KRISIS

El malestar de la vida política de España (III)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

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LA CARGA DE LOS MAMELUCOS. Francisco de Goya (1746-1828)


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V

Corrupción política

La falta de ejemplaridad  de altos representantes de las instituciones y de los partidos políticos por corrupción y malversación de  dinero público, y la errática  estrategia de  éstos, constituye  una  de las causas de la crisis  que  arrastra desde hace muchos años el conjunto del sistema político. Aunque los procedimientos judiciales que han sido objeto de la corrupción, se han caracterizado  por su lentitud , no obstante,  los casos  más llamativos, en la dos últimas décadas,  siguen su curso en los tribunales de justicia (Gurtel, Lezo, Púnica, Papeles de Bárcenas, Kitchen, Villarejo, Zaplana, Jordi Pujol e Hijos, ex alcaldesa  de Alicante, Sonia Castedo); o tienen   sentencias firmes (Urdangarín, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Carlos Fabra, Unión Democrática de Cataluña), o las sentencias dictadas están  recurridas  ante el Tribunal Supremo (ERES en Andalucía). La casuística  de la corrupción ha sido  muy amplia y está muy  relacionada, en primer lugar,  con la financiación  ilegal de los partidos  políticos, que han otorgado contrataciones de obras  y servicios públicos a empresarios, a cambio de hacer éstos, fuertes  donativos  al partido político que gobierna en determinadas  instituciones políticas. En segundo lugar, también ha sido frecuente la percepción de comisiones para  beneficio personal  de  algunos políticos con responsabilidad  en  altos cargos  de la Administración; y finalmente, los supuestos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por la falta de diligencia en la administración y control del uso de dinero público. En este mundo de conductas  reprobables, últimamente  ha surgido  el caso de  presuntas irregularidades, por donativos  recibidos por el Rey emérito  Juan Carlos I. Éstos  no fueron en su día  declarados a la Agencia Tributaria y  tras  las investigaciones realizadas por el Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria, se han regularizado con posterioridad. Asimismo, se están investigando otras posibles  irregularidades del Rey emérito que podrían ser  constitutivas de  presuntos  hechos ilícitos.

El malestar que suscitan estas conductas  corruptas, no siempre han generado reacciones homogéneas de rechazo y reprobación  en el electorado, por razones  ideológicas o de tipo cultural de muy difícil  comprensión. Cualesquiera que sean  los supuestos de corrupción de los dirigentes  y partidos  políticos, parece obvio que la lucha  contra esta lacra de la democracia, que está  presente también   en otros sistemas políticos homologables y no democráticos, será muy difícil erradicar  mientras  los ciudadanos  no castiguen en las urnas  este tipo de conducta corrupta. No obstante  es muy aconsejable endurecer las  sanciones penales impuestas por los tribunales de justicia, a las personas  físicas y jurídicas que incurran  en corrupción, mediante  las reformas legales  que sean necesarias.

VI

Terrorismo

De otra parte, un factor  que ha desempeñado una influencia notable en el estado de ánimo de los ciudadanos, durante las primeras décadas de la Democracia, han sido  las acciones terroristas tanto de ETA como del yihadismo y las reacciones políticas desencadenadas por las distintas   fuerzas políticas. Durante cuatro décadas, el terrorismo  ya fuese  de ETA,  del  islamismo radical  o de la  extrema  derecha, pretendió desestabilizar  la Democracia en España,  con un balance  de muertos  que han superado el millar, de los que  ETA ha sido responsable de la mayoría y  otra cifra  elevada de heridos de distinta  consideración. El terrorismo de ETA  se inició en la segunda  mitad del siglo XX, en la década de los 60, durante la Dictadura de Franco, que culminó con el atentado del entonces  Presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, perpetrado en Madrid, el 20 de Diciembre de 1973.

Con la llegada de la Democracia  en el año de 1977, continuaron los atentados de ETA, del GRAPO, y de la extrema  derecha. Pese a la concesión de la amnistía  en octubre de  1977, ETA  prosiguió con los atentados  terroristas con numerosas muertes de  guardias civiles, policías, militares,  políticos y civiles. La Democracia  ha vencido  al terrorismo del GRAPO  y de  ETA,  tras   el comunicado del otoño de 2011, en el que  anunciaba el  cese definitivo  de  la actividad   armada  de ETA y el abandono de las armas, siendo Ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Posteriormente  anunció su disolución.

Una nueva modalidad de terrorismo a escala mundial y en España  irrumpió  con  el atentado del yihadismo  de los trenes de cercanías en Madrid  el 11 de Marzo de 2004. Fue el más devastador,  de los hasta entonces conocidos por las innumerables muertes y heridos en una mañana, de todo  el período  democrático. Sin embargo, desde  entonces, se ha avanzado  en el desmantelamiento  de la infraestructura  yihadista, a pesar  de la gravedad  de los atentados de Agosto de 2018  en Barcelona y Cambrils.  Importa señalar que  la respuesta   de los partidos políticos ha sido muy desigual  a lo largo de la democracia española. La conducta   seguida en la lucha  antiterrorista fue muy distinta, según  el partido político que estuviese en el Gobierno  de España  o en la oposición.

