. La confrontación política había alcanzado niveles extremos y las instituciones estaban sometidas a una enorme presión. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó una declaración en la que acusaba al Gobierno de graves incumplimientos constitucionales. La oposición consideraba que se había producido una ruptura del orden jurídico; el Gobierno y sus partidarios defendían la legitimidad de su mandato. La posibilidad de alcanzar un acuerdo político se fue estrechando hasta desaparecer. La crisis era real. La polarización era real. Los errores de la Unidad Popular eran reales. También lo era la responsabilidad de una oposición que, en determinados sectores, terminó considerando aceptable la salida militar.

Pero reconocer una crisis institucional no equivale a legitimar un golpe de Estado. La existencia de una crisis democrática no autoriza a destruir la democracia. Y mucho menos autoriza a sustituir el Estado de derecho por un poder militar sin controles. El 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas y Carabineros se levantaron contra el Gobierno, bombardearon La Moneda, disolvieron el Congreso, suspendieron las libertades y comenzaron una dictadura que habría de prolongarse hasta 1990. Los documentos estadounidenses desclasificados muestran que aquel proceso no puede comprenderse exclusivamente como un conflicto interno chileno: existió también una intensa intervención de Estados Unidos destinada a impedir primero la llegada de Allende al poder y, después, a debilitar y desestabilizar su Gobierno.

Estados Unidos y la responsabilidad de la intervención

Sobre este punto conviene ser particularmente riguroso, porque durante décadas se ha producido una simplificación interesada en ambos sentidos. No es correcto afirmar que Estados Unidos, por sí solo, organizó y ejecutó el golpe: fueron las Fuerzas Armadas chilenas las que lo llevaron a cabo y existían profundas causas internas de polarización política, económica e institucional. Pero tampoco es históricamente sostenible presentar el golpe como un acontecimiento puramente chileno en el que Washington no tuvo una intervención significativa.

Los documentos oficiales estadounidenses desclasificados son extraordinariamente elocuentes. El 9 de septiembre de 1970, antes incluso de que Allende asumiera la Presidencia, un telegrama de la CIA señalaba que la vía política o constitucional para impedir su llegada al poder no tenía posibilidades y que la única opción con alguna posibilidad de éxito era un golpe militar; el documento ordenaba establecer contactos directos con militares chilenos para evaluar e incluso estimular esa posibilidad. Más adelante, la documentación de Foreign Relations of the United States muestra las operaciones encubiertas desarrolladas contra el Gobierno de la Unidad Popular y el seguimiento constante de las posibilidades de una intervención militar. El 7 de septiembre de 1973, apenas cuatro días antes del golpe, funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA analizaban expresamente el escenario de un golpe que consideraban probable y discutían la posición que Estados Unidos debería adoptar.

La documentación resulta todavía más reveladora cuando se contempla desde el propio día del golpe. Un memorándum de Henry Kissinger a Richard Nixon, fechado el 11 de septiembre de 1973, informa del inicio de las operaciones militares contra Allende y del ataque a La Moneda. Y la propia documentación oficial estadounidense reconoce que desde Washington se había desarrollado una política de intervención encubierta en la política chilena durante los años anteriores. Incluso después del golpe, documentos internos muestran la preocupación de los funcionarios estadounidenses por las preguntas que podían surgir acerca de la ayuda prestada a la oposición política durante el Gobierno de Allende.

Por tanto, la conclusión rigurosa no necesita recurrir a ninguna teoría conspirativa: Estados Unidos no fue el único autor del golpe, pero sí intervino activamente en el proceso de desestabilización de la experiencia democrática de la Unidad Popular y conocía, alentaba o contemplaba como posible la salida militar. Esta responsabilidad histórica resulta especialmente grave porque se produjo en el contexto de la Guerra Fría, cuando la defensa de los intereses geopolíticos y económicos de una gran potencia se impuso sobre el principio democrático de que corresponde al pueblo chileno decidir su propio destino.

