PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD. Una camilla en el portal (I) La crueldad que aprendemos a no ver

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PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD
Una camilla en el portal (I) La crueldad que aprendemos a no ver

Maricarmen, Olga y la pedagogía de la crueldad que normaliza los desahucios, reduce las vidas a expedientes y culpa a las víctimas

Una camilla en el portal

El 23 de septiembre de 2026, en el barrio madrileño del Retiro, una mujer de 87 años, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50 %, salió de su casa en camilla. No salía hacia una fiesta ni hacia una consulta médica rutinaria: salía expulsada de la vivienda en la que había vivido desde 1956, siete décadas de vida contenidas entre unas paredes. Se llamaba María del Carmen Abascal, aunque toda España la conoce ya como Maricarmen. Fue el cuarto intento; los tres anteriores los habían frenado sus vecinas y vecinos, que llegaron a acampar ante el portal la noche previa. Al cuarto, el despliegue policial pudo más que la solidaridad.

Su historia es sencilla y por eso resulta tan reveladora. Pagaba 500 euros de un contrato de renta antigua. En 2018 una sociedad inmobiliaria, Urbagestión, compró el inmueble. Primero le pidieron 2.650 euros al mes; después, «generosamente», 1.650. Su pensión rondaba los 1.300 euros. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había pedido en junio suspender el lanzamiento o garantizarle una alternativa habitacional adecuada; la entidad pública CASA 47 llegó a plantear la compra del piso. Nada de eso detuvo la maquinaria. Maricarmen terminó ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, donde los médicos diagnosticaron un cuadro de agotamiento severo.

Desde la cama del hospital grabó un mensaje que es ya un manifiesto: que lo que le había pasado sirviera para que no le pasara a nadie más, y que se cambiaran las leyes injustas que lo habían permitido. El 28 de septiembre, gracias a la presión social y con la mediación del Ayuntamiento, su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo para que regresara a su casa con una renta que no superaría el 30 % de sus ingresos. Nunca llegó a volver. Maricarmen murió el 7 de octubre en el mismo hospital, quince días después de ser sacada de su hogar. Su abogada, Beatriz Duro, ha sostenido que el deterioro provocado por el proceso fue evidente y que, si el desahucio se hubiera suspendido, no estaríamos hablando de su muerte. Esa es la diferencia entre una víctima y un símbolo: la víctima sufre; el símbolo, además, nos interpela.

Conviene hablar con rigor: no corresponde presentar una relación médica de causalidad como si estuviera judicialmente establecida. Lo que sí puede afirmarse es que murió poco después de ser expulsada, tras una prolongada lucha y cuando se había abierto una posibilidad de retorno que llegó demasiado tarde. Esa secuencia obliga a preguntar por las responsabilidades institucionales, la prevención del daño y la suficiencia de las garantías existentes. No deberíamos convertir a Maricarmen en una figura sentimental para olvidarla después. Su historia importa porque fue una persona concreta, con derechos concretos, y porque otras personas viven situaciones semejantes lejos de las cámaras. La pregunta que deja no es solo quién tuvo razón en un litigio: es qué clase de sociedad permite que una mujer de 87 años tenga que luchar hasta el límite de sus fuerzas para permanecer en el hogar donde ha vivido casi toda su vida.

El hogar no es una mercancía más

Hay desahucios que duran unos minutos y heridas que permanecen durante años. Una puerta se abre, una comisión judicial comunica que ha llegado la hora, la policía garantiza que se cumpla la orden y una persona recoge como puede los restos de su vida. En el expediente queda constancia de una diligencia practicada. En la calle, sin embargo, puede quedar una familia sin techo, una persona mayor desorientada, una infancia que aprende que su seguridad depende de una cuenta bancaria o una comunidad que descubre, demasiado tarde, que ha aceptado como normal lo que nunca debería serlo.

El desahucio no es únicamente el final de un procedimiento. Es también una escena moral y política: pone frente a frente el valor económico atribuido a un inmueble y el valor humano de quienes lo habitan. Cuando el primero prevalece de manera automática sobre el segundo, la vivienda deja de ser un lugar donde vivir para convertirse en un activo del que extraer rentabilidad. Y cuando las instituciones ejecutan esa prioridad sin garantizar una alternativa digna, la legalidad se convierte en una maquinaria eficaz para administrar el sufrimiento.

