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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (3)
¿Invasión, presión fronteriza o crisis migratoria?
Una de las primeras cuestiones que debemos abordar, si queremos analizar la crisis de Ceuta con rigor y sin dejarnos arrastrar por la emocionalidad del momento, es la manera en que denominamos lo sucedido. Las palabras no son nunca neutrales. En situaciones de elevada tensión social, política y fronteriza, el lenguaje puede ayudarnos a comprender la realidad o, por el contrario, deformarla, exacerbar los temores y convertir una situación compleja en una confrontación entre «nosotros» y «ellos».
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, no parece adecuado calificar lo sucedido como una «invasión». El término pertenece fundamentalmente al ámbito militar y político y evoca una acción organizada de ocupación o incursión territorial por parte de una fuerza hostil. En los acontecimientos de Ceuta no se produjo una incursión de las Fuerzas Armadas marroquíes ni una ocupación militar del territorio español. Lo que se produjo fue una entrada masiva e irregular de personas a través de la frontera, en circunstancias extraordinarias y dramáticas, cuya dimensión, organización y posible instrumentalización política deben ser analizadas con rigor.
Esto no significa ignorar la posibilidad de que los movimientos migratorios puedan ser instrumentalizados como mecanismo de presión política o fronteriza. El Derecho europeo reconoce la relevancia de la instrumentalización de personas migrantes en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario: convertir automáticamente a miles de personas en agentes conscientes de una estrategia política que, en la mayoría de los casos, no han diseñado ni controlan.
Por ello, considero más preciso hablar de «entrada masiva de población potencialmente utilizada como instrumento de presión fronteriza», siempre que esa posible instrumentalización se presente como una hipótesis que debe ser acreditada mediante hechos y evidencias, y no como una verdad establecida por anticipado. Una democracia no puede sustituir la investigación por la sospecha, ni la prueba por la afirmación política.
Pero hay algo todavía más importante: cualquiera que sea la interpretación política de los acontecimientos, las personas que llegaron a Ceuta no pierden por ello su condición de sujetos de derechos. Una frontera puede ser jurídicamente inviolable y, al mismo tiempo, las personas que intentan atravesarla seguir siendo titulares de derechos humanos. Ambas afirmaciones no se contradicen.
España tiene el derecho y el deber de proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y aplicar su legislación migratoria. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes españolas, el Derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales de derechos humanos.
La Constitución Española, en su artículo 10, sitúa la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, y establece que los derechos fundamentales deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España. No estamos, por tanto, ante una consideración moral añadida posteriormente: el respeto a la dignidad humana forma parte de los fundamentos jurídicos de nuestro sistema democrático.
En materia de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, constituye el principal marco jurídico español. La existencia de una entrada irregular no convierte a una persona en alguien carente de derechos. La legislación contempla procedimientos, garantías y recursos, incluida la asistencia letrada en determinadas actuaciones.
Junto a ella, la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, resulta esencial cuando entre quienes llegan puede haber personas necesitadas de protección internacional. Y aquí aparece uno de los principios fundamentales del Derecho internacional y europeo: el principio de no devolución, que impide devolver a una persona a un lugar donde pueda correr un riesgo grave para su vida, su libertad o su integridad.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea refuerza esta protección. Su artículo 18 reconoce el derecho de asilo y el artículo 19 prohíbe las expulsiones colectivas y protege frente a la devolución hacia lugares donde exista un riesgo grave de pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes.
Todo ello conduce a una conclusión que debería resultar elemental en una sociedad democrática: defender la frontera y defender los derechos humanos no son objetivos incompatibles. España tiene derecho a controlar quién entra en su territorio, impedir entradas irregulares, disponer de medios policiales adecuados y exigir a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos. También tiene derecho a denunciar, investigar y combatir cualquier utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política.
Pero ninguna de esas obligaciones autoriza a deshumanizar a quienes llegan ni permite convertir la frontera en un espacio jurídicamente excepcional donde desaparezcan las garantías fundamentales.
El peligro de la palabra «invasión»
Aquí es donde debemos detenernos especialmente en la palabra «invasión». Puede utilizarse ocasionalmente como metáfora política para expresar la sensación de desbordamiento que experimenta una población ante una entrada masiva y extraordinaria. Pero cuando esa metáfora comienza a presentarse como una descripción objetiva de los hechos, el lenguaje produce una peligrosa confusión entre migración, amenaza militar, delincuencia y agresión territorial.
Hablar sistemáticamente de «invasión» puede convertir a un conjunto extraordinariamente diverso de personas —hombres, mujeres, familias, adolescentes y niños— en una supuesta masa homogénea que amenaza la identidad y la seguridad de la sociedad receptora. La persona desaparece detrás de la categoría; el ser humano queda oculto detrás del enemigo imaginado.