Después de los tanques llegaron el miedo y el silencio

Pero el significado más profundo del 11 de septiembre no se encuentra solamente en la caída de Allende. Se encuentra en lo que vino después. La dictadura de Augusto Pinochet no fue simplemente un Gobierno autoritario que restringió temporalmente determinadas libertades. Fue un régimen que utilizó sistemáticamente los aparatos del Estado para perseguir a quienes consideraba enemigos políticos. La detención arbitraria, la prisión política, la tortura, la ejecución, la desaparición forzada y el exilio formaron parte de una política represiva que dejó una herida profunda en varias generaciones de chilenos.

Las cifras oficiales resultan estremecedoras precisamente porque detrás de cada cifra había una persona, una familia, una vida truncada. Las distintas comisiones de verdad reconocieron oficialmente 40.175 víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. La Comisión Valech recibió más de 36.000 testimonios y reconoció 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura en su primera etapa; posteriormente se produjeron nuevas calificaciones. No son números abstractos. Son hombres y mujeres que fueron arrancados de sus casas, estudiantes que dejaron de regresar a sus hogares, trabajadores encarcelados, familias que durante años no supieron dónde estaban sus seres queridos, personas sometidas a torturas y supervivientes que tuvieron que convivir durante décadas con las consecuencias físicas y psicológicas de aquella violencia.

Desde una perspectiva de Derechos Humanos, hay aquí una frontera que ninguna circunstancia política puede borrar. Ningún Gobierno, ninguna ideología, ninguna crisis económica, ninguna amenaza interna o externa y ninguna razón de Estado convierten la tortura en legítima. Ninguna sociedad puede aceptar que una persona sea asesinada por sus ideas, que otra desaparezca por pertenecer a una organización política o que una familia sea destruida porque uno de sus miembros piensa de manera diferente. El derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la defensa judicial y a la dignidad no dependen de que una persona vote a la izquierda, a la derecha o no vote a nadie. Son derechos humanos precisamente porque pertenecen a todos.

Víctor Jara: cuando quisieron matar también una voz

Quizá ninguna historia individual simbolice mejor aquella tragedia que la de Víctor Jara. Cantautor, actor, director teatral y uno de los grandes representantes de la Nueva Canción Chilena, Jara había convertido su creación artística en una forma de compromiso con los sectores populares y con el proyecto de transformación social de la Unidad Popular. Después del golpe fue detenido en la Universidad Técnica del Estado y trasladado al entonces Estadio Chile, convertido en lugar de detención.

Allí fue torturado y posteriormente asesinado. Su cuerpo apareció con numerosas heridas de bala. Durante décadas, su muerte permaneció como uno de los símbolos más dolorosos de la represión chilena. Y la historia judicial continúa hasta nuestros días: en julio de 2026, la justicia chilena ordenó el ingreso en prisión del militar retirado Nelson Haase Mazzei, condenado como autor de los homicidios y secuestros calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga.

La importancia de Víctor Jara trasciende su biografía. Cuando se asesina a un artista por sus ideas, no solamente se mata a una persona: se intenta intimidar la libertad de creación, de expresión y de pensamiento de toda una sociedad. Por eso su memoria continúa teniendo fuerza. Su guitarra, sus canciones y su muerte forman parte de una historia en la que la violencia quiso imponer silencio allí donde la democracia debía permitir que las voces discrepantes pudieran convivir.

El exilio: cuando un país tuvo que abandonar su propia tierra

Y hubo otra forma de violencia menos visible que la muerte, pero profundamente dolorosa: el exilio. La dictadura obligó a salir de Chile a más de 20.000 personas por orden del Gobierno militar, según Memoria Chilena, el régimen de Pinochet produjo el mayor exilio político de la historia chilena. Miles de chilenos tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de sus casas, de sus familias, de sus paisajes y de una parte fundamental de su identidad.

El exilio se extendió por América Latina —Argentina, México, Venezuela, Costa Rica, Cuba y otros países—, pero tuvo también una extraordinaria dimensión europea. Suecia, Francia, España, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Reino Unido y otros países acogieron a hombres, mujeres, estudiantes, intelectuales, artistas, trabajadores y familias que habían tenido que abandonar Chile. El exilio chileno creó redes culturales, políticas y académicas que hicieron que la tragedia de Chile no quedara encerrada dentro de sus fronteras. En Europa, como en América Latina, aquellos exiliados llevaron consigo no solamente el dolor de la derrota, sino también una memoria, una cultura y una esperanza democrática que contribuirían posteriormente al retorno de la democracia.

