El franquismo sigue aquí (1)

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Cuando se habla de la marea del odio, en España solemos mirar hacia fuera: a Trump, a Orbán, a Le Pen. Pero nuestro país tiene una particularidad que lo distingue de casi toda Europa occidental. Aquí el fascismo no fue derrotado en una guerra, sino que ganó una. Gobernó durante casi cuatro décadas y su caudillo murió en la cama. Esa singularidad explica mucho de lo que hoy nos ocurre. También explica que ciertas palabras, ciertos gestos y ciertas amenazas resuenen entre nosotros con un eco que en otros países no tienen.

Alemania tuvo Núremberg y, después, una larga y dolorosa pedagogía de la memoria que convirtió el «nunca más» en asignatura escolar. Italia tuvo la Resistencia y una Constitución explícitamente antifascista. Portugal tuvo una revolución de claveles que expulsó del Estado a la policía política salazarista. España no tuvo nada de eso. Tuvo una reforma pactada desde dentro de la legalidad franquista, administrada en buena medida por quienes habían sido sus servidores, y sellada con una ley que impedía juzgar a los responsables de cuarenta años de represión.

Por eso la afirmación que da título a este artículo no es retórica. El franquismo sigue aquí. No como régimen, desde luego. Pero sí como sedimento: en cunetas que todavía guardan a más de cien mil desaparecidos, en una impunidad que nunca se ha levantado, en carreras profesionales que atravesaron intactas el cambio de régimen y en un relato oficial que durante décadas presentó la Transición como un milagro inmaculado. Mientras el pasado no se nombra, no pasa. Se queda, y espera.

Amnistía para los verdugos: la Transición que no juzgó al franquismo

Un régimen nacido de la sangre

La dictadura franquista nació de un golpe militar apoyado por la Falange, el fascismo español fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1933. Se consolidó mediante una represión sistemática que dejó decenas de miles de ejecutados, más de cien mil desaparecidos en fosas y cunetas, y una depuración que alcanzó a maestros, funcionarios y profesionales de todo el país (PRESTON, 2011). Abandonó pronto la retórica fascista más estridente y se presentó como nacionalcatolicismo, pero conservó hasta el final su núcleo moral: la existencia de una «anti-España» a la que no se aplicaban las normas comunes del respeto. El régimen siguió matando hasta el final. El 27 de septiembre de 1975, menos de dos meses antes de la muerte del dictador, fueron fusilados tres militantes del FRAP y dos de ETA. Franco murió firmando sentencias de muerte.

¿Fue modélica la Transición?

Durante décadas, la respuesta oficial a esta pregunta fue un sí rotundo. La Transición se exportó como modelo a América Latina y a Europa del Este. Se enseñó en las escuelas como un relato de concordia: un rey providencial, un presidente audaz, una oposición generosa y un pueblo maduro que, sin rencor, pasó de la dictadura a la democracia «de la ley a la ley». Ese relato no es falso del todo, y conviene decirlo con honestidad. La Transición fue un logro democrático indudable, conquistado con la lucha y el sufrimiento de muchos: obreros, estudiantes, abogados laboralistas, curas obreros, militantes clandestinos que pagaron con cárcel, tortura y exilio cada libertad que después se recogió en la Constitución.

Pero un mito no es una mentira. Es una verdad parcial que se vuelve intocable. Y lo que el mito de la Transición modélica oculta es triple. Oculta que no fue pacífica. Oculta que no fue el fruto exclusivo de la generosidad de las élites, sino de una presión popular formidable. Y oculta que tuvo un precio que todavía pagamos: la impunidad.

Las respuestas de la historiografía a la pregunta se han ido alejando del entusiasmo inicial.

Los defensores. Historiadores como Javier Tusell (1945-2005) o Charles Powell subrayaron el papel de la Corona y de Adolfo Suárez en el desmontaje ordenado del régimen (TUSELL, 1991). Santos Juliá (1940-2019) fue el defensor más sólido y matizado. Sostuvo que no hubo propiamente un «pacto de silencio». La izquierda, a su juicio, decidió conscientemente «echar al olvido» el pasado como arma política, para no repetir la Guerra Civil, y no por amnesia ni por miedo (JULIÁ, 2017). Paul Preston celebró en su día El triunfo de la democracia en España (PRESTON, 1986), aunque en su obra posterior ha insistido en la magnitud de la represión que ese triunfo dejó sin reparar. Entre los líderes políticos, Felipe González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y los sucesivos presidentes del Gobierno han defendido la Transición como la mejor salida posible en un contexto de amenaza golpista real.

