Libertades y derechos democráticos (5)

Por Jerónimo Sánchez Blanco

VI
Libertad e Igualdad

Ambos conceptos, libertad e igualdad, aparecen  estrechamente unidos  en el artículo 1º  de la Declaración de los Derechos  del Hombre y del Ciudadano de 1789 cuando afirma que “ Los hombres  nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. El concepto  de igualdad, sin embargo, ha venido experimentando una  profunda  transformación  en el transcurso de la historia  reciente.  El  modelo  liberal   estaba  referido  a la igualdad   de los ciudadanos  ante la ley, de carácter formal, frente al modelo medieval y del Antiguo Régimen,  en el que  la igualdad se reconocía  a los miembros entre sí, de cada  estamento ( nobleza,  clero y  burguesía ), pero no entre miembros de distintos estamentos de la sociedad y del Estado, que  disfrutaban de privilegios, de los que quedaba excluido  el pueblo llano y pobre, dando lugar a graves  desigualdades. La  igualdad del liberalismo, por otra parte,  inicialmente, excluía   de  la   libertad   política  ( participar activamente  en los poderes del Estado ) a aquellos individuos  que no tenían   propiedades y un determinado nivel de renta que justificara el  pago de impuestos (voto censitario), a las mujeres,  siervos y esclavos,  miembros del servicio doméstico, extranjeros y menores de edad. Progresivamente, la igualdad   política  alcanzó  a un número creciente  de ciudadanos,   que  dejaron de ser   discriminados  por  razón de  su  nivel de renta, sexo y etnia,  gracias a las reivindicaciones de  los  movimientos sociales y  democráticos, desde  finales del siglo XIX y muy especialmente en el siglo XX  tras la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas  el 10 de Diciembre de 1948 de la Declaración Universal  de  los  Derechos  Humanos y aunque en España la conquista del voto de la mujer tuvo lugar en la  II República, fue  suprimido en la época de la Dictadura  franquista  y recuperado en al Constitución de 1978.

Ahora bien, la conquista de la  igualdad  en el ejercicio de la libertad política  y jurídica, no  siempre ha  supuesto la realización de  aquellas  condiciones mínimas  sociales y económicas, que  garantizan  una  igualdad  real, circunstancias  que  llevaron  a algunas corrientes  de pensamiento (comunismo y anarquismo)  a sacrificar  la libertad  en defensa de la igualdad. Para  alcanzar esta igualdad real,  ha sido necesario  comprometer a los poderes públicos,  especialmente desde  la segunda mitad del siglo XX. En suma,  la lucha  contra la desigualdad política  y las desigualdades sociales y económicas, ha hecho posible  la   extensión  de la libertad  a muchos ciudadanos, porque,  como  señala  G. Peces- Barba :

La igualdad, no obstante, plantea otras numerosas cuestiones  no resueltas satisfactoriamente,  y que de forma  recurrente  vuelven  al debate público. Así sucede, con la desigualdad  política  que introduce  la legislación electoral  entre los ciudadanos de un mismo territorio, al no respetar el principio de proporcionalidad o introducir índices correctores en la distribución de  escaños; en   el reparto de las cargas fiscales  según  sea,  acorde  a los niveles de renta  y  capacidad  económica, en cuyo caso  la carga fiscal  recae  sobre los impuestos directos, bien de  forma  progresiva  o proporcional, o por el contrario,  las cargas fiscales recaen  sobre el gasto  y el consumo a través de  impuestos indirectos. De igual modo,  ocurre en el tratamiento de la provisión de bienes y servicios  públicos entre los ciudadanos y territorios de un mismo Estado. Se trata   de  conocer, si  la igualdad ha de comprometer  a los poderes públicos a garantizar  unos servicios públicos básicos (educación, salud, pensiones, justicia, seguridad  y servicios sociales) en  calidad y cantidad  similares  para todos los ciudadanos, o por el contrario, se pueden introducir elementos correctores  que atiendan a los ciudadanos  de determinados territorios, al tiempo  que  se incentivan  y no se penalicen a aquellos ciudadanos y  territorios que contribuyen más con sus impuestos  al Estado,  a la solidaridad.  La cuestión de fondo es, si   la igualdad   es el camino  más  equitativo  para alcanzar la solidaridad  entre los ciudadanos,  o si acaso, es conveniente establecer  diferencias en los impuestos que gravan  los distintos  territorios, de estructura autonómica o federal para  no  constreñir  la libertad, el dinamismo y la capacidad de trabajo de los ciudadanos, a partir de  ciertos  mínimos.

Finalmente  y es   tema  de debate  durante  las últimas décadas,  si  el Estado para promover  la igualdad  entre los ciudadanos, puede   legislar estableciendo  límites a la libertad de algunos ciudadanos, favoreciendo a otros, mediante la  discriminación positiva  (reservando  un determinado número  de puestos a las mujeres  en las instituciones   públicas; o bien  un determinado número de puestos de trabajo en las empresas públicas y privadas  a personas con discapacidad física  o psíquica, que no les  impida realizar  el trabajo encomendado; y finalmente,  agravando las penas de determinados  delitos  cometidos  por los varones  sobre las mujeres).  En el ordenamiento constitucional español, está resuelta favorablemente la admisión de  la discriminación positiva  como instrumento  para  corregir  la desigualdad, ya sea de la mujer o de  los discapacitados,  que tiene  su origen  en hábitos y valores  de la sociedad  incompatibles con la igualdad  que ha de garantizar  el Estado Democrático de Derecho.