Esta es una de las expresiones más dolorosas de la pedagogía de la crueldad: una sociedad aprende a contemplar el daño como un trámite, a interpretar la expulsión como una consecuencia inevitable y a considerar que quien pierde su hogar debe cargar, además, con la sospecha de haber fracasado individualmente. La crueldad no siempre aparece con gritos, insultos o golpes. También puede presentarse con formularios, plazos, notificaciones y puertas cerradas. Puede ser fría, burocrática y perfectamente cortés.

Olga, o cuando la angustia «no está prevista»

Otras historias tampoco han tenido un final reparable. Olga Matute, de 54 años, madre de dos hijas, vecina del barrio de Santa Eulàlia en L’Hospitalet de Llobregat, perdió su empleo tras una separación y dejó de poder pagar la hipoteca de la casa en la que vivía desde hacía más de dos décadas. La vivienda pasó del Banc Sabadell a una sociedad vinculada al fondo Cerberus. Una primera suspensión del lanzamiento la protegió mientras estuvo vigente el llamado «escudo social»; cuando la moratoria quedó sin efecto a comienzos de 2026, el proceso se reactivó.

Entre el 13 y el 14 de abril, Olga fue atendida tres veces por los servicios de emergencia por crisis de ansiedad e ideación suicida; en el Hospital de Bellvitge se activó el protocolo de prevención del suicidio. Su abogado presentó los informes médicos y pidió suspender el desalojo. El juzgado respondió que la ansiedad no figura entre las causas previstas para suspender un desahucio. El 15 de abril se ejecutó el lanzamiento. El 7 de septiembre, Olga se quitó la vida. Dos años antes había comparecido ante el Parlament de Catalunya y contado, en apenas dos minutos, cómo la precariedad le iba estrechando la existencia. Se la escuchó, pero no se la oyó.

No es un caso aislado. En noviembre de 2010, también en L’Hospitalet, a un kilómetro de la casa de Olga, un hombre llamado Miguel se quitó la vida poco antes de ser desahuciado, tras rogar a unos servicios sociales desbordados que aplazaran un mes el lanzamiento. Dieciséis años separan ambas muertes. ¿Qué hemos aprendido en ese tiempo? ¿O deberíamos preguntarnos, más bien, qué hemos aprendido a no sentir?

No existe una base que permita atribuir automáticamente cada suicidio a un desahucio o a la pérdida de vivienda. Sí hay testimonios y episodios que han vinculado públicamente la amenaza de perder el hogar con sufrimiento psicológico extremo y conductas suicidas. Sería irresponsable convertir ese vínculo en una causalidad simple; sería igualmente irresponsable ignorar el impacto que la deuda, la incertidumbre habitacional, la vergüenza social y la pérdida de control sobre la propia vida pueden tener en la salud mental. La prevención exige acompañamiento social, atención psicológica accesible y respuestas habitacionales antes de que la desesperación se convierta en una emergencia. En cualquier caso, personalmente me inclino a pensar que tanto el caso de Maricarmen, Olga y Miguel y otros similares son realmente asesinatos institucionales.

La normalidad como coartada: las cifras de 2026

Las estadísticas oficiales pueden contar una cosa y su contraria, porque cada indicador mide una realidad distinta. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se practicaron 4.005 lanzamientos, un 45,4 % menos que un año antes. El descenso es relevante y debe reconocerse, pero coincide con los meses en que todavía operaban las moratorias, y el mismo informe revela lo que se acumula detrás: 16.167 lanzamientos recibidos en los servicios comunes, un 19,2 % más, y 7.194 ejecuciones hipotecarias presentadas, un 17,5 % más (CGPJ, 2026). Es decir, menos desahucios ejecutados y una cola creciente de familias esperando su turno. En 2024 se habían practicado 27.564 lanzamientos, tres de cada cuatro por impago del alquiler.

El Instituto Nacional de Estadística confirma la tendencia: durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 6.602 certificaciones por ejecuciones hipotecarias, un 20,1 % más que en el mismo periodo del año anterior; las que afectan a viviendas de personas físicas aumentaron un 35,8 % y las relativas a sus viviendas habituales, un 38,1 % (INE, 2026). Una ejecución hipotecaria iniciada no equivale necesariamente a un desahucio practicado, pero sí anuncia sufrimiento en camino. Además, las estadísticas de lanzamientos no abarcan todas las formas de inseguridad residencial: alquileres inasumibles, hacinamiento, vivienda inadecuada, amenazas de no renovación o personas que permanecen en alojamientos temporales sin horizonte estable.