Los críticos. Gregorio Morán (1945-2023) fue pionero en desmontar la hagiografía con El precio de la transición (MORÁN, 1991). Ferran Gallego describió el proceso como una operación de supervivencia de las élites franquistas que supieron reformarse para no ser desalojadas (GALLEGO, 2008). Vicenç Navarro habló de una «democracia incompleta», condicionada por una correlación de fuerzas favorable a los herederos del régimen (NAVARRO, 2002). Emmanuel Rodríguez López interpretó el llamado «régimen del 78» como un cierre por arriba de la movilización social de los años setenta (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 2015). Paloma Aguilar mostró cómo la memoria traumática de la guerra condicionó una prudencia que acabó convirtiendo el olvido en condición de la convivencia (AGUILAR, 2008). En el terreno político, Julio Anguita (1941-2020) denunció durante años los límites de aquel pacto, y a partir de 2011 el 15M y las nuevas formaciones de izquierda popularizaron la crítica al «candado del 78».

El mito de la paz. Ni siquiera el rasgo más repetido del relato resiste el examen de los datos. En 2019, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo afirmó que España había salido de la dictadura sin violencia, salvo la de ETA. Los verificadores de datos desmintieron la afirmación, recordando que entre 1975 y 1982 hubo violencia política de muchos otros grupos además de ETA (MALDITA.ES, 2019).

La pregunta, por tanto, admite una respuesta más justa. La Transición fue posible, fue valiosa y fue también un pacto asimétrico, en el que unos renunciaron a la justicia y otros conservaron sus cargos, su honor y su relato. Modélica, quizá, para quienes no tuvieron que renunciar a nada.

Una transición sangrienta

La investigación más exhaustiva sobre la violencia de aquellos años es la de la historiadora francesa Sophie Baby. Baby registra unos 3.200 hechos violentos y 714 muertos en España entre 1975 y 1982, y advierte que se trata de una estimación de mínimos (BABY, 2018). De ellos, 178 muertes fueron causadas por las fuerzas de seguridad del Estado, según Baby, o 162 según Ignacio Sánchez-Cuenca. Este autor, junto a Paloma Aguilar, cifra el total en 665 víctimas y subraya que la Transición española fue más violenta que las de Grecia o Portugal (SÁNCHEZ-CUENCA; AGUILAR, 2009; THE OBJECTIVE, 2026). Mariano Sánchez Soler, por su parte, documentó en La Transición sangrienta la violencia de la extrema derecha y de los aparatos parapoliciales (SÁNCHEZ SOLER, 2010).

Hubo violencia de ETA, que fue la más letal, y del GRAPO. Pero hubo también una violencia de Estado, practicada por la policía y la Guardia Civil en manifestaciones, controles y comisarías, y una violencia ultraderechista que actuó con frecuencia bajo la mirada complaciente de sectores de esos mismos cuerpos. Detrás de las cifras hay nombres:

Vitoria, 3 de marzo de 1976. La policía armada desaloja a tiros una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco de Asís. Mueren cinco trabajadores: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Más de un centenar resultan heridos.
Montejurra, 9 de mayo de 1976. Ultraderechistas armados, con presencia de mercenarios extranjeros, atacan la concentración carlista. Mueren Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero.
Madrid, 23 y 24 de enero de 1977. El estudiante Arturo Ruiz es asesinado por un ultraderechista durante una manifestación proamnistía. Al día siguiente, la estudiante Mari Luz Nájera muere alcanzada por un bote de humo lanzado por la policía.
Pamplona, 8 de julio de 1978. Germán Rodríguez muere por disparos policiales durante la carga en la plaza de toros en plenos Sanfermines.
Madrid, 1 de febrero de 1980. La joven militante Yolanda González es secuestrada y asesinada por un comando ultraderechista autodenominado Batallón Vasco Español.

La matanza de Atocha: el crimen que quiso detener la democracia

Ninguno de estos crímenes condensa tanto como el del 24 de enero de 1977. Baby sitúa la llamada Semana Negra, del 23 al 28 de enero de ese año, como el momento más crítico de la Transición, con una decena de muertos en pocos días (BABY, 2018; REBELIÓN, s.d.).

Aquella noche, nueve personas vinculadas a Comisiones Obreras y al Partido Comunista seguían trabajando en un despacho tras una reunión sobre la huelga del transporte contra el Sindicato Vertical (ECONOMIST & JURIST, 2022). El despacho estaba en el número 55 de la calle Atocha, en Madrid. Hacia las once menos cuarto irrumpieron tres pistoleros de extrema derecha. Buscaban a Joaquín Navarro, dirigente sindical del transporte, que ya se había marchado. Pusieron contra la pared a quienes encontraron y dispararon.

Murieron los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, el estudiante de Derecho Serafín Holgado de Antonio y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Quedaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz. Lola González, pareja de Sauquillo, ya había perdido en 1969 a su anterior compañero, el estudiante Enrique Ruano, muerto bajo custodia de la Brigada Político-Social.

Los asesinos no eran lobos solitarios. La policía detuvo como autores materiales a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, y como autor intelectual a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, es decir, un cargo de la estructura sindical del propio régimen (HISPANOPEDIA, s.d.). García Juliá aparecía en los mítines de Fuerza Nueva como abanderado de Blas Piñar (EL SALTO, 2020). Lerdo de Tejada era sobrino de una secretaria del líder ultraderechista. La investigación sobre la procedencia de las armas y sobre posibles conexiones con la red neofascista internacional nunca llegó al fondo.

La impunidad empezó antes incluso del juicio. Lerdo de Tejada se fugó en abril de 1979, aprovechando un insólito permiso de Semana Santa concedido por el juez Gómez Chaparro, y su delito prescribió en 1997 sin que se conozca su paradero (HISPANOPEDIA, s.d.). Gómez Chaparro procedía, precisamente, del Tribunal de Orden Público (LA VANGUARDIA, 2017). En 1980, la Audiencia Nacional condenó a Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años de prisión cada uno. Albadalejo murió en prisión en 1985. García Juliá huyó en 1994 aprovechando la libertad condicional. Fue localizado en Bolivia, encarcelado allí por narcotráfico y finalmente extraditado desde Brasil en febrero de 2020, con más de diez años de condena pendientes (EL SALTO, 2020). De 193 años de condena, nunca cumplió ni una décima parte.

La respuesta popular fue, sin embargo, la que dio sentido histórico a aquel crimen. Más de cien mil personas acompañaron el entierro de las víctimas en un silencio sobrecogedor, sin una sola provocación, bajo la vigilancia de un Partido Comunista todavía ilegal (HISPANOPEDIA, s.d.). Aquel silencio fue el argumento más poderoso a favor de la legalización del PCE, que llegaría el 9 de abril de 1977. Los asesinos querían provocar el caos que justificara la vuelta atrás. Las víctimas y sus compañeros respondieron con una dignidad que hizo irreversible el camino. Esa es la paradoja de Atocha: la democracia española se construyó también sobre aquellos cuerpos, pero el Estado que nació de ella nunca investigó a fondo quién había armado las manos que los mataron.

La Ley de Amnistía: el perdón que absolvió a los verdugos

La amnistía fue durante años la gran reivindicación de la oposición democrática. «Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía» se gritaba en las calles, y lo que se pedía era la libertad de los presos políticos. Nadie salía a la calle a reclamar el perdón de los torturadores. Sin embargo, eso es lo que acabó incluyendo la ley.

La Ley 46/1977 fue presentada por UCD, las Minorías Catalana y Vasca, el Grupo Comunista y el Grupo Socialista, tramitada por urgencia y aprobada el 14 de octubre de 1977 con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo (ESPAÑA, 1977b; MALDITA.ES, 2023a). En su artículo 2, junto a los delitos de intencionalidad política de los antifranquistas, la ley declaraba amnistiados también (ESPAÑA, 1977a):

«e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas reconocidos en el artículo quinto de la presente Ley.»

Dos apartados, apenas cinco líneas, bastaron para clausurar cuarenta años de torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y desapariciones. Lo que se presentaba como un abrazo entre españoles fue, en realidad, un punto final.

La izquierda lo asumió como el precio de la reconciliación. Marcelino Camacho, en nombre del Grupo Comunista, preguntó en aquel debate cómo podrían reconciliarse quienes se habían estado matando unos a otros si no borraban ese pasado de una vez para siempre (ESPAÑA, 1977b). Era la voz de alguien que había pasado años en la cárcel de Carabanchel, y su sinceridad es incuestionable. La paradoja más cruel llegó, sin embargo, desde la otra bancada. Alianza Popular se abstuvo, y su portavoz fue Antonio Carro Martínez (MALDITA.ES, 2023b). Carro había sido ministro de la Presidencia en el Gobierno de Arias Navarro que dio el «enterado» a la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974. Es decir, el partido de los exministros franquistas ni siquiera votó a favor de la ley que iba a garantizar su propia impunidad. No le hacía falta.

Las consecuencias de esa ley se han prolongado durante casi medio siglo:

Bloqueo judicial. En 2008 el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Terminó él mismo procesado por prevaricación. El Tribunal Supremo lo absolvió en 2012, pero en esa misma sentencia cerró la vía penal interna invocando la Ley de Amnistía, la prescripción y el principio de legalidad (ESPAÑA, 2012).
Desobediencia al derecho internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU (2008), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (2013) y el Relator Especial Pablo de Greiff (2014) pidieron a España que derogara o dejara sin efecto la ley. Su argumento es que los crímenes de lesa humanidad, la tortura y la desaparición forzada no pueden ser amnistiados ni prescriben (NACIONES UNIDAS, 2014). España no la derogó.
El exilio de la justicia. Ante el cierre de los tribunales españoles, las víctimas tuvieron que cruzar el Atlántico. En 2010 se abrió en Buenos Aires la llamada «querella argentina», instruida por la jueza María Servini en aplicación del principio de jurisdicción universal. Es una ironía histórica dolorosa: Argentina, que juzgó a sus dictadores, tuvo que abrir la puerta a las víctimas de la nuestra.
Una reforma insuficiente. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece que todas las leyes, incluida la de Amnistía, deben interpretarse conforme al derecho internacional. Crea además una Fiscalía de Sala para la memoria democrática (ESPAÑA, 2022). Pero no derogó la ley de 1977, y los intentos de abrir causas penales siguen chocando con los mismos muros.

Los beneficiarios de la impunidad

¿Quiénes se beneficiaron de aquel punto final? No fue una abstracción, ni un genérico «aparato del Estado». Tuvo nombres, cargos, medallas y pensiones.

En la policía y la Guardia Civil. Antonio González Pacheco, Billy el Niño, inspector de la Brigada Político-Social, fue señalado por decenas de antiguos detenidos como torturador en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Lejos de ser apartado, recibió condecoraciones que incrementaban su pensión, una de ellas concedida ya en democracia. En 2014, la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina. Murió en 2020 sin haber sido juzgado. Las pesquisas contra él y contra el exguardia civil Jesús Muñecas, también reclamado por la jueza argentina, fueron frenadas por el Gobierno (EL SALTO, s.d.). Muñecas, acusado de torturas, había sido además uno de los asaltantes del Congreso el 23 de febrero de 1981. El comisario Roberto Conesa, figura histórica de la Brigada Político-Social, siguió ascendiendo en la cúpula policial durante la Transición.

En la judicatura. La Audiencia Nacional fue creada el mismo día en que se suprimió el TOP, y no hubo depuración de quienes habían condenado durante catorce años a ciudadanos por reunirse, asociarse o expresar sus ideas. Varios magistrados del TOP prosiguieron sus carreras en altas instancias judiciales (ÁGUILA, 2001). El caso de Gómez Chaparro, el juez que permitió la fuga del asesino de Atocha, es el más elocuente, pero no el único.

En los gobiernos del régimen.

Rodolfo Martín Villa, jefe nacional del SEU, gobernador civil de Barcelona, ministro de Relaciones Sindicales cuando se produjo la matanza de Vitoria y ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979. Después fue vicepresidente del Gobierno y presidente de grandes empresas como Endesa. Es la cara más conocida de los diecinueve altos cargos reclamados por la jueza Servini (EL SALTO, s.d.). Cuando declaró ante el consulado argentino en 2020, recibió cartas de apoyo de cuatro expresidentes del Gobierno de distinto signo. El dato retrata hasta qué punto la impunidad forma parte del consenso fundacional.
Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo cuando fue fusilado el comunista Julián Grimau en 1963, ejecución que defendió públicamente. Fue ministro de la Gobernación durante los sucesos de Vitoria y Montejurra en 1976, y a él se atribuye la frase «la calle es mía». Fue también padre de la Constitución, fundador de Alianza Popular, presidente de la Xunta de Galicia durante quince años y senador hasta 2011.
José Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Antonio Carro y Antonio Barrera de Irimo. La querella argentina pidió su detención como miembros del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Puig Antich (EL SALTO, s.d.). Licinio de la Fuente y Carro estuvieron entre los fundadores de Alianza Popular.
Carlos Arias Navarro, fiscal en la represión de Málaga en 1937, director general de Seguridad y último presidente del Gobierno de Franco. En 1977 concurrió al Senado en las listas de Alianza Popular.

Ninguno de ellos rindió cuentas. Todos murieron, o viven, con honores. Las víctimas, mientras tanto, siguen buscando a sus padres y abuelos en las cunetas con fondos públicos intermitentes y, muchas veces, con las manos de voluntarios.

Del franquismo político al franquismo sociológico

Paloma Aguilar ha estudiado cómo aquel pacto convirtió el olvido en condición de la convivencia (AGUILAR, 2008). El resultado fue un franquismo sociológico, un sedimento de actitudes y relatos que nunca fue confrontado públicamente. Ese sedimento se transmitió en las familias, en las escuelas, en los nombres de las calles y en una Iglesia que bendijo la cruzada y nunca pidió perdón con la claridad debida. Durante décadas quedó contenido dentro de un gran partido conservador: Alianza Popular primero y el Partido Popular después, fundado en 1976 por Manuel Fraga y otros antiguos ministros del régimen (GALLEGO, 2006).

Lo que no se juzga no desaparece; se aplaza. Y lo que se aplaza regresa, a veces con otras banderas y casi siempre con las mismas palabras. Esa es la deuda pendiente de nuestra democracia: no la de haber nacido de un pacto, sino la de haber aceptado que la justicia fuera la moneda con la que se pagaba ese pacto.