La palabra introduce un marco interpretativo de confrontación. Evoca ocupación, enemigo, defensa, territorio amenazado y necesidad de combatir. Puede activar sentimientos identitarios legítimos —el apego a la propia ciudad, a la propia comunidad y a la propia seguridad—, pero también puede transformarlos en miedo, rechazo y hostilidad hacia quienes son percibidos como «los otros».
Y ahí reside uno de los mayores peligros: la transformación de una crisis fronteriza en una crisis de convivencia.
No sería razonable atribuir a todas las personas que utilizan la palabra «invasión» una intención idéntica. Algunas pueden emplearla simplemente para expresar una percepción subjetiva de desbordamiento. Pero cuando determinados actores políticos o mediáticos convierten sistemáticamente ese término en el marco dominante de interpretación, sus efectos pueden ser mucho más profundos: confundir presión migratoria e invasión militar, exacerbar sentimientos identitarios, alimentar el miedo y favorecer la polarización y la crispación social.
La cuestión no es censurar una palabra. Es examinar críticamente qué realidad construimos cuando elegimos determinadas palabras para nombrar a otros seres humanos.
Una democracia madura debe poder afirmar simultáneamente dos principios que a veces se presentan falsamente como incompatibles: la frontera debe ser protegida y la persona debe ser respetada. La seguridad de la población ceutí es un derecho legítimo. La protección de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea también lo es. Pero igualmente lo son la dignidad humana, la protección de la infancia, el derecho de asilo, la asistencia jurídica, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución.
Por eso, la defensa de los Derechos Humanos Universales no significa negar la existencia de fronteras. Significa afirmar que las fronteras de un Estado democrático están sometidas al Derecho. Una frontera democrática no es una frontera sin control; es una frontera cuyo control se ejerce dentro de la legalidad y sin convertir al extranjero en una persona de inferior dignidad.
Cuando el lenguaje político convierte al migrante en enemigo
Esta cuestión adquiere especial gravedad cuando hablamos de menores. Entre quienes llegaron a Ceuta había miles de niños y adolescentes. Un niño no puede convertirse en una pieza del enfrentamiento entre Estados. Si una estrategia política utilizara deliberadamente a menores como instrumento de presión fronteriza, esa instrumentalización sería moral y políticamente gravísima. Pero la responsabilidad no puede trasladarse sobre los propios menores. El niño utilizado como instrumento de presión sigue siendo, ante todo, un niño que necesita protección.
La misma distinción debe aplicarse al conjunto de las personas migrantes. Si alguien es utilizado por terceros como instrumento de presión, la víctima de esa instrumentalización no se convierte en responsable de la estrategia que la instrumentaliza. Criticar una eventual instrumentalización política de la migración no significa criminalizar a los migrantes. Significa, precisamente, negarse a aceptar que seres humanos puedan ser reducidos a instrumentos de una estrategia geopolítica.
Por eso, frente a la palabra «invasión», necesitamos recuperar un lenguaje más preciso y, al mismo tiempo, más humano: entrada masiva, presión fronteriza, crisis migratoria, emergencia humanitaria, posible instrumentalización de la migración. Cada expresión señala una dimensión diferente del problema sin convertir automáticamente al migrante en enemigo.
La responsabilidad de los discursos políticos
Porque una sociedad democrática no demuestra su fortaleza cuando consigue hablar más alto que el otro, sino cuando es capaz de mantener la racionalidad, la legalidad y la dignidad humana precisamente en los momentos de mayor tensión.
Y por ello resulta necesario expresar también un profundo lamento ante la utilización política de un lenguaje que termina alimentando una visión bélica y deshumanizadora de la crisis. No estamos hablando solamente de declaraciones realizadas durante la crisis de Ceuta de 2021. El término «invasión» continúa siendo utilizado en 2026 por dirigentes políticos para describir la llegada de personas migrantes a Ceuta y construir alrededor de ella un relato de amenaza, guerra y enfrentamiento territorial.
Los ejemplos recientes son significativos. El 30 de julio de 2026, Santiago Abascal, presidente VOX, calificó nuevamente la crisis migratoria de Ceuta como una «invasión» y habló de «hombres en edad militar». El 2 de agosto, volvió a referirse a una «invasión» promovida por Marruecos y a un «acto de guerra híbrida», reclamando la militarización permanente de la frontera. El 31 de agosto volvió a vincular los acontecimientos con una supuesta «guerra híbrida perpetrada por Marruecos».