Detrás de cada cifra hay una puerta forzada. El mismo día del desahucio de Maricarmen, según la PAH de Vallekas, se produjeron más de sesenta desahucios solo en Madrid. Ninguno salió en los telediarios. Esa es la primera lección de la crueldad normalizada: lo que se repite deja de verse.

La normalidad institucional y la fabricación de la indiferencia

¿Dónde reside la crueldad cuando un desahucio se ejecuta conforme a un procedimiento? No necesariamente en cada profesional que interviene, ni en la idea de que las resoluciones judiciales carezcan de importancia. El problema aparece cuando la división de funciones permite que nadie asuma la responsabilidad por el resultado humano: el juzgado tramita, la comisión ejecuta, la policía asegura el cumplimiento, los servicios sociales ofrecen una solución provisional y la administración competente afirma que no dispone de recursos suficientes. Cada pieza puede alegar que ha cumplido su cometido, mientras la persona afectada queda sin un lugar donde vivir.

La policía no diseña la política de vivienda ni decide por sí sola el resultado de un litigio. Pero la actuación policial tampoco es moralmente invisible: el modo de ejecutar un desalojo, la proporcionalidad del uso de la fuerza, la protección de menores y personas dependientes y la coordinación con los servicios sociales importan. Del mismo modo, el poder judicial debe aplicar la ley, pero el sistema jurídico y los poderes legislativos tienen la obligación de establecer garantías que eviten que una persona vulnerable termine en la calle sin alternativa. La responsabilidad democrática no se resuelve buscando un único culpable individual; requiere examinar toda la cadena de decisiones y omisiones.

¿Por qué hablar de pedagogía de la crueldad?

Rita Segato llama pedagogía de la crueldad al conjunto de actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos para transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas (SEGATO, 2018). La crueldad, en este sentido, no es un exabrupto ocasional, sino un aprendizaje: se enseña repitiéndola, se consolida normalizándola y se completa cuando deja de doler. Se reproduce cuando aprendemos a separar el procedimiento de sus consecuencias, el derecho de propiedad de la función social de la vivienda y la responsabilidad colectiva de la desgracia privada. Se alimenta de expresiones como «algo habrá hecho», «las deudas se pagan» o «la ley es la ley», utilizadas para cerrar la conversación antes de mirar a quien sufre. El desahucio es un aula perfecta. Cada lanzamiento enseña, a quien lo sufre y a quien lo mira, algunas lecciones que conviene nombrar:

1. Que la casa es una mercancía y no un hogar. El lenguaje lo delata: se habla de «activos», «carteras» y «lanzamientos», nunca de vidas.
2. Que la pobreza es culpa de quien la padece. Bajo el desahucio de Maricarmen proliferaron comentarios que la acusaban de no haber ahorrado o de haber vivido «del cuento». El odio al débil es el aprendizaje más rentable de la crueldad. Esa retórica transforma un problema estructural en un defecto individual: oculta la desigual capacidad de negociación entre una persona con ingresos limitados y una entidad que administra cientos o miles de inmuebles, y convierte la precariedad en culpa y el privilegio económico en una supuesta prueba de mérito.
3. Que la ley está por encima de la vida. El juez de Olga aplicó la norma; la comisión judicial notificó; la policía desalojó; el cerrajero cambió la cerradura. Cada eslabón «cumplió su función». Hannah Arendt mostró que el mal puede ser banal precisamente así, cuando nadie piensa lo que hace (ARENDT, 1963); Zygmunt Bauman lo llamó adiaforización: sustraer ciertos actos al juicio moral convirtiéndolos en procedimiento (BAUMAN; DONSKIS, 2015).
4. Que el sufrimiento ajeno es espectáculo. La foto de la camilla se consume, se comparte y se olvida, mientras sesenta desahucios diarios permanecen invisibles.
5. Que resistir es delito. Los vecinos que protegen un portal son tratados como alborotadores; el fondo que expulsa, como un actor económico legítimo.

