El franquismo sigue aquí (3). La gramática del insulto en el Parlamento

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PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD:
Cómo el insulto convertido en método enseña a negar al adversario y erosiona la democracia desde su propia tribuna

Las palabras nunca son inocentes

En la primavera de 1995, en una conferencia pronunciada en la Universidad de Columbia con motivo del cincuenta aniversario de la liberación de Europa, Umberto Eco (1932-2016) propuso una lista de catorce rasgos característicos de lo que llamó Ur-Fascismo o fascismo eterno. No pretendía describir un régimen histórico concreto, sino una constelación de actitudes que pueden reaparecer por separado, incompletas y disfrazadas, y que basta con que una sola de ellas cristalice para que alrededor de ella se coagule todo lo demás (ECO, 1995). El cuarto de esos rasgos sostiene que, para el fascismo eterno, el desacuerdo es traición: quien discrepa no es un adversario con razones, sino un enemigo que ha traicionado a la patria (ECO, 1998). Eco advertía, además, que el fascismo no suele regresar con camisa negra ni paso de oca, sino bajo las apariencias más inocentes, y que nuestro deber es desenmascararlo en cada una de sus formas nuevas, día tras día y en cualquier lugar del mundo.

Los 14 rasgos del fascismo eterno de Umberto Eco

Más de dos décadas después, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt llegaron por otro camino a una conclusión semejante. Tras estudiar cómo se habían quebrado democracias en Europa y América Latina, sostuvieron que las constituciones escritas no bastan para protegerlas, y que lo que realmente las sostiene son dos normas no escritas, dos «barandillas» de la democracia: la tolerancia mutua y la contención institucional. La primera consiste en aceptar que los rivales, mientras respeten las reglas, tienen el mismo derecho que nosotros a existir, competir por el poder y gobernar. Entre los cuatro indicadores de comportamiento autoritario que estos autores proponen figura precisamente la negación de la legitimidad del adversario, que se manifiesta cuando se le presenta como subversivo, criminal, agente de una potencia extranjera o amenaza existencial para la nación (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018).

Victor Klemperer (1881-1960), filólogo judío que sobrevivió al nazismo en Dresde, dejó escrita en sus diarios la observación más inquietante que conozco sobre este asunto. Las palabras, decía, pueden actuar como dosis minúsculas de arsénico: se ingieren sin advertirlo, parecen no surtir efecto alguno y, al cabo de un tiempo, el efecto tóxico se manifiesta (KLEMPERER, 2001). El Tercer Reich no inventó demasiadas palabras nuevas; lo que hizo fue cambiar el valor de las existentes, repetirlas hasta la saturación y convertirlas en hábito mental colectivo. Paulo Freire (1921-1997), desde la otra orilla del Atlántico y desde la pedagogía de los oprimidos, lo formuló en términos complementarios: la palabra verdadera es aquella que une acción y reflexión, que pronuncia el mundo para transformarlo y que solo puede decirse en diálogo; la palabra que se usa para negar al otro no es palabra, sino antidiálogo, y el antidiálogo es siempre un instrumento de dominación (FREIRE, 2005).

Por eso pocas cosas miden mejor el deterioro de la primera barandilla democrática que el vocabulario con el que se nombra al adversario en la sede de la soberanía popular. El Parlamento, cuya etimología remite al acto de hablar, es la institución que las sociedades modernas inventaron para que las palabras ocuparan el lugar de las armas. Cuando en ese recinto se instala el insulto como método, algo muy antiguo y muy oscuro regresa por la puerta principal. La pregunta, entonces, no es solo quién insulta, sino qué nos están enseñando los insultos, a quién se dirigen y qué tipo de ciudadanía están educando.

Cuando la derecha abrió la puerta

El insulto convertido en método no empezó con Vox, y conviene decirlo con claridad porque esa es precisamente una de las claves del problema. El 24 de octubre de 2018, apenas tres meses después de su elección como presidente del Partido Popular, Pablo Casado preguntó desde la tribuna al presidente del Gobierno si no se daba cuenta de que era «partícipe y responsable» de un golpe de Estado que, según él, se estaba perpetrando en España (PÚBLICO, 2018). La acusación era de tal calibre que el Gobierno dio por rotas las relaciones con el líder de la oposición, por considerar que había perdido el respeto institucional; Casado, lejos de rectificar, matizó al salir del hemiciclo que lo que se estaba produciendo en Cataluña era «un golpe al Estado» (EL INDEPENDIENTE, 2018).

