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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (2)
Seguridad, humanidad y memoria ante una crisis que nos interpela
Una crisis humanitaria
La crisis de Ceuta es una crisis humanitaria, porque miles de personas llegaron en condiciones de enorme vulnerabilidad y porque la entrada masiva estuvo acompañada de una tragedia humana de dimensiones estremecedoras. Al menos 82 personas murieron en el lado español durante aquellos días, según el balance confirmado por la Guardia Civil, mientras Marruecos comunicó posteriormente otros 14 fallecidos en su territorio. La causa principal de las muertes registradas en Ceuta fue el ahogamiento por sumersión.
La tragedia se produjo, en buena medida, en el mar. Miles de personas se lanzaron al agua desde las costas próximas a Ceuta para intentar alcanzar a nado el espigón del Tarajal. Muchos no sabían nadar o lo hacían en condiciones de enorme agotamiento, arrastrados por las corrientes y en medio de una concentración humana extraordinaria. En determinados momentos, la distancia entre la esperanza de alcanzar la costa y la muerte se redujo dramáticamente a unos pocos metros de agua. Los equipos de rescate y los propios migrantes supervivientes tuvieron que sacar del mar a personas exhaustas y cadáveres mientras continuaba llegando una multitud. El director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta describió posteriormente aquellas horas como un «drama concentrado en muy poco tiempo».
Pero junto a quienes murieron existe otra tragedia menos visible: la de quienes todavía no han podido ser encontrados ni identificados. Durante las semanas posteriores, numerosas familias marroquíes buscaron desesperadamente a sus hijos, hermanos y familiares desaparecidos. La Guardia Civil habilitó una oficina específica para recoger denuncias y datos que permitieran cotejar fotografías, huellas, tatuajes, cicatrices y muestras de ADN con los cadáveres recuperados. Se llegaron a registrar decenas de casos y algunas organizaciones y medios locales recibieron numerosos llamamientos de familias que desconocían el paradero de sus seres queridos.
Y entre esos desaparecidos había adolescentes y jóvenes de edades extraordinariamente tempranas. Se documentaron casos de muchachos de 16 y 17 años, jóvenes de 19, 20, 23 y 24 años, e incluso se difundieron casos de menores de 14 y 9 años cuya desaparición había sido comunicada por sus familias. No existe, sin embargo, un registro oficial público que permita establecer una distribución completa por edades de todas las personas desaparecidas, por lo que estas edades deben entenderse como casos documentados, no como una estadística exhaustiva.
Uno de los casos más conmovedores fue el de Younes, de 19 años, que murió el 30 de julio intentando alcanzar Ceuta a nado junto con sus hermanos. Su historia representa, en cierto modo, la dimensión individual de una tragedia que con demasiada facilidad puede quedar escondida detrás de las grandes cifras. Detrás de los 82 fallecidos no había simplemente «82 migrantes»: había 82 personas con un nombre, una familia, una historia, unos vínculos y alguien que esperaba su regreso.
La magnitud de la tragedia se hace todavía más evidente al recordar que la mayoría de los fallecidos permaneció durante semanas sin ser identificada. En los primeros días solo seis de los 82 cuerpos habían podido ser identificados, todos ellos hombres adultos de nacionalidad marroquí; posteriormente aumentó el número de identificaciones. Muchos cadáveres tuvieron que ser enterrados en el cementerio musulmán de Sidi Embarek con una referencia numérica en lugar de un nombre, mientras continuaban los trabajos forenses y los intentos de localizar a sus familiares.
Esta circunstancia introduce una dimensión particularmente dolorosa: morir sin nombre y ser enterrado sin que la familia pueda siquiera despedirse. Las autoridades y los equipos forenses hicieron esfuerzos extraordinarios para preservar la dignidad de los fallecidos, realizar las autopsias, recoger muestras biológicas y mantener la trazabilidad de cada cuerpo. También se respetaron los ritos funerarios musulmanes. Pero ninguna eficacia administrativa puede borrar la tragedia esencial: personas que se lanzaron al mar buscando una vida diferente terminaron encontrando la muerte a pocos metros de la tierra que esperaban alcanzar.
Por eso, cuando hablamos de crisis humanitaria, no deberíamos utilizar la expresión como una fórmula retórica. Estamos hablando de una tragedia en la que la frontera dejó de ser únicamente una línea territorial y se convirtió, durante aquellas horas, en un espacio dramático de vida y muerte. Y quizá ésta sea la imagen que más debería permanecer en nuestra memoria: una ciudad que recibía a decenas de miles de personas mientras, al mismo tiempo, sus aguas devolvían los cuerpos de quienes no consiguieron llegar.
Ninguna discusión sobre seguridad, soberanía, inmigración, Marruecos, responsabilidad política o guerra híbrida debería hacernos olvidar ese hecho elemental. Antes que cifras, antes que categorías jurídicas y antes que posiciones políticas, allí hubo seres humanos que murieron. Y una sociedad democrática madura tiene la obligación de ser capaz de recordar simultáneamente la necesidad de proteger sus fronteras y la dignidad de quienes perdieron la vida intentando atravesarlas.
