El malestar de la vida política de España (IV)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

DUELO A GARROTAZOS. Francisco de Goya (1746-1828)

VII

La radicalización del nacionalismo catalán

La crisis desencadenada  por el nacionalismo   catalán se inició, con la tramitación  de la reforma del Estatuto  catalán de 1979, aprobado con la restauración democrática de la Constitución de 1978, promovida  por el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall e impulsada tras el triunfo del PSOE  en Marzo de 2004. Inicialmente fue aprobada en el Parlamento  de  Cataluña en 2006 y posteriormente corregido y aprobado en Mayo de 2006 por Las Cortes Generales, para ser  sometido finalmente  a referéndum el 18 de Junio de 2006. Tras su aprobación en referéndum con el 74%  de votos favorables de los emitidos,  el PP  y ERC, por muy distintas razones, no  apoyaron  la reforma  a  su paso por el Parlamento de Cataluña, ni en Las Cortes Generales. Este conjunto de circunstancias  provocó  una crisis  en el  Gobierno de la Generalitat,  con el cese de los consellers  de ERC, un mes antes de la celebración del referéndum, añadiendo  mas tensión  a la   ya existente.   El PP  interpuso recurso de inconstitucionalidad, contra 187 artículos del Estatuto, el 18 de Junio de 2006, cuestión que resolvió  el Tribunal  Constitucional ei 28 de Junio de 2010 declarando constitucionales  la inmensa  mayoría  del articulado, salvo  14 artículos del Estatuto, que declaró inconstitucionales, notablemente  menos de los  187 artículos recurridos y considerados inconstitucionales por el PP.  La decisión  del Tribunal Constitucional, que se puede calificar de  moderada,  desencadenó una reacción  de los partidos  nacionalistas  exagerada, rechazando  su resolución. Estos son los ingredientes  que constituyen los antecedentes de los hechos  que  han sobrevenido en Cataluña, en la  segunda década del siglo XXI.

Desde entonces el sentimiento  nacionalista catalán  se ha ido consolidando bajo el mandato de  Convergencia  y las presidencias de Artur Más, y de Carlos Puigdemont, culminando  con  la aprobación el 6 de Septiembre de 2017 por el Parlamento catálán, de la Ley  para la convocatoria  de un  Referéndum  de Autodeterminación de Cataluña  y la aprobación el 7 de Septiembre de 2017 de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Estas leyes fueron  suspendidos  el 11 de Septiembre de 2017  por el Tribunal Constitucional, y posteriormente  declaradas  inconstitucionales,  así como  la convocatoria  del referéndum  de 1 de  Octubre de ese mismo año. La celebración de la consulta ilegal llevada a efecto y organizada por el presidente Puigdemont,  movilizó  a gran parte del electorado nacionalista, saltándose la prohibición  judicial y constatándose la falta de coordinación  de las fuerzas  de seguridad de la Generalitat como del Gobierno Central. Días más tarde, el 27 de Octubre de 2017, los grupos nacionalistas (Convergencia, Esquerra Republicana y CUP)  en una sala   anexa  al salón del Parlamento, firmaron una declaración de independencia de la República catalana, que no se votó  ni registró  formalmente en sede parlamentaria, para ser suspendida inmediatamente por el propio presidente Puigdemont. Por su parte, el Tribunal Constitucional  suspendió la declaración de independencia  el 31 de Octubre  y la declaró inconstitucional  el 10 de Noviembre de 2017.  Estos hechos desencadenaron las alarmas  en el Gobierno  español y en los partidos políticos de ámbito  nacional, iniciándose las consultas  pertinentes   para  aplicar  a Cataluña  el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana, que fue aprobada por el Senado el 27 de Octubre de 2017 y estuvo en vigor hasta el 2 de Junio de 2018. Entre otras medidas,  fue disuelto  el Parlamento catalán y cesados el presidente y los consejeros de la Generalitat, así como convocadas elecciones catalanas para el 21 de Diciembre de 2017.

Encausados los principales  responsables del “procés” (salvo Puigdemont y otros cuatro consellers  fugados al extranjero),  el Tribunal Supremo  dictó sentencia  el 19 de  Octubre de 2019, tras dos años  de instrucción y  juicio. La sentencia  condenó a  estos dirigentes entre  9 y 13 años de cárcel, principalmente por  sedición  y malversación de fondos públicos. No obstante, con estos antecedentes, en las últimas  elecciones catalanas celebradas en febrero del presente año, han vuelto a   obtener mayoría absoluta  en el Parlamento catalán, los partidos nacionalistas  partidarios de la  autodeterminación  e independencia de Cataluña. La cuestión catalana  es  el problema  mas complejo y difícil de  resolver  que tienen las instituciones y los dirigentes políticos españoles, agravado por  las actitudes   enfrentadas    entre los grupos políticos, ante  un hipotético  indulto parcial, como medida de gracia  de alto riesgo, en el actual clima  de  hostigamiento  de la oposición, que ve  en esta ocasión  la oportunidad para derribar  o debilitar  la actual coalición de gobierno, con una mirada  a corto plazo y  falta  de altura de miras.

VIII

División, malestar y polarización política

La polarización  y la radicalización de la lucha  política, se ha acentuado recientemente, en plena  pandemia del coronavirus y  sus consecuencias  en la salud y en la economía. La búsqueda y conquista del  poder, a cualquier precio, de algunas  minorías que ante  su impotencia, no dudan en zarandear los fundamentos  de la democracia; la falta de respeto en el debate  político de   algunos dirigentes  políticos de la oposición, para los que no existen barreras  éticas. La    manipulación  de los hechos, la  descalificación y criminalización del adversario,  la injuria y la calumnia, unidas a la  conducta de dirigentes políticos  y empresariales que  han incurrido en la corrupción, apropiándose del dinero público en beneficio propio y de sus partidos políticos y  las irregularidades en la administración  de fondos  públicos han estado a la orden del día, en estas dos últimas décadas.

Frente a estas conductas  condenables, se aplicaron  políticas de austeridad  impuestas por  las  instituciones  de la Unión Europea, exigiendo entonces, a los  Gobiernos nacionales  en la  crisis  económica de los años  2008 a  2015,  la aplicación de reformas  laborales y  fiscales  que han perjudicado  a los sectores  más débiles y vulnerables; y finalmente, a todo ello se unió  la crisis desencadenada  por el nacionalismo  catalán  radical. Este conjunto de circunstancias han acentuado  la  incertidumbre, la  fragilidad y la desorientación  de  los ciudadanos que  están tomando conciencia de la quiebra  de la confianza  y del principio  de ejemplaridad, hecho que está cuestionando  los fundamentos de la democracia representativa y de algunas instituciones.

Está  extendida   entre los ciudadanos  una mezcla de sentimientos  de pesimismo, melancolía, descrédito  e indignación  que giran en torno al comportamiento de numerosos dirigentes  políticos, económicos y sociales, que han hecho dejación de sus responsabilidades, cada uno en su  ámbito. Probablemente,  esta  percepción se ha intensificado  en las  dos últimas décadas, como  consecuencia  de las  imágenes  que ha proyectado  en ese período la confrontación  política. Estos  sentimientos están anunciando de forma persistente,  la existencia  de síntomas y signos preocupantes que afectan  al conjunto de la  sociedad española y europea, circunstancias que constituyen  el caldo de cultivo para  todo tipo de extremismos, ya sea de extrema derecha  como de extrema izquierda,  cuestionando sus  instituciones políticas y los valores  democráticos  que sustentan la construcción de la Unión Europea .