En febrero de 2019, con motivo de la propuesta de un relator para la mesa de diálogo entre partidos en Cataluña, el registro subió varios grados. Casado calificó al presidente del Gobierno de «felón», habló de «alta traición» a España, lo declaró «deslegitimado» para seguir gobernando y presentó la figura del relator como «el hecho más grave en democracia desde el 23F» (HISPANIDAD, 2019). La escalada culminó el 10 de febrero en la madrileña plaza de Colón, donde los líderes del PP, Ciudadanos y Vox posaron juntos en una concentración contra el Gobierno. Aquella fotografía marcó un antes y un después: la extrema derecha, que hasta entonces había permanecido en los márgenes, quedaba integrada en el paisaje de la oposición respetable.

Las palabras elegidas no eran neutras. «Felón» es el adjetivo con el que la historiografía liberal española bautizó a Fernando VII, el rey que traicionó la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo a sangre y fuego. «Traidor» y «golpista» son vocablos que la memoria española asocia a 1936, a los consejos de guerra sumarísimos, a las sacas y a los fusilamientos. Introducirlos en el repertorio ordinario de la oposición parlamentaria no fue un exceso retórico pasajero, sino una operación de desplazamiento: lo que antes era impensable se volvió primero decible y después habitual. Cuando un partido de gobierno legitima ese léxico, quienes vienen detrás ya no necesitan inventarlo; les basta con llevarlo un poco más lejos.

El machismo como argumento

Vox llevó ese repertorio mucho más lejos, y lo hizo explorando otras regiones del catálogo de Eco. El 23 de noviembre de 2022, durante el debate de los presupuestos del Ministerio de Igualdad, en plena polémica por las rebajas de condenas derivadas de la aplicación de la llamada ley del «solo sí es sí», la diputada Carla Toscano tachó a la ministra Irene Montero de «libertadora de violadores». A continuación, tras reprocharle haber insultado a una judicatura formada por profesionales que habían estudiado años de Derecho y oposiciones, le espetó que su «único mérito» había sido «estudiar en profundidad a Pablo Iglesias», su pareja (ARA, 2022).

Las bancadas de la izquierda reaccionaron golpeando los escaños, mientras los diputados de Vox aplaudían a su compañera. Montero, visiblemente emocionada, pidió que constara en el Diario de Sesiones la violencia política que se estaba ejerciendo en ese momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borrara (THE OBJECTIVE, 2022a). El vicepresidente que presidía la sesión, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llamó al orden a la diputada y le pidió que retirara sus palabras; ella se negó, y la expresión fue finalmente retirada del Diario de Sesiones. Vox, por su parte, denunció haber sufrido un «escrache» y acusó a la Presidencia de sectarismo (ARA, 2022).

Es un ejemplo de manual del duodécimo rasgo de Eco, el machismo, que desprecia a la mujer y la reduce a su relación con un hombre. Lo que se le niega a la ministra no es solo la razón en un debate concreto, sino la autonomía misma de su biografía: su trayectoria queda convertida en un apéndice de la de su pareja. El machismo, cuando un partido lo convierte en estrategia deliberada desde la tribuna del Congreso lo está devolviendo, legitimado, a toda la sociedad.

Colgar de los pies: la sombra de Piazzale Loreto

Un mes después de la investidura de noviembre de 2023, en Buenos Aires, adonde había viajado para asistir a la toma de posesión de Javier Milei, el líder de Vox, Santiago Abascal, concedió una entrevista al diario argentino Clarín, publicada el 10 de diciembre. En ella afirmó que Sánchez carecía de principios y que «habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies» (EL INDEPENDIENTE, 2025). En España, y en cualquier lugar de Europa con memoria, esa imagen evoca inevitablemente el cadáver de Benito Mussolini, colgado boca abajo junto al de Clara Petacci en la marquesina de una gasolinera de la plaza Loreto de Milán en abril de 1945, tras haber sido fusilados por los partisanos (ARA, 2023).

El PSOE presentó el 13 de diciembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, mediante decreto de 10 de enero de 2024, abrió diligencias de investigación por presuntos delitos de odio e injurias y calumnias contra altos organismos (VALENCIA PLAZA, 2024). Vox alegó que se había manipulado una frase sacada de contexto. Y el propio Abascal, lejos de matizar, ironizó al día siguiente en el Congreso con que ya no se podría decir ni «correr a gorrazos», ni «mantear», ni «colgar de los pies», ni «echar a la hoguera» (EL INDEPENDIENTE, 2023). La lista de expresiones, en apariencia jocosa, es reveladora: todas pertenecen al repertorio del castigo físico, la humillación pública y la violencia colectiva.

Conviene dejar constancia de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenó las palabras de Abascal, que calificó de «lamentables». Pero lo hizo de un modo que merece atención: les reprochó sobre todo que dieran juego a la estrategia de Sánchez de dividir España levantando un «muro» entre las dos Españas (ARA, 2023). Es decir, la condena del insulto se convertía, en la misma frase, en un nuevo reproche al insultado. Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, las palabras de Abascal desbordaban todos los límites de las reglas democráticas y constituían, con ironía, un «delito de lesa democracia» que no figura en ningún código (PÚBLICO, 2023).