Una crisis de protección de la infancia
La crisis de Ceuta es también una crisis de protección de la infancia, por la presencia de miles de menores que quedaron bajo responsabilidad de las instituciones españolas. A 8 de septiembre, el Gobierno había contabilizado 2.004 menores atendidos por el sistema de protección de Ceuta, entre ellos alrededor de 700 niñas, una cifra extraordinaria para las dimensiones y capacidades habituales de la ciudad.
Pero detrás de esos números hay una realidad humana que no puede quedar reducida a una estadística. Son niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos llegados en condiciones de enorme vulnerabilidad, algunos después de atravesar el mar y otros separados de sus familias o sin saber qué les esperaba al llegar. Para ellos, la crisis no es una cuestión de fronteras, cifras o controversias políticas: es la experiencia concreta de encontrarse solos, en un lugar desconocido y dependientes de unas instituciones que deben garantizar su protección.
La magnitud del fenómeno ha sometido al sistema de protección de Ceuta a una presión extraordinaria. La ciudad ha tenido que afrontar, en muy poco tiempo, la identificación, acogida, atención sanitaria y protección de un número de menores muy superior al que sus recursos ordinarios estaban preparados para atender.
Y aquí aparece una dimensión esencial de la tragedia: cuando una crisis migratoria afecta a miles de menores, deja de ser únicamente una cuestión migratoria. Se convierte también en una cuestión de infancia, de derechos humanos, de protección y de responsabilidad institucional.
Porque detrás de cada cifra hay un niño que necesita, antes que cualquier otra consideración, seguridad, cuidado y dignidad.
Una crisis administrativa y de servicios públicos
La crisis de Ceuta es también una crisis administrativa y de servicios públicos, porque hubo que multiplicar en tiempo récord los espacios de acogida, la atención sanitaria, los procedimientos de identificación, la asistencia jurídica y los recursos sociales. Una ciudad con capacidades necesariamente limitadas tuvo que responder de manera inmediata a una situación para la que ningún dispositivo ordinario podía estar preparado. La presión alcanzó también a otros servicios esenciales —seguridad, limpieza, transporte, educación y atención social—, alterando durante semanas el funcionamiento habitual de la ciudad.
No se trataba únicamente de atender a quienes habían llegado, sino de mantener simultáneamente en funcionamiento los servicios destinados al conjunto de la población ceutí. Esta doble exigencia puso de manifiesto hasta qué punto una emergencia de dimensiones excepcionales puede desbordar las estructuras administrativas ordinarias y convertir un problema fronterizo en una crisis general de capacidad institucional.
Una crisis diplomática
Igualmente, esta crisis es una una crisis diplomática, por la dimensión que adquirió la relación con Marruecos y por las preguntas acerca de la posible instrumentalización de la frontera. La extraordinaria concentración de personas y la rapidez con la que se produjo la entrada masiva obligaron a España a afrontar no solo una emergencia interna, sino también un complejo problema en sus relaciones con el país vecino. Las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos han suscitado interrogantes sobre el grado de conocimiento, permisividad o posible intervención de las autoridades marroquíes, cuestiones que deberán ser determinadas con la necesaria prudencia y sobre la base de las investigaciones disponibles.
En cualquier caso, lo sucedido puso de manifiesto una realidad difícil de ignorar: la estabilidad de Ceuta está estrechamente vinculada a la relación entre España y Marruecos, y cualquier deterioro de esa relación puede tener consecuencias inmediatas sobre la ciudad y sobre la seguridad de su frontera.
Una crisis de seguridad e inteligencia
En el mismo sentido, se trata de una crisis de seguridad e inteligencia, porque el episodio obliga a examinar la capacidad de anticipación y respuesta del Estado ante una movilización de semejante magnitud. La existencia de informaciones y señales previas sobre un posible incremento de la presión migratoria plantea legítimas preguntas sobre su interpretación, valoración y transmisión entre los distintos organismos responsables. Sin embargo, conocer que existía una amenaza potencial no equivale necesariamente a prever la dimensión que finalmente alcanzó.
Precisamente por ello, lo sucedido exige analizar con rigor qué información estaba disponible, qué se pudo anticipar razonablemente y cómo funcionaron los mecanismos de coordinación y respuesta. No se trata de buscar explicaciones simplistas a posteriori, sino de extraer las enseñanzas necesarias para que una situación de características semejantes no vuelva a encontrar al Estado sin la capacidad de respuesta que requiere una frontera exterior de la Unión Europea.
