Por Roberto Bertossi
Este martes, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional, el presidente Alberto Fernández en uno de sus párrafos, expresó “La Argentina padeció, en distintos momentos de su historia, la aplicación de políticas que determinaron la exclusión de millones de argentinos y argentinas”. Vg., las políticas aplicadas por la dictadura militar.
También añadió que Argentina necesita iniciar un proceso de desarrollo inclusivo que atienda la incorporación de quienes hoy reciben planes sociales y a partir de ellos, asociarlos en cooperativas porque es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular.
“Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza.
“La economía popular puede colaborar con la producción y abastecimiento local y regional de alimentos necesarios para la vida comunitaria en el interior de nuestra Patria. El Estado nacional debe ayudar a que eso se concrete con un criterio estrictamente federal”
En otro orden el Presidente también llamó durante su discurso a “avanzar en reducir las desigualdades que genera la discapacidad, para proteger los derechos de más de 4 millones de argentinos y argentinas”.
En este sentido, anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, “para tener una Argentina justa e inclusiva”, tras recoger las sugerencias de todos los sectores y para que “el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia”(sic)
Resulta cuanto menos contradictorio el discurso presidencial con sus alusiones a las Dictaduras y a que “el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia”
Todo marco normativo debe ser producto de la Democracia y de la Republica, no solo sobre discapacidad.
Tal contradicción presidencial surge de una simple contrastación de sus expresiones con la inercia propia de los Decretos de la Dictadura sostenidos oficialmente a la fecha y desde el año 1973. Concretamente me refiero a los decretos de facto números: 20.337/73 sobre Cooperativas; 21.526/77 sobre Entidades financieras, 20.321/73 sobre Mutuales o el 22.415/81 para el código aduanero; todos vigentes no obstante el advenimiento de la democracia hace 40 años y el imperium de la ley republicana de Defensa de la Democracia, (N° 23.077 de 1984)
Inauditamente qué decir cuando hoy mismo, agentes civiles de gobiernos de facto son consejeros consultos de organismos oficiales de este gobierno nacional, precisamente en materia cooperativa y mutual según captura de pantalla con confronte notarial https://www.argentina.gob.ar/inaes/consejeros o Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; (INAES)
Si en espíritu y en verdad queremos hacer “Cooperativismo en modo Economía Popular”, no podemos menos que encarnar e institucionalizar algunas precisiones y propuestas con absoluta neutralidad politica, a saber:
# Pensemos entonces en términos de Igualdad, la importancia de un Estado social y Democrático de derecho en el que los ciudadanos puedan tener acceso, mediante verdaderas cooperativas de trabajo en el marco de una economía más popular.
# Pensemos cuán importante será lograrlo mediante el incremento y empoderamiento de auténticos cooperativismos regulares.
# Para ello resulta clave, esencial e ineludible el impulso de la Educación Cooperativa entendida como aquella que consiste en la adquisición del hábito de pensar, de ver, de actuar, de hacer y evaluar de acuerdo con los principios cooperativos y su marco axiológico, (Leyes 1.420, 16.583, 23.427 y 26.206).
·# Pensemos al mismo tiempo, la importancia que tiene para la dignidad personal el intervenir con un protagonismo consciente en la autogestión cooperativa y acción vecinal para la provisión de bienes y servicios populares.
# Pensemos ahora en una igualdad de oportunidades en la cual todas las personas en cualquier territorio y bajo cualquier circunstancia, tengan posibilidades concretas mediante cooperativas de la economía popular para acceder a bienes, productos y servicios esenciales, especialmente aquellas personas que habitan zonas de difícil acceso, que tengan limitaciones físicas, geográficas o necesidades sociales especiales.
·# Pensemos también en los beneficios de la articulación federativa y confederativa entre los distintos sectores y subsectores de la economía popular cooperativa para bienes, productos y servicios en los diferentes ámbitos territoriales, como para la mejor vinculación de personas y oportunidades entre éstas cooperativas con las tradicionales de servicios, de crédito, de vivienda, de consumo, etc.
# El fin sería crear un verdadero Sector de Economía Popular (SEP) abierto a una estrategia de afines, incorporando otras formas solidarias de organización empresarial e incluso empresas familiares o pymes, para alcanzar ese punto de masa crítica, que permitiera una cierta invulnerabilidad del sector cooperativo popular frente a competencias abusivas o desleales, y reivindicara instrumentos de apoyo para este sector cooperativo de la economía, de carácter agrario, financiero, comercial, tecnológico, de seguros, de las telecomunicaciones, de genuinos fondos de inversión y de formación, que les permitiera una cierta igualdad en esa competitividad de mercados con los sectores especulativos privados o públicos de la economía, mostrándose así como ´otro´ sector vigoroso, como una opción y cuña promotora, reivindicativa, redignificante; auténtica y genuinamente inclusiva.
# La sinergia de esta alianza tendría, sin lugar a dudas, un efecto multiplicador y un beneficio para todos los ciudadanos por la reducción de costos y el incremento de beneficios, ya que no son estos últimos los motores movilizadores del sector cooperativo de la economía popular sino, una noble y cabal redistribución equitativa en el marco de la reciprocidad mutual.
# Por último pensemos también en un replanteamiento del principio democrático hacia un constitucionalismo solidario que nos ofrezca la disponibilidad de unos instrumentos tan útiles para lograr finalmente, buena parte de todo proyecto transformador y humanamente útil como son y pueden ser las verdaderas Cooperativas de la Economía Popular (CEP) en su combate cotidiano contra la desigualdad, la pobreza y la cultura del descarte.
Finalmente, exigimos del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional:
- La inmediata suspensión y urgente abrogación legislativa en sesiones extraordinarias de “todos” los decretos de facto de todas las Dictaduras; absoluta y definitivamente de todos;
- La inmediata expulsión de los agentes civiles de los gobiernos de facto que hoy integran el Consejo Consultivo del INAES como el desmantelamiento y cese de este órgano público de aplicación, corporativizado antiéticamente sin imparcialidad.
- Consecuente tratamiento jurídico, administrativo y judicial ficto de todas las Cooperativas argentinas conforme al artículo 148 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente.