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El franquismo sigue aquí (2). De la contención al contagio: normalización de la extrema derecha en España
PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD:
Cuando las fronteras ideológicas se desplazan y el sentido común se envenena
Hay procesos políticos que no se producen de golpe, sino por capas, mediante pequeñas concesiones que, sumadas, terminan cambiando el paisaje entero. La normalización de la extrema derecha en España es uno de ellos. Para comprenderlo no basta con contar escaños. Es necesario mirar cómo se ha ido desplazando la frontera de lo que se consideraba aceptable, qué papel ha desempeñado en ese desplazamiento la derecha democrática y, sobre todo, qué está ocurriendo en la conciencia de una sociedad que empieza a escuchar como normal lo que hace apenas una década habría escandalizado. Porque las democracias no solo se pierden en los parlamentos. También se pierden en las conversaciones, en los patios de los colegios y en las pantallas de los teléfonos.
Una ambigüedad de largo recorrido
El PP no es un partido fascista, o al menos hasta el momento. Es una formación conservadora, integrada en el Partido Popular Europeo, que ha gobernado dentro de las reglas democráticas y que en 2002 se sumó a la condena unánime del golpe de 1936 en el Congreso. Conviene decirlo con claridad, porque la denuncia pierde fuerza cuando se confunden los términos, y porque llamar fascista a todo adversario es una forma de vaciar la palabra justo cuando más la necesitamos.
Pero su relación con la memoria de la dictadura ha sido siempre ambigua. Votó en contra de las leyes de memoria de 2007 y de 2022, cuya derogación ha prometido. Durante los gobiernos de Rajoy dejó sin dotación la exhumación de fosas. Y nunca ha cuestionado con claridad la existencia de fundaciones dedicadas a enaltecer al dictador. Esa ambigüedad funcionó durante años como una forma de contención: el franquismo no se reivindicaba, pero tampoco se combatía. Quedaba en una especie de silencio cómodo, que dejaba sin reparar a las víctimas y sin cerrar las heridas.
Ese silencio tuvo un precio que hoy empezamos a pagar. Una transición que optó por no mirar atrás dejó sin elaborar colectivamente el pasado, y lo que no se elabora no desaparece: permanece latente, a la espera de alguien que lo reactive. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) han mostrado que las democracias contemporáneas rara vez caen por un golpe militar. Se erosionan cuando los partidos tradicionales, que deberían actuar como guardianes del sistema, renuncian a ese papel y abren la puerta a fuerzas autoritarias creyendo que podrán controlarlas. La historia europea del siglo XX está llena de conservadores que pensaron que podían domesticar a la extrema derecha y acabaron domesticados por ella.
La ruptura del dique
La ruptura de aquella contención llegó con Vox, fundado en 2013 por antiguos militantes del PP. Su irrupción se aceleró con la crisis catalana de 2017. Entró en el Parlamento andaluz en 2018 y en noviembre de 2019 alcanzó 52 escaños en el Congreso. Desde 2022 gobernó en coalición con el PP en varias comunidades, y aunque aquellas coaliciones se rompieron en 2024, el ciclo electoral de 2025 y 2026 las ha devuelto con un contenido nuevo.
España no es una excepción, sino un capítulo de un fenómeno global. Cas Mudde (2021) describe la extrema derecha actual no como una anomalía que irrumpe desde los márgenes, sino como una radicalización de ideas que ya circulaban en el centro de nuestras sociedades: el nativismo, el autoritarismo y el populismo. Su éxito no depende solo de sus votos, sino de su capacidad para que los demás partidos hablen su lenguaje. Cuando eso ocurre, la extrema derecha ya ha ganado algo más importante que unas elecciones: ha ganado el marco.
«Prioridad nacional»: la genealogía de una palabra
Los acuerdos de Extremadura y Aragón incorporaron por primera vez la «prioridad nacional», una novedad en los pactos entre ambos partidos que la dirección del PP aceptó para investir a sus presidentes, y que Vox tradujo públicamente como prioridad de los españoles en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones. La expresión no es inocente: procede de la préférence nationale del Frente Nacional francés. Las palabras viajan, y con ellas viajan también las visiones del mundo que las sostienen.
Desde el punto de vista ideológico, la «prioridad nacional» condensa el núcleo del nativismo: la idea de que la comunidad política pertenece a un «nosotros» originario y que los demás son, en el mejor de los casos, huéspedes tolerados. Umberto Eco (2018) señaló entre los rasgos recurrentes del fascismo el miedo a la diferencia y la búsqueda de un enemigo externo que dé cohesión al grupo. No hace falta que existan camisas negras para que esos rasgos operen. Basta con que la escasez de vivienda o de ayudas se explique señalando al extranjero en lugar de señalar las causas estructurales de esa escasez.
Desde el punto de vista ético, la cuestión es todavía más grave. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y en el segundo que esos derechos no dependen del origen nacional. La dignidad no se reparte por pasaporte. Cuando un derecho social se condiciona a la nacionalidad, se introduce una jerarquía entre seres humanos, y toda jerarquía de dignidad es la antesala de la crueldad.
En Castilla y León, el nuevo pacto, que sirvió para investir a Mañueco en junio, abre su apartado de inmigración rechazando la llegada de más menores extranjeros no acompañados. Niños y adolescentes, solos, convertidos en problema. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a atender siempre al interés superior del menor, sin distinción de origen. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo cuando el primer gesto político ante un niño solo es cerrarle la puerta?