Es justo reconocer que hay quien sostiene, con argumentos jurídicos, que Maricarmen no fue desahuciada por impago, sino por la extinción legal de una subrogación de renta antigua según la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y que la propiedad también tiene derechos (DEL POZO MARTÍN, 2026). Es cierto, y precisamente ahí reside lo más inquietante: todo fue legal. Cuando la legalidad permite expulsar en camilla a una anciana de 87 años, el problema no es el incumplimiento de la ley, sino una ley que ha aprendido a ser cruel. Una norma puede ser formalmente válida y, aun así, necesitar reformas si produce daños evitables. La justicia no se agota en el Código; empieza donde el Código deja de mirar a las personas.

Con nombre y apellidos: las voces que banalizan el dolor

La pedagogía de la crueldad no la imparten solo los procedimientos. También tiene maestros visibles: personas con cargo público, tribuna mediática o influencia social que, en mayor o menor medida, han convertido la tragedia de Maricarmen, de Olga y de tantas familias en sospecha, en estadística, en burla o en munición partidista. Nombrarlas no es un ajuste de cuentas, sino un ejercicio de memoria democrática: las palabras de quienes tienen poder enseñan, y lo que enseñan se aprende. Las agrupo según la lección que transmiten.

1. «La culpa es suya»: culpabilizar a la víctima

El caso más grave procede de quien tenía la responsabilidad institucional de la vivienda en su municipio. José Luis Bergillos, concejal de Vivienda del Partido Popular en Benalmádena (Málaga), se refirió a Maricarmen durante una reunión del consejo asesor de vivienda con un insulto soez y sexista y aseguró que tenía «miles de euros en el banco». Ninguna información publicada avaló esa afirmación. El 7 de octubre, el mismo día de su muerte, el edil reconoció un «grave error», calificó sus palabras de desafortunadas y pidió disculpas; el PSOE de Málaga exigió su cese. Es la lección en estado puro: si la víctima tiene dinero, no es víctima; si es pobre, algo habrá hecho.

En las redes, ese mismo aprendizaje adoptó forma anónima y masiva: mensajes que reprochaban a Maricarmen no haber ahorrado en su juventud o haber vivido «del cuento», y otros de una vulgaridad que no merece reproducirse, recogidos y denunciados por la prensa (VOZPÓPULI, 2026). El odio al débil no necesita firma para educar.

2. «Es un montaje»: negar el sufrimiento

En el programa Horizonte (Cuatro), dirigido por Iker Jiménez, varios colaboradores pusieron en duda la autenticidad del caso. El 6 de octubre, Chapu Apaolaza sugirió que el desahucio era una operación diseñada y que se había hecho «un casting» para elegir a la protagonista. Carmen Porter insinuó que todo estaba organizado porque «hasta había cámaras dentro de la casa» y llegó a despedirse con un burlón «Hasta luego, Maricarmen». Roberto Vaquero afirmó que «le han prometido algo a la mujer». Tras su fallecimiento, el propio programa pidió «ser cuidadosos» con lo que se dijera de ella. Negar el dolor ajeno, convertir a una anciana enferma en actriz, es una forma refinada de crueldad: no solo se la expulsa de su casa, sino también de su condición de víctima.

A ello se sumó la desinformación: circuló un vídeo recortado en el que Maricarmen parecía culpar en exclusiva al presidente del Gobierno, cuando en la entrevista completa también criticaba a Isabel Díaz Ayuso, a José Luis Martínez-Almeida y al fondo que compró su piso, al que calificó de inhumano (MALDITA.ES, 2026). Y días antes de su muerte se difundió un bulo que la daba por fallecida. Manipular la voz de una víctima es enseñar que su verdad no importa.

3. «Es la ley»: reducir la vida a estadística y trámite

El 24 de septiembre, al día siguiente del desalojo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo despachó ante el Círculo de Empresarios como uno más de los 25.500 desahucios que, según dijo, se ejecutan cada año en España, realizado «por orden judicial», «en cumplimiento de una ley» y sin que fuera «una decisión nuestra». En la misma intervención acusó al presidente del Gobierno de alentar la «quema de calles». Es la lección de Bauman en boca del poder: el sufrimiento convertido en cifra y la responsabilidad diluida en el procedimiento. El 8 de octubre, ya fallecida Maricarmen, Ayuso volvió a utilizarla en la Asamblea de Madrid para atacar al PSOE, citó solo la parte de su entrevista que le convenía y, al atribuir el desahucio a una «ley socialista», remató con un «¡Es genial!».