VII
Libertad y Seguridad

Sin duda,   no cabe  plantear   una reflexión   acerca de la libertad  sin  relación con  la seguridad,  valor  que ha tenido  una importancia  fundamental  en la Historia de las Ideas Políticas  y en la Historia  En el mundo actual, en el que la globalización  y la revolución tecnológica  van de la mano, la cuestión relativa a la libertad y la seguridad  es   relevante, teniendo muy presente el dolor  y la destrucción que han   arrastrado tras de sí  las experiencias políticas totalitarias en las que se sacrificó  la libertad  a la seguridad (  nazismo , fascismo, comunismo y  dictaduras ). Las voces más críticas    sobre las legislaciones  restrictivas  de la libertad, que invaden la intimidad de las personas  y obligan a éstas,  a un mayor control de los poderes públicos sobre sus movimientos y  comunicaciones, obligan  a replantear  la libertad en sus orígenes. Una parte de la doctrina  política  del siglo XVII  (Hobbes y Locke) fundamentaban  el origen   y la necesidad   de  constituir el Estado o sociedad política, por razones de seguridad, por la que los individuos renunciaban  a su libertad natural y buscaban el amparo  del Estado, quien mediante la ley y los jueces, restablecían la paz y el orden social. Estos motivos  explican entre otros , la  construcción de la sociedad feudal  entre los siglos VIII y XIV, como  una  respuesta a la violencia  existente  en la Edad Media,  en la que  las relaciones  señor- vasallo- siervo, se estructuraron con carácter privado,  para atender las    necesidades   de preservar  la vida y la hacienda  de nobles, vasallos  y siervos, sociedad que sobrevivió  hasta que  no le fue posible  garantizar la seguridad   en plena decadencia del siglo XIV, además de  otros factores económicos y tecnológicos.

Igualmente se puede decir de  la implantación de las  monarquías nacionales y del Estado moderno, durante los siglos XV a XVIII con una fuerte centralización  y jerarquización que le permitió  el ejercicio del poder  absoluto, para atender   la seguridad  de los intereses  de las   dinastías  reales,  de la sociedad estamental y de los súbditos, hasta  que ello no fue posible  de forma satisfactoria, por las continuas  arbitrariedades y  privilegios que conllevaba, además  de agotar y obstaculizar el dinamismo económico de nuevos  grupos sociales . El antiguo régimen  fue sustituido por el sistema político que propugnaba la revolución liberal,  con un ideario que ofrecía   más seguridad   y protección para sus vidas,  las  libertades individuales, la propiedad individual  y mayor equidad en  el reparto de a carga fiscal. 

Lo que está  aconteciendo  en las últimas décadas,  tiene un cierto paralelismo  con otras experiencias históricas, en la que los ciudadanos de hoy,  para   tener más seguridad, están dispuestos a sacrificar  parte de su libertad  y pagar más impuestos,  con más  policías,   servicios de seguridad privada y cárceles, como consecuencia  de la violencia terrorista  y de la delincuencia criminal organizada  de la sociedad  actual; e incluso permitiendo que los poderes públicos, con autorización judicial,  invadan  algunos aspectos  de su vida, ya sean comunicaciones  telefónicas, tarjetas de identificación  personal, cámaras  de video vigilancia;  se establezcan registros  electrónicos digitales de personas y  equipajes  en aeropuertos, estaciones de ferrocarril,  edificios  y sedes  de instituciones públicas y privadas; o también  por motivos de carácter fiscal, el  control de movimientos de capitales  para evitar  el blanqueo de dinero  que tiene sus origen en actividades delictivas; y últimamente  por las restricciones  impuestas   por  el Estado y las autoridades  públicas, con motivo de la crisis  sanitaria originada  por la pandemia del coronavirus. Un nuevo modelo de relación entre libertad y seguridad  emerge en la sociedad actual, que  reclama  del Estado una apuesta decidida  por la seguridad y la paz, acorde con las necesidades de los tiempos, entendiéndola  de forma global y regionalizada, con las tecnologías más avanzadas, dada la interdependencia del mundo y los riesgos de la carrera de armamentos,  del terrorismo sin fronteras, la amenaza nuclear y el crimen organizado. Todo este nuevo planteamiento, hay que  afrontarlo  sin atentar gravemente a las libertades   individuales  y a los fundamentos  del Estado de Derecho, tarea no fácil  y arriesgada. En estas circunstancias, el ingente volumen  de recursos   que es necesario movilizar  para  llevar a cabo su aplicación,  exige planteamientos supranacionales y supra estatales, así como un alto grado de coordinación, que necesariamente  lleva a una pérdida de autonomía de los Estados y de los individuos  con algunos riesgos para  la libertad.