La historia judicial terminó como suelen terminar estas historias. En septiembre de 2025 el Tribunal Supremo rechazó la querella del PSOE: reconoció que las expresiones de Abascal evidenciaban una oposición frontal y radical a la persona y a la gestión de Sánchez, pero concluyó que no alcanzaban el umbral de antijuridicidad penal, porque el derecho penal no puede activarse simplemente porque un discurso produzca o refuerce sentimientos de aversión hacia el oponente político (EL INDEPENDIENTE, 2025). La resolución puede ser jurídicamente impecable. Pero nos deja ante una evidencia incómoda: que algo no sea delito no significa que sea democrático. La barandilla de la tolerancia mutua no la custodian los jueces, sino la conciencia cívica, la ética pública y la educación.

Ceuta, 2026: «traidor», letra a letra

El pasado septiembre, el lenguaje dio un paso más. El telón de fondo fue la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio de 2026, cuando unas 72.000 personas procedentes de Marruecos entraron de forma irregular en la ciudad autónoma por el espigón fronterizo y a nado, según las cifras ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La inmensa mayoría regresó en los días siguientes, pero la tragedia se cobró, al día de hoy, más de 141 vidas en aguas españolas. El presidente del Gobierno, que se desplazó a la ciudad, calificó lo sucedido de violación de la integridad territorial de España (LA RAZÓN, 2026). Los analistas barajaron diversas causas, desde una sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente hasta el posible uso de los flujos migratorios como arma de presión diplomática por parte de Rabat (DIARIO LIBRE, 2026).

El 2 de septiembre, en una concentración en la plaza de Cibeles, Abascal llamó a Sánchez «traidor», «lacayo» de Marruecos y «psicópata peligroso» (INFOBAE, 2026a). Al día siguiente, en el pleno extraordinario del Congreso sobre la crisis de Ceuta, abrió su intervención con una letanía: «traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido». Llamó al presidente «embajador de Marruecos en España» y «virrey de Al-Ándalus», afirmó que no le importaría ser «el virrey de Mohamed VI» si no lograba su sueño de ser jefe del Estado y le reprochó que Marruecos «no es su amigo, es su amo» (INFOBAE, 2026b). Reclamó, además, que el PP se sumara a la activación del artículo 102 de la Constitución para que el presidente fuese juzgado por traición (LANZA, 2026), un procedimiento que la Carta Magna reserva para los delitos de traición o contra la seguridad del Estado y que exige la iniciativa de una cuarta parte del Congreso y la aprobación de su mayoría absoluta (ESPAÑA, 1978). Tampoco aquí estuvo sola la extrema derecha: el líder del PP preguntó en la misma sesión al presidente qué sabía Marruecos de él (LIBERTAD DIGITAL, 2026).

En la sesión de control del 9 de septiembre, Abascal preguntó a Sánchez si estaba siendo chantajeado por Rabat por la información que tenía sobre la corrupción de su familia y de su Gobierno, y se respondió a sí mismo que sí. Sánchez replicó que tenía guasa que le hablara de chantajes quien llevaba al cuello la «correa» de Estados Unidos e Israel, y remató con una frase igualmente áspera: «yo seré un perro, pero no tengo amo» (PRESSDIGITAL, 2026). Fue entonces cuando Abascal, desde su escaño, fue levantando uno a uno varios folios que componían, en mayúsculas, la palabra T-R-A-I-D-O-R (EL DEBATE, 2026). En esa misma intervención había reprochado al Gobierno que su «sistema educativo» consistiera en «cultura marroquí, lengua árabe y menús halal» en los comedores escolares (OKDIARIO, 2026).

En apenas unas intervenciones aparecen reunidos varios rasgos del catálogo de Eco: el desacuerdo como traición (cuarto), el miedo a la diferencia y al intruso (quinto), la obsesión por el complot y por el enemigo exterior (séptimo), y el migrante convertido en «invasor», pieza central del imaginario del gran reemplazo. Y aparece, sobre todo, la negación del derecho del adversario a gobernar, que es exactamente el indicador autoritario que Levitsky y Ziblatt situaban en el corazón de la quiebra democrática. Hay además un detalle que a un educador no puede pasarle inadvertido: la escuela, la lengua y la comida de los niños convertidas en campo de batalla identitario. Quien presenta la presencia de una cultura en el aula como una amenaza no está hablando de educación, sino de pureza.

El intercambio dejó también una lección sobre el contagio. El presidente del Gobierno, al responder con la imagen del perro y la correa, aceptó jugar en el terreno que su adversario había elegido. Esa es la trampa más eficaz de la gramática del insulto: obliga a todos a hablar su idioma. Y un Parlamento en el que todos hablan el idioma del insulto ya ha perdido, aunque nadie lo haya votado, una parte de su razón de ser.