4. «La están utilizando»: convertir el dolor en munición

Otra forma de banalizar consiste en desplazar el foco desde la víctima hacia la supuesta manipulación de los adversarios. El 30 de septiembre, en el Congreso, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo acusó al Gobierno de sobrevolar «el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez». Tras su muerte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), calificó de «miserables» y «carroñeros» a PSOE y Más Madrid por referirse a ella; Vox proclamó que la responsabilidad era de Pedro Sánchez; Macarena Olona sostuvo que la habían utilizado y seguirían haciéndolo después de muerta; y en Horizonte, Eduardo Inda, Roberto Vázquez y Lorenzo Bernaldo de Quirós cargaron la culpa sobre la política de vivienda del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que no hubiera «utilización interesada». La crítica a la instrumentalización es legítima en democracia; lo que resulta difícil de sostener es reclamarla mientras se instrumentaliza en sentido contrario y, sobre todo, mientras se votó una y otra vez contra las normas que habrían podido protegerla.

Sería deshonesto no añadir que la indignación también ha producido, en algunos dirigentes de la izquierda, expresiones de grueso calibre —desde calificar su muerte de «asesinato» hasta el insulto abierto—, y que la ira, por justificada que sea, tampoco construye convivencia. Pero hay una diferencia moral que no debe borrarse: no es lo mismo indignarse contra quienes tienen poder que burlarse de quien yace en una camilla. La primera es una pasión democrática; la segunda, una lección de crueldad.

Frente a todas estas voces, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, y la abogada Beatriz Duro han insistido en lo esencial: que hay responsables y que la muerte de Maricarmen no fue un accidente del destino, sino el desenlace de un sistema que permitió su expulsión.

REFERENCIAS

Referencias

ARENDT, Hannah. Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen, 1999 [1963].

BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Ceguera moral: la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Barcelona: Paidós, 2015.

BRECHT, Bertolt. Me-ti. Libro de los giros. Barcelona: Edhasa.

CGPJ – CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Efectos de la crisis en los órganos judiciales: primer trimestre de 2026. Madrid: CGPJ, 2026.

DEL POZO MARTÍN, Ricardo. Maricarmen: la verdad no cabe en una foto. Diario de León, León, 5 oct. 2026.

INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estadística sobre ejecuciones hipotecarias: primer trimestre 2026. Madrid: INE, 4 jun. 2026.

MALDITA.ES. El vídeo de Maricarmen culpando a Pedro Sánchez está recortado. Maldita.es, 28 sept. 2026.

SEGATO, Rita Laura. Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018.

VOZPÓPULI. Los desalmados. Vozpópuli, Madrid, sept. 2026.

Fuentes periodísticas y documentales para verificación

• Libertad Digital (07/10/2026), directo «Muere Maricarmen» y El Debate (08/10/2026), «¿De qué ha muerto Maricarmen?»: fallecimiento, diagnóstico y reacciones públicas.
• EFE / Emol (28/09/2026): acuerdo para el regreso de Maricarmen a su vivienda.
• T13 (24/09/2026) y CRHoy: perfil del caso, intervención del Comité DESC y propuesta de CASA 47.
• El Español (26/09/2026): mensaje de Maricarmen desde el Hospital Gregorio Marañón.
• Cadena SER (12/06/2026): «La historia de Mari Carmen Abascal: 70 años en su hogar y una orden de desahucio por un fondo buitre».
• RTVE (07/10/2026): entrevista con la abogada de Maricarmen.
• El Salto (septiembre-octubre 2026): caso de Olga Matute y respuesta judicial.
• Ara (28/09/2026): «La bola negra», sobre Olga y Miguel en L’Hospitalet.
• Forbes / Europa Press (22/06/2026): datos del CGPJ del primer trimestre de 2026.
• INE (04/06/2026): Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias, 1T 2026. https://ine.es/dyngs/Prensa/EH1T26.htm
• El Español Málaga, Teleprensa y Andalucía Información (07-08/10/2026): declaraciones y disculpa del concejal José Luis Bergillos.
• elDiario.es / Vertele (08/10/2026): comentarios en Horizonte (Cuatro) sobre Maricarmen.
• Diario de León (24/09/2026) y El Diario de Madrid (08/10/2026): declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.
• NTN24 (30/09/2026): intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso.

CONTINUARÁ…

Juan Miguel Batalloso Navas
Camas (Sevilla) a 8 de octubre de 2026