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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (4)
Nadie previó lo que todos advirtieron. Prevención, previsión y responsabilidad ante la crisis de Ceuta
Preguntar no es condenar
Hay una diferencia esencial entre buscar culpables y buscar aprendizajes. La primera tarea es relativamente sencilla y produce una satisfacción inmediata: alguien falló, alguien debe pagar, el relato se cierra. La segunda es más lenta, más incómoda y bastante menos rentable políticamente, porque obliga a distinguir entre lo que se podía saber, lo que se supo, lo que se entendió y lo que se decidió.
En los tres artículos anteriores me he ocupado de la dimensión personal y humana de la crisis, de su naturaleza múltiple y del lenguaje con el que la estamos nombrando. Corresponde ahora abordar la pregunta que más ruido está produciendo en el debate público y que, sin embargo, menos análisis sereno ha recibido: ¿estaba el Estado español preparado para lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio?
Quiero formularla sin coartadas. Ni la coartada del gobierno que necesita que nadie hubiera avisado, ni la coartada de la oposición que necesita que todos hubieran avisado y que alguien hubiera decidido conscientemente no escuchar. La realidad, como casi siempre, es más compleja y más instructiva que cualquiera de las dos versiones.
Lo que sí se sabía antes del 30 de julio
El Gobierno hizo públicos cuarenta documentos, informes, alertas y comunicaciones correspondientes al mes de julio, procedentes del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, incluidos mensajes intercambiados con la Delegación del Gobierno en Ceuta. Esa documentación permite afirmar algo que conviene establecer con claridad: sí hubo avisos.
El CNI detectó convocatorias en redes sociales que llamaban a entrar en Ceuta por la valla y por mar, informó de ello a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, y el 29 de julio remitió además una nota de alerta temprana a los servicios de inteligencia marroquíes. La Policía Nacional había calificado de riesgo muy alto las entradas a nado. La Guardia Civil llevaba semanas observando el incremento de la presión migratoria y había solicitado, unas tres semanas antes, reforzar el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo Provincial, además de proponer la mejora de los sistemas de detección temprana y vigilancia costera.
Frente a la versión de que nadie pudo imaginar nada, los documentos dicen otra cosa. Había señales, había peticiones de refuerzo y había preocupación profesional acumulada en quienes vigilan la frontera todos los días.
Pero los mismos documentos dicen también otra cosa, y sería deshonesto silenciarla: ninguno de ellos anticipó la magnitud de lo que ocurrió. Ningún informe describió la posibilidad de una entrada de decenas de miles de personas en cuarenta y ocho horas. El propio CNI ha reconocido que trasladó información sobre la campaña en redes, pero que no previó ni la naturaleza ni la dimensión del episodio.
La distancia entre el aviso y la anticipación
Aquí se sitúa, a mi juicio, el núcleo del problema. Y no es un problema de mala fe, sino de cultura institucional.
Un aviso no es todavía una previsión. Una señal no es todavía un escenario. Y un escenario no es todavía un dispositivo preventivo. Entre la información y la protección hay una cadena de traducciones —interpretar, valorar, dimensionar, elevar, decidir, desplegar— y esa cadena puede romperse en cualquiera de sus eslabones sin que nadie haya mentido ni haya actuado con negligencia deliberada.
Lo ocurrido sugiere que la cadena se rompió, al menos, en dos puntos.
Se rompió, primero, en la valoración del riesgo. Las señales se interpretaron con arreglo a los precedentes conocidos, es decir, midiendo el futuro con la vara del pasado. Pero la crisis de 2021 —unas ocho mil entradas— no era una vara adecuada para un episodio noventa veces mayor. Cuando una institución solo sabe imaginar lo que ya ha vivido, queda inerme ante lo que todavía no ha vivido.
Se rompió, después, en la coordinación. La discrepancia pública entre el Ministerio de Defensa, que sostuvo que el CNI había avisado el 29 de julio, y el Ministerio del Interior, que negó haber recibido información que permitiera anticipar una entrada masiva, no es una anécdota de disputa interna. Es el síntoma de que la información existía pero no circuló con la jerarquía, la urgencia y la integración que una frontera exterior de la Unión Europea exige.
Conviene reconocer, en honor a la verdad, que hubo dentro del propio Gobierno un reconocimiento explícito. La ministra de Defensa admitió en el Congreso que se había llegado tarde y que, si los ceutíes se habían sentido desprotegidos, «algo habremos hecho mal». No es frecuente escuchar eso en nuestra vida pública, y precisamente por infrecuente merece ser señalado. La responsabilidad política empieza a ejercerse cuando alguien se atreve a nombrar el error propio sin esperar a que se lo demuestren.