Una crisis política
Una crisis política, porque el acontecimiento abrió una nueva fractura entre Gobierno, oposición y territorios. La magnitud de lo sucedido desencadenó un intenso debate sobre la previsión, la gestión de la emergencia, la política migratoria y la responsabilidad de las distintas instituciones. El Gobierno tuvo que responder a las críticas sobre su capacidad de anticipación y respuesta, mientras la oposición reclamó explicaciones y responsabilidades, convirtiendo la crisis de Ceuta en uno de los principales escenarios de confrontación política nacional no exenta de crudeza, insultos, exageraciones y fomento de la polarización por parte de la oposición del PP y VOX.
Al mismo tiempo, la situación puso de manifiesto las dificultades de coordinación entre las diferentes administraciones y, especialmente, la tensión existente cuando una comunidad o ciudad soporta una presión extraordinaria que excede sus capacidades ordinarias. Una emergencia de esta magnitud no afecta únicamente a quien la recibe directamente: pone a prueba la capacidad de cooperación de todo el sistema institucional. Y cuando esa cooperación se sustituye por la confrontación, las posibilidades de encontrar una respuesta eficaz disminuyen precisamente cuando más necesaria resulta.
Una crisis social y emocional
Y, finalmente, una crisis social y emocional, porque el impacto sobre la percepción de seguridad, la convivencia y la confianza entre ciudadanos puede prolongarse mucho más allá de la emergencia inicial. Una experiencia tan extraordinaria no desaparece cuando disminuye la presión fronteriza: permanece en la memoria colectiva y puede modificar durante mucho tiempo la manera en que una parte de la población percibe su ciudad, a quienes llegan y la capacidad de las instituciones para protegerla.
En situaciones de esta naturaleza es comprensible que aparezcan miedo, incertidumbre, cansancio y sensación de desbordamiento entre quienes han vivido directamente sus consecuencias. Pero también existe el riesgo de que esas emociones sean alimentadas por discursos de confrontación y terminen deteriorando los vínculos de confianza que sostienen la convivencia. Por ello, junto a la recuperación material de la ciudad, será necesario prestar atención a algo menos tangible, pero esencial: la recuperación de la confianza, la serenidad y la convivencia entre quienes forman parte de Ceuta.
El Gobierno ha reconocido de hecho la excepcionalidad de la situación mediante un conjunto extraordinario de medidas. El 25 de agosto estableció un mecanismo reforzado de coordinación estatal para recuperar la normalidad, y posteriormente aprobó un paquete de 309 millones de euros destinado a apoyar la economía, la seguridad, los servicios y la acogida en Ceuta.
Pero incluso esas medidas muestran la verdadera naturaleza del problema: cuando una crisis obliga a movilizar simultáneamente recursos económicos, policiales, militares, sanitarios, judiciales, educativos, sociales y diplomáticos, ya no estamos ante un problema sectorial. Estamos ante una cuestión de Estado.
Y ésta debería ser la primera enseñanza de lo sucedido. No estamos, por tanto, ante un único problema.
Por eso tampoco podemos pretender resolverlo con una única herramienta. La policía puede controlar una frontera, pero no puede resolver por sí sola una crisis humanitaria. La asistencia humanitaria puede aliviar el sufrimiento, pero no puede sustituir a la política migratoria. La política migratoria puede organizar retornos y procedimientos de protección, pero no puede resolver por sí sola una cuestión diplomática. La diplomacia puede negociar con Marruecos, pero no puede reconstruir por sí misma la confianza de una población que se ha sentido desbordada. Y la confrontación política puede exigir responsabilidades, pero no puede convertirse en sustituto de la cooperación institucional.
Se trata pues de una crisis compleja que exige obviamente una respuesta compleja.
Y quizá éste sea uno de los aprendizajes más importantes que podemos extraer desde una perspectiva de conciencia democrática: cuando la realidad desborda nuestras categorías, no debemos simplificar la realidad para que encaje en nuestras categorías. Debemos ampliar nuestras categorías para estar a la altura de la realidad.
Ceuta necesita seguridad, pero también humanidad.
Necesita control fronterizo, pero también protección de la infancia.
Necesita defender su identidad y sus derechos, pero también evitar que el miedo destruya la convivencia.
Necesita exigir responsabilidades al Gobierno, pero también una oposición capaz de colaborar cuando están en juego intereses que trascienden a un partido.
Necesita solidaridad de España y de Europa, pero también una política migratoria eficaz.
Y necesita, por encima de todo, recuperar la normalidad sin olvidar lo ocurrido.
Porque la normalidad no consistirá simplemente en que las calles vuelvan a estar tranquilas, los servicios funcionen y los espacios provisionales desaparezcan. La verdadera normalidad llegará cuando Ceuta vuelva a sentirse segura sin dejar de sentirse solidaria; cuando pueda defender su frontera sin convertirla en una frontera entre seres humanos; y cuando sus ciudadanos vuelvan a mirar hacia el futuro sin miedo a que una nueva crisis exterior vuelva a convertir su ciudad en el escenario de un problema que, en realidad, pertenece a todos.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 12 de septiembre de 2026.