Por eso el exilio no debe entenderse únicamente como un desplazamiento geográfico. El exilio es también una amputación de la pertenencia. Es tener que aprender a vivir lejos del lugar donde se construyeron los recuerdos, las relaciones, la lengua cotidiana y los proyectos de vida. Es comprender que una dictadura puede obligar a una persona a cruzar una frontera, pero no puede borrar aquello que la vincula moralmente con su país.

Chile, más de medio siglo después

Y llegamos así al Chile actual. Han transcurrido 53 años desde aquel 11 de septiembre de 1973, y el país de 2026 es, en muchos aspectos fundamentales, otro Chile. La democracia recuperada en 1990 ha permitido que durante décadas los gobiernos se sucedan mediante elecciones, que exista un Congreso, que funcionen partidos políticos de muy distintas orientaciones y que los ciudadanos puedan expresar públicamente sus discrepancias. La sociedad chilena continúa siendo profundamente plural y, a pesar de sus conflictos, ha desarrollado instituciones, políticas de reparación y mecanismos de investigación de las violaciones de derechos humanos que eran impensables durante la dictadura.

El contraste con 1973 es, por tanto, enorme. En septiembre de 2026, Chile está gobernado por José Antonio Kast, elegido constitucionalmente para el período 2026-2030. Su Gobierno representa una orientación política muy diferente de la de Salvador Allende y ha situado entre sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad, el control fronterizo y migratorio, el combate contra el crimen organizado, el crecimiento económico, la inversión y el orden fiscal. En sus primeros cien días, el Ejecutivo destacó medidas de seguridad, control de fronteras, expulsiones de migrantes en situación irregular, ajuste fiscal y políticas destinadas a estimular la inversión y el crecimiento. En su primera Cuenta Pública, el presidente puso asimismo el énfasis en recuperar el orden, reforzar la seguridad y desarrollar una política de reconstrucción económica y fiscal.

Y precisamente aquí conviene establecer una diferencia histórica esencial: Kast no es Pinochet, ni el Chile democrático de 2026 es el Chile militarizado de 1973. No sería riguroso establecer una equivalencia semejante. Kast ha llegado a la Presidencia mediante elecciones y gobierna dentro de las instituciones democráticas existentes. El hecho de que su proyecto político sea ideológicamente distante del de Allende no convierte a uno en dictador ni al otro en demócrata por definición. La democracia consiste precisamente en que puedan existir proyectos políticos diferentes y competir por el poder sin que el adversario sea convertido en enemigo al que haya que eliminar.

Sin embargo, el Chile de 2026 tampoco está fuera del debate sobre la memoria y los Derechos Humanos. Durante este año se han producido controversias y denuncias de organizaciones de derechos humanos acerca de determinadas políticas del actual Gobierno relacionadas con memoria, reparación y derechos fundamentales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a convocar una audiencia a raíz de esas denuncias. El Gobierno, por su parte, ha defendido la continuidad de sus políticas de derechos humanos. Este debate debe afrontarse precisamente desde las instituciones democráticas, mediante la crítica pública, la deliberación, los tribunales y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Esa es, justamente, una de las grandes diferencias respecto de 1973: hoy el conflicto puede y debe resolverse mediante la palabra, las leyes y las instituciones, no mediante las armas.

Dos maneras de entender la libertad

Más de medio siglo después, quizá la pregunta fundamental no sea si debemos elegir entre Allende o sus adversarios, entre izquierda o derecha, entre socialismo o liberalismo económico. La pregunta verdaderamente importante es qué entendemos por libertad y qué límites estamos dispuestos a reconocer al poder político.