Cuatro déficits anteriores a la crisis
La crisis no comenzó el 30 de julio. Comenzó mucho antes, en decisiones y omisiones que conviene identificar porque son las que realmente pueden corregirse.
Primero, la dependencia estructural de la externalización. Durante años, la seguridad de la frontera sur se ha sostenido, en una proporción muy elevada, sobre la cooperación policial marroquí. Ese modelo es eficaz mientras funciona y extraordinariamente frágil cuando deja de funcionar, porque convierte la protección de una ciudad española en una variable dependiente de la voluntad de un tercer Estado. Una política que necesita que el vecino cumpla para que la frontera aguante no es una política de seguridad: es una apuesta.
Segundo, la ausencia de un dispositivo permanente de contingencia. Ceuta es un territorio con una desproporción estructural entre su tamaño y su exposición. Que una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes tenga que activar recursos extraordinarios cada vez que la frontera se tensiona demuestra que lo extraordinario estaba mal definido. Los planes de contingencia existían, pero dimensionados para lo verosímil, no para lo posible.
Tercero, la fragilidad del sistema de protección de menores. El reparto solidario de niños y adolescentes no acompañados entre comunidades autónomas lleva más de una década siendo reclamado por el Defensor del Pueblo y por las organizaciones de infancia. Cuando llegó la emergencia, el mecanismo seguía siendo lento, discutido y políticamente reversible. Un sistema de protección que solo funciona si hay acuerdo político no es un sistema de protección: es una negociación con niños dentro.
Cuarto, el retraso en la adaptación normativa. España llegó a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo sin haber completado las reformas legales que ella misma se había comprometido a tramitar. Los anteproyectos de la nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería se aprobaron en agosto, casi un mes después de la crisis. Legislar bajo el impacto emocional de una catástrofe es siempre peor que legislar a tiempo.
Evaluación de la respuesta gubernamental
Una evaluación honesta no puede ser un veredicto único. Debe separar lo que se hizo bien de lo que se hizo tarde y de lo que aún no se ha hecho.
Aciertos. El primero y más importante es de naturaleza moral antes que técnica: no se disparó contra la población civil. Ante una multitud que incluía menores y personas exhaustas en el agua, los efectivos desplegados priorizaron el rescate y la preservación de la vida. Quienes hoy reclaman firmeza deberían explicar qué alternativa concreta proponían aquella noche. El segundo acierto fue el retorno ordenado y rápido de la gran mayoría de quienes entraron, sin escenas de violencia generalizada. El tercero, la declaración —por primera vez en nuestra historia— de la situación de interés para la Seguridad Nacional y la constitución de una autoridad funcional o mando único, con participación de la Ciudad Autónoma, que corrigió la dispersión de la respuesta inicial. El cuarto, la movilización de recursos: 309 millones de euros distribuidos entre servicios públicos, seguridad, acogida de menores, atención humanitaria y apoyo a empresas y trabajadores, además de un crédito extraordinario específico para infancia. El quinto, la europeización del problema, con la solicitud de apoyo a Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo, que se ha traducido en financiación comunitaria adicional y en la prolongación del despliegue europeo en la ciudad. Y el sexto, la desclasificación de los cuarenta documentos: un gobierno que publica los informes que pueden incriminarle hace algo que no todos los gobiernos hacen.
Insuficiencias. La primera es la tardanza. El mando único llegó casi cuatro semanas después de la entrada masiva; la comparecencia del presidente ante el Congreso, treinta y cinco días después. En una crisis, el tiempo no es un detalle administrativo: es la diferencia entre proteger y consolar. La segunda es la incoherencia del relato institucional, con ministerios sosteniendo versiones distintas sobre la misma información, lo que ha erosionado la credibilidad de la gestión incluso en sus aciertos. La tercera es el déficit de datos verificables: semanas después, seguía sin existir un censo cerrado de menores filiados, lo que ha dificultado tanto la planificación como la negociación con las comunidades autónomas y ha alimentado la sospecha. La cuarta es la preeminencia de la lógica reactiva sobre la preventiva: casi todo lo aprobado responde a lo ocurrido y muy poco a lo que puede volver a ocurrir. Y la quinta, la que más me preocupa como educador, es la ausencia de una política de reconstrucción del tejido convivencial. Se han presupuestado plazas, efectivos y ayudas; no se ha presupuestado la reparación del clima emocional de una ciudad que ha vivido con miedo y que hoy está expuesta a discursos que capitalizan ese miedo.