El 4 de agosto, María García Fúster, portavoz nacional de Sanidad de VOX, afirmó desde Ceuta que la ciudad había sido «invadida» y que España había sido «invadida por su frontera sur». El 8 de septiembre, Pepa Millán, portavoz de VOX en el Congreso, volvió a hablar de una «invasión» y de una «violación de nuestro territorio». Y el 9 de septiembre, el veterano diputado Ignacio Gil Lázaro, que pasó de Alianza Popular al Patido Popular y de este a VOX, afirmó en el Congreso que lo ocurrido en julio «no fue una crisis migratoria, fue una invasión, un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos».
Estos ejemplos muestran la persistencia de un determinado marco discursivo. «Invasión», «acto de guerra», «hombres en edad militar», «violación de nuestro territorio» o «militarización» son expresiones que, acumuladas, trasladan la movilidad humana desde el terreno migratorio, fronterizo y humanitario al terreno del conflicto militar.
Aquí considero legítimo formular una crítica democrática y ética, sin negar a ningún partido su derecho a defender la política migratoria que considere pertinente. Todo ello forma parte del debate democrático. Lo que merece ser cuestionado es la transformación sistemática del migrante en «invasor» y de la frontera en un supuesto frente de guerra, porque ese lenguaje puede contribuir a deshumanizar a quienes llegan y a exacerbar miedo, rechazo y polarización social.
Una persona puede haber cruzado irregularmente una frontera sin ser un invasor. Una presión migratoria puede ser extraordinariamente grave sin constituir una invasión militar. Y un Estado puede encontrarse ante una situación de enorme presión fronteriza sin necesidad de construir un imaginario bélico alrededor de quienes llegan. Las personas no pueden ser convertidas en armas por los Estados, pero tampoco deberían convertirse en armas retóricas de la política.
La crítica, por tanto, no debe dirigirse contra el legítimo debate sobre inmigración, seguridad o fronteras, sino contra la normalización de un vocabulario que puede sustituir la deliberación democrática por la lógica amigo-enemigo. Cuando se repite que estamos ante una «invasión», que quienes llegan son «hombres en edad militar» y que la respuesta debe plantearse en términos de «guerra» y «militarización», existe el riesgo de que la respuesta emocional sustituya a las preguntas que realmente deberíamos formular: ¿qué derechos tienen esas personas?, ¿qué obligaciones tiene el Estado?, ¿qué responsabilidad corresponde a Marruecos? y ¿qué respuesta jurídica resulta adecuada?
La democracia no necesita deshumanizar para defenderse.
España puede y debe proteger sus fronteras; puede exigir responsabilidades a Marruecos; puede reclamar cooperación a la Unión Europea; puede perseguir las redes de tráfico de personas; puede ordenar retornos cuando legalmente procedan y puede reforzar sus dispositivos de seguridad. Pero puede hacer todo ello sin llamar invasores a quienes, en muchos casos, son precisamente las personas más vulnerables de esta tragedia.
Quizá ésta sea una de las pruebas más difíciles de una democracia: defender firmemente sus fronteras sin convertir al extranjero en enemigo; denunciar una eventual estrategia de presión sin deshumanizar a quienes hayan sido utilizados; proteger a sus ciudadanos sin alimentar el miedo; y afrontar una crisis migratoria sin permitir que el lenguaje de la guerra sustituya al lenguaje del Derecho.
Ceuta necesita fronteras seguras. Necesita instituciones eficaces. Necesita cooperación con Marruecos y con la Unión Europea. Necesita políticas migratorias realistas y eficaces. Necesita protección de sus ciudadanos y, especialmente, de sus menores. Pero necesita también algo que quizá sea todavía más difícil: no permitir que el miedo termine definiendo su mirada sobre el otro.
La seguridad de Ceuta merece ser defendida. La dignidad de las personas que llegan a Ceuta también. Y ambas cosas no solo pueden coexistir: en una democracia constitucional, como mínimo como la nuestra y para ello hay que combatir mediante el diálogo y la argumentación fundada en todos los frentes a los pregoneros del odio, la crueldad, el autoritarismo, el dogmatismo y el fascismo.
Ésta debería ser, a mi juicio, una de las grandes lecciones democráticas de la crisis de Ceuta: podemos defender con firmeza nuestro territorio sin negar la humanidad de quien intenta atravesarlo; podemos exigir seguridad sin renunciar a la solidaridad; podemos denunciar una eventual instrumentalización política sin convertir a las personas instrumentalizadas en nuestros enemigos; y podemos discrepar profundamente sobre las políticas migratorias sin alimentar una polarización que termine erosionando precisamente aquello que pretendemos proteger: la convivencia democrática, el Estado de Derecho y el respeto universal a la dignidad humana.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 13 de septiembre de 2026.