El caso andaluz: cuando el poder desplaza las fronteras
En Andalucía, Moreno perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de mayo de 2026 y, tras fracasar inicialmente su investidura, acabó obteniendo la presidencia mediante un pacto de gobierno con Vox, firmado el 2 de julio, que permitió a la extrema derecha entrar en el Ejecutivo con una vicepresidencia y competencias propias. El acuerdo, articulado en torno a 150 medidas, incorpora la exigencia de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y recursos públicos, una concesión significativa a la que Moreno se había resistido durante la campaña, calificándola de «eslogan hueco».
La contradicción entre su discurso de moderación y su disposición a asumir parte del programa de Vox revela hasta qué punto las fronteras ideológicas pueden desplazarse cuando está en juego el poder. Lo que ayer era inaceptable hoy se firma. Y aquí aparece una paradoja política bien conocida: cuando los partidos tradicionales adoptan el discurso de la extrema derecha para frenarla, no la debilitan, sino que la legitiman. El votante tiende a preferir el original a la copia. Cada concesión presentada como mal menor se convierte en el nuevo punto de partida de la siguiente exigencia.
El caso andaluz importa, por tanto, no solo por la normalización institucional de la extrema derecha, sino también porque muestra las tensiones que esta estrategia suscita dentro del propio PP, entre quienes aceptan el acercamiento a Vox y quienes temen que termine desdibujando la identidad política del partido. Es en esas tensiones donde todavía queda espacio para la responsabilidad democrática.
Sociología del contagio
¿Por qué ahora? La extrema derecha no crea el malestar, pero sabe nombrarlo y canalizarlo. Crece sobre un suelo abonado por décadas de precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda, debilitamiento de los vínculos comunitarios e incertidumbre ante un futuro que muchos jóvenes perciben bloqueado. Un individualismo radical que nos ha enseñado a competir en lugar de cooperar nos deja solos ante el miedo, y el miedo solitario busca culpables cercanos.
A ello se suma una transformación profunda del espacio público. Las redes sociales no son neutrales: sus algoritmos premian la indignación, la simplificación y el enfrentamiento, porque eso es lo que retiene la atención. En ese ecosistema, el mensaje que señala a un enemigo se difunde mucho más rápido que el que explica la complejidad de un problema. Así se desplaza lo que los analistas llaman la ventana de lo decible: ideas que eran impensables se vuelven radicales, luego discutibles, después razonables y finalmente sentido común.
Antonio Gramsci comprendió hace casi un siglo que el poder no se sostiene solo con la fuerza, sino con la hegemonía, es decir, con la capacidad de que una visión particular del mundo sea vivida como natural y evidente. La batalla que hoy se libra no es únicamente electoral. Es cultural, y por eso es también educativa.
El desplazamiento del sentido común
Lo decisivo no es solo la aritmética, sino el desplazamiento del sentido común. En el barómetro del CIS de octubre de 2025, casi uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años (19,6 %) consideraba que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos. Medio siglo después de la muerte del dictador, una parte de nuestros alumnos está descubriendo el franquismo no en los libros, sino en las redes, y lo está descubriendo embellecido: sin represión, sin fosas, sin miedo, sin exilio.
Ese descubrimiento no ocurre en el vacío. Ocurre en un clima que las palabras de los dirigentes políticos han ido envenenando. ¿Qué puede pensar un joven cuando ve que lo que se presentaba como extremo se incorpora con naturalidad a los acuerdos de gobierno? ¿Cómo distinguir entre memoria y nostalgia si nadie se la ha enseñado? ¿Cómo va a valorar la libertad quien nunca ha conocido su ausencia y solo ha recibido de la dictadura una imagen de orden y seguridad?
No conviene culpar a los jóvenes. Esa nostalgia sin memoria es, en buena medida, el fruto de lo que los adultos no supimos transmitir. Es el reverso de aquel silencio cómodo de la Transición.
¿Qué puede hacer la educación?
Aquí la cuestión deja de ser solo política y se vuelve profundamente educativa. Theodor W. Adorno (1998) escribió que la primera exigencia de toda educación es que Auschwitz no se repita, y que para ello era necesario formar personas capaces de reflexión autónoma, de resistir la presión del grupo y de no someterse ciegamente a la autoridad. Esa exigencia sigue intacta.
Educar contra el contagio no significa adoctrinar en sentido contrario ni responder con prohibiciones, que suelen alimentar la fascinación por lo prohibido. Significa, al menos, cuatro cosas. Primero, enseñar la historia mirando a las víctimas, como pedía Walter Benjamin, porque solo desde ellas se comprende el verdadero rostro de una dictadura. Segundo, alfabetizar críticamente en el uso de las redes, para que nuestros alumnos aprendan a preguntarse quién habla, con qué intereses y qué se calla. Tercero, cultivar el diálogo como práctica cotidiana, también con quienes piensan distinto, porque la democracia no se aprende en los libros sino ejerciéndola en el aula. Y cuarto, educar la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, porque la crueldad empieza siempre cuando el otro deja de ser alguien para convertirse en algo.
Paulo Freire (1997) nos recordó que la educación no es neutral y que enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Frente al contagio del odio, la escuela puede y debe propiciar otro contagio: el de la memoria, la ternura, el respeto y la convivencia. Como canta Pedro Guerra, que nos contaminemos de lo distinto, porque en ese mestizaje está la mejor defensa de la democracia.
Referencias
ADORNO, Theodor W. La educación después de Auschwitz. In: ADORNO, Theodor W. Educación para la emancipación. Madrid: Morata, 1998.
ECO, Umberto. Contra el fascismo. Barcelona: Lumen, 2018.
FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía. México: Siglo XXI, 1997.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel, 2018.
MUDDE, Cas. La ultraderecha hoy. Barcelona: Paidós, 2021.
Juan Miguel Batalloso Navas
Camas (Sevilla) a 17 de octubre de 2026