En la primera década democrática tanto el Gobierno de  UCD  y del PSOE, desarrollaron   a política  antiterrorista con el apoyo  de la oposición (UCD  con el apoyo de la oposición del PSOE y del PCE y minorías Nacionalistas. Tras el triunfo del PSOE en 1982, la política antiterrorista  contó con el apoyo de Alianza Popular, siendo presidente Manuel Fraga Iribarne, y del PCE  con Santiago Carrillo además de las minorías Nacionalistas). Sin embargo, en la segunda década  democrática, la política antiterrorista, considerada  asunto de Estado hasta ese momento,  formó parte de la lucha  partidista y electoral, con la  refundación de Alianza  Popular en el año 1989, al  llegar a la presidencia José María Aznar, y transformarse en  Partido Popular. Desde  ese momento, en la segunda  década, se rompió  la unidad de la lucha  antiterrorista,  protagonizada hasta entonces por ETA, con el continuo  hostigamiento del PP en sede parlamentaria  y en los medios de información afines. Se  responsabilizó al Cobierno del PSOE, de intentar  tender puentes de dialogo  con el sector  más predispuesto  de los terroristas, (diálogo  que anteriormente practicó UCD, con éxito,  con el sector de ETA politico-militar); se le acusó   de  apoyar los atentados de los GAL, grupo formado por  individuos  adscritos  a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que actuaban  contra ETA. Hasta tal punto fue la ofensiva  contra el Gobierno del PSOE, que el mismo presidente  Felipe Gonzalez, compareció ante el Tribunal Supremo, acusado de ser el responsable de organizar el GAL. Esta causa, no obstante, fue archivada  por el Tribunal Supremo.

En la tercera  década democrática, tras el triunfo electoral del  PP de 1996, el nuevo Gobierno  presidido  por José María Aznar, hizo frente  a  los sucesivos  atentados de ETA, intentando  tender  puentes de  diálogo  con sus dirigentes, igual que lo hicieron sus predecesores, con la salvedad de contar  con el apoyo del PSOE, que estaba en la oposición, desmarcándose  de la estrategia del PP   seguida  en su época de oposición. El Secretario General  José Luis Rodriguez Zapatero, propuso al Gobierno del PP, un pacto antiterrorista, que culminó  con la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo  el 8 de Diciembre del año 2000.  entre  el Gobierno del PP y el PSOE. Este  pacto antiterrorista  tras   las fortísimas tensiones  provocadas  por el atentado yihadista  el 11 de marzo de 2004, a causa de la discusión  de la autoría de atentado (el Gobierno del PP  acusaba  a ETA del atentado y el PSOE apuntaba al  islamismo radical) se fortaleció  con el triunfo del PSOE  en las elecciones generales celebradas  un par de días posteriores al atentado. No obstante  las tensiones entre los dos grandes partidos parlamentarios, continuó  varios años, al rechazar el PP, en la oposición,(lo que ella reclamaba desde el Gobierno) el diálogo del Gobierno del PSOE, con ETA. Finalmente,  en el Otoño  de 2011   la organización terrorista  ETA anunció   el abandono  de la armas  y  la renuncia  a  continuar  con  la actividad  armada , hasta nuestros días, siendo Ministro de Interior   Alfredo Pérez  Rubalcaba, a quien  todos los ciudadanos debemos, en parte, el éxito  de la política antiterrorista contra ETA.  Con posterioridad, ETA ha  visibilizado  la entrega  simbólica de  algunos depósitos de armas.

Finalizado  el terrorismo  de ETA,  y  la llegada  al Gobierno  de España, del PP, en el año 2012, con Mariano Rajoy  como presidente, se conoció  una cuarta etapa sin atentados terroristas en su primer mandato, en el que gobernó con mayoría absoluta. Sin embargo,  durante el segundo  mandato  de Mariano Rajoy,  nuevamente irrumpió  el terrorismo  yihadista, que creíamos, erróneamente,  que había desaparecido desde los atentados  ocurridos  el 11 de Marzo de 2004, al finalizar el mandato de  José María Aznar, y perder las elecciones   el PP.  Aconteció el 17  y 18  de Agosto de 2017  en Barcelona  y Cambrils, con resultado de 16 civiles muertos, 8 terroristas muertos y 140 heridos. La autoría  era de una célula  integrada   en la organización terrorista del Estado Islámico  que tenía su centro de coordinación en Ripoll. Nuevamente saltaron las alarmas y la percepción de  la vulnerabilidad del sistema de seguridad, integrado  por  de las fuerzas  de seguridad de la Generalitat, de las fuerzas de seguridad del Gobierno Central  y  de la Central  Nacional de Inteligencia,  como ya ocurriera  el 4 de Marzo de 2004  en Madrid. La única diferencia  con   etapas anteriores, era  que en  esta ocasión, la oposición  política  del PSOE, cuyo Secretario General era  Pedro Sánchez, recién elegido en las primarias de Mayo de 2017, apoyó plenamente al Gobierno de  Mariano Rajoy, continuando  la trayectoria del PSOE, cuando era oposición,  en la época de  los presidentes  Adolfo Suarez y  José María Aznar.




Jerónimo Sánchez Blanco, es Doctor en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y Ex Diputado Constituyente.
Vaya desde aquí nuestro más sentido agradecimiento por honrarnos con sus colaboraciones.

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