Para una concepción democrática de los Derechos Humanos, la libertad no consiste únicamente en poder elegir entre diferentes productos, invertir, emprender o vivir sin interferencias del Estado. Tampoco consiste exclusivamente en disponer de derechos sociales o de mecanismos de redistribución. La libertad democrática tiene una dimensión mucho más profunda: significa poder pensar, hablar, asociarse, votar, disentir, organizarse, protestar pacíficamente, defender una determinada concepción de la sociedad y hacerlo sin miedo a que el Estado convierta la discrepancia en delito o al adversario en enemigo.

Del mismo modo, la justicia social no puede construirse sacrificando la libertad, pero la libertad tampoco puede convertirse en una palabra vacía cuando una parte de la población carece de las condiciones materiales mínimas para ejercerla. Democracia, libertad, igualdad, justicia social y derechos humanos no deberían ser conceptos enfrentados, sino dimensiones complementarias de una sociedad verdaderamente humana.

Ese es quizá el aprendizaje más profundo que Chile puede ofrecer al mundo. La democracia no consiste en que ganen siempre «los nuestros». Consiste en aceptar que el otro tiene derecho a existir, a pensar diferente y a intentar convencer a los demás. Consiste en aceptar la derrota electoral sin convertirla en una catástrofe nacional. Consiste en aceptar la victoria sin convertirla en una autorización para excluir al adversario. Y consiste, sobre todo, en comprender que ningún proyecto político vale tanto como para justificar la destrucción de la dignidad humana.

La memoria como compromiso con el futuro

Por eso recordar el 11 de septiembre de 1973 no debería ser un ejercicio de nostalgia partidista ni una ceremonia destinada únicamente a quienes pertenecen a una determinada tradición ideológica. Debería ser una pedagogía de la democracia. Debería enseñar a las nuevas generaciones que las sociedades pueden polarizarse hasta un punto en que dejan de reconocerse unas a otras; que las palabras pueden convertirse en violencia; que la deshumanización del adversario prepara el terreno para su eliminación; y que cuando las instituciones dejan de ser capaces de gestionar el conflicto, toda la sociedad queda expuesta a la tragedia.

Chile ha necesitado más de medio siglo para mirar de frente aquella historia. Ha necesitado comisiones de verdad, testimonios, archivos, investigaciones judiciales, lugares de memoria y generaciones enteras dispuestas a preguntar qué ocurrió con sus muertos, sus desaparecidos, sus torturados, sus encarcelados y sus exiliados. Ese esfuerzo no es una forma de reabrir heridas. Es precisamente una forma de impedir que vuelvan a abrirse. El Instituto Nacional de Derechos Humanos continúa señalando la importancia de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria como dimensiones inseparables de la justicia transicional.

Porque al final, después de 53 años, la cuestión no es solamente qué ocurrió aquel 11 de septiembre. La cuestión es qué hacemos nosotros con aquello que ocurrió.

Allende murió defendiendo hasta el último momento la legitimidad del mandato recibido de los ciudadanos. Víctor Jara murió porque una dictadura quiso silenciar una voz. Decenas de miles de chilenos fueron encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos o expulsados de su país. Estados Unidos intervino en el proceso político que precedió al golpe porque consideró intolerable, en el contexto de la Guerra Fría, la experiencia de un socialismo que había llegado al poder mediante las urnas. Y Chile tardó décadas en reconstruir una democracia capaz de mirar nuevamente hacia atrás sin miedo.

Quizá por eso aquellas palabras pronunciadas por Allende desde La Moneda continúan teniendo una fuerza que supera las circunstancias concretas de aquel día: «Tengo fe en Chile y su destino. […] mucho más temprano que tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».

Hoy, más de medio siglo después, las grandes alamedas siguen abiertas. Pero su existencia nunca está definitivamente garantizada. Cada generación tiene que decidir si quiere recorrerlas desde el respeto, la pluralidad, la justicia y los Derechos Humanos o si vuelve a construir trincheras desde las que mirar al otro como enemigo.

Y esa es, quizá, la verdadera lección del 11 de septiembre de 1973: una sociedad puede sobrevivir a una derrota política, a una crisis económica e incluso a una profunda división ideológica; lo que nunca debería tener que sobrevivir es a la destrucción de la dignidad humana.

Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala a 11 de septiembre de 2026