Fusilar dos veces: las Trece Rosas

La reescritura del pasado forma parte de la misma gramática. El 4 de octubre de 2019, en Los desayunos de TVE, el entonces secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirmó que de las llamadas Trece Rosas se había mentido en la historia, y que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente en las checas de Madrid (MALDITA.ES, 2019). Las Trece Rosas fueron trece jóvenes de entre 18 y 29 años, casi todas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, condenadas a muerte el 3 de agosto de 1939 por el Consejo de Guerra Permanente número 9 por un delito de «adhesión a la rebelión», y fusiladas dos días después junto a las tapias del cementerio del Este de Madrid, en una causa en la que se condenó a la pena capital a 57 de los 58 procesados (MALDITA.ES, 2019); (FONSECA, 2004).

Ni la sentencia ni el sumario del caso, consultados en el Archivo Histórico de Defensa, recogen participación alguna de ellas en torturas, asesinatos o violaciones (MALDITA.ES, 2019). La propia acusación franquista, que no se distinguía por sus escrúpulos, no les imputó delito alguno contra las personas. Lejos de rectificar, Ortega Smith se ratificó ese mismo día en redes sociales: si tanto querían memoria histórica, escribió, que no se pusieran nerviosos cuando les recordaban la parte de la historia que intentaban ocultar; «no eran trece rosas, eran trece asesinas» (THE OBJECTIVE, 2019).

Familiares de las jóvenes y la Asociación Centro Cultural Trece Rosas lo denunciaron, y la unidad especializada en delitos de odio de la Fiscalía General del Estado consideró que sus palabras podían ser constitutivas de un delito de odio (VOZPÓPULI, 2020). El Tribunal Supremo, sin embargo, inadmitió la querella al entender que las declaraciones no constituían delito de incitación al odio, calumnias ni injurias graves, y el Tribunal Constitucional inadmitió inicialmente el recurso de amparo, aunque su propia Fiscalía le pidió en enero de 2022 que reconsiderara esa decisión (QUÉ!, 2022). Una vez más, la vía penal se reveló insuficiente para proteger la dignidad de los muertos.

Difamar a las víctimas de un fusilamiento es otra manera de volver a fusilarlas. Julia Conesa, una de las trece, escribió a su madre la víspera de su muerte una carta que terminaba con un ruego: que su nombre no se borrara de la historia (FONSECA, 2004). Ochenta años después, un diputado de las Cortes democráticas no intentó borrarlo: hizo algo peor, lo manchó. Y lo hizo en la televisión pública, sin consecuencias, con la naturalidad de quien sabe que la impunidad del franquismo, que nunca fue juzgado, sigue amparando a quienes hoy reescriben su relato.

Lo que enseña el insulto

Rita Segato ha llamado «pedagogías de la crueldad» a todos aquellos actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos para transmutar lo vivo en cosa, para mirar el sufrimiento ajeno sin conmoverse y para acostumbrarse a un paisaje de violencia que reduce la empatía (SEGATO, 2018). El insulto parlamentario sistemático es una de esas pedagogías. No se dirige tanto al insultado como al público: enseña qué se puede decir, de quién, con qué palabras y sin qué consecuencias. Cada vez que un insulto queda impune en la tribuna, millones de ciudadanos, y entre ellos muchos niños y adolescentes, aprenden que el adversario no es alguien con quien se discute, sino alguien a quien se degrada.

¿Qué aprende un estudiante que escucha en el Congreso que su compañera de pupitre, hija de familia marroquí, forma parte de una invasión? ¿Qué aprende una joven que oye decir a una diputada que el único mérito de una ministra es su pareja? ¿Qué aprende cualquiera de nosotros cuando quienes llaman asesinas a trece muchachas fusiladas siguen ocupando un escaño con total normalidad? Aprendemos, como advertía Klemperer, por dosis minúsculas. Aprendemos sin darnos cuenta. Y un día descubrimos que el arsénico ya forma parte de nuestra sangre.

La respuesta no puede ser solo penal, porque los tribunales han mostrado una y otra vez sus límites, ni puede consistir en contestar con la misma moneda, porque eso es aceptar el idioma del adversario. La respuesta es, ante todo, educativa y ética: una contra-pedagogía de la palabra verdadera, del diálogo freireano, de la memoria democrática y de la tolerancia mutua entendida no como debilidad, sino como forma superior de la convivencia. Necesitamos aprender de nuevo a nombrar al otro sin negarlo. Porque la democracia empieza a morir mucho antes de que se cierren los parlamentos: empieza a morir cuando en ellos se deja de hablar y solo se insulta.