Evaluación de las aportaciones de la oposición
La oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar. Y sería injusto reducir sus aportaciones a la retórica que ya critiqué en el artículo anterior.
Aciertos. El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley articulada en cuatro ejes —infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales— que contiene elementos difícilmente discutibles: la consolidación permanente de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, la dotación de unidades de Extranjería suficientes, la mejora de los sistemas de detección y vigilancia costera, la presencia estable de Frontex y, muy especialmente, un plan de reactivación económica plurianual para Ceuta y Melilla con bonificaciones sociales e incentivos para el comercio, la hostelería y el empleo juvenil. La exigencia de transparencia —incluida la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales— también me parece legítima y saludable. Que una ciudad fronteriza necesite un régimen económico especial y una dotación permanente, y no un goteo de planes de choque, es un diagnóstico acertado que el Gobierno haría bien en no despreciar por venir de quien viene.
Deficiencias. La primera es jurídica: extender las devoluciones en frontera a las entradas por vía marítima y modificar la Ley de Asilo para que un acceso por la fuerza no abra el procedimiento ordinario roza, cuando no traspasa, el principio de no devolución y las garantías del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Puede discutirse la política migratoria; no pueden suprimirse las garantías que la hacen compatible con el Estado de Derecho. La segunda es la propuesta de devolución inmediata de los menores, rechazada por la propia Fiscalía de Sala coordinadora de Menores: el interés superior del niño no es un obstáculo burocrático, es un mandato constitucional e internacional. La tercera es la contradicción más grave: reclamar solidaridad nacional con Ceuta mientras varias comunidades gobernadas por el Partido Popular y por VOX bloquean el reparto de los menores e incluso rechazan participar en los órganos donde se decide su financiación. No se puede exigir que España entera se solidarice con Ceuta y negarse al mismo tiempo a acoger a los niños de Ceuta. La cuarta es el marco discursivo de VOX, sobre el que ya me extendí en el artículo anterior y que convierte el debate en una guerra semántica. Y la quinta afecta a todos: una proposición no de ley que fue rechazada en el Pleno con el apoyo únicamente de VOX y UPN revela que la oposición ha priorizado forzar el retrato parlamentario sobre construir una mayoría real.
Debo añadir que otros grupos han aportado matices relevantes que el ruido ha sepultado: la crítica al modelo de externalización de fronteras, la advertencia sobre el coste de nuestra política respecto al Sáhara, la exigencia de proteger a los ceutíes musulmanes frente a los ataques racistas y el recordatorio de que las migraciones forzadas tienen raíces históricas y económicas que ninguna valla resuelve.
Siete criterios para evaluar sin trincheras
Termino proponiendo el instrumento que me parece más útil, porque una evaluación sin criterios explícitos es solo una opinión con aspecto de análisis. Propongo siete:
- Anticipación: ¿se transformaron las señales disponibles en escenarios y los escenarios en dispositivos?
- Proporcionalidad: ¿fue la respuesta adecuada a la magnitud real, ni insuficiente ni desmedida?
- Legalidad: ¿se protegió la frontera dentro de la Constitución, el Derecho europeo y los tratados de derechos humanos?
- Protección de la infancia: ¿prevaleció el interés superior del niño sobre la conveniencia política?
- Solidaridad territorial: ¿asumió el conjunto del Estado una carga que corresponde al conjunto del Estado?
- Transparencia y rendición de cuentas: ¿se informó a tiempo, con datos verificables y admitiendo los errores?
- Reparación de la convivencia: ¿se hizo algo para que Ceuta vuelva a confiar, y no solo para que Ceuta vuelva a funcionar?
Aplíquense estos siete criterios a cualquier actor —Gobierno, oposición, instituciones europeas, administración autonómica— y se comprobará que nadie obtiene un sobresaliente y que nadie merece un cero. Esa es, exactamente, la conclusión que el sistema político español parece incapaz de tolerar.
Lo que una democracia aprende
Quedan preguntas que no me corresponde responder y que tampoco corresponde responder al debate político. La Audiencia Nacional investiga indicios de una gestión favorecedora desde el otro lado de la frontera, y será la Justicia, con pruebas y garantías, quien determine qué ocurrió, quién lo organizó y con qué finalidad. Los errores propios no exculpan a terceros, y la responsabilidad de terceros no exculpa los errores propios. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente, y probablemente lo sean.
Pero hay una enseñanza que ya podemos extraer, y es de naturaleza pedagógica antes que policial. Un Estado no se mide solamente por su capacidad de reaccionar, sino por su capacidad de imaginar. Fallamos cuando solo somos capaces de prever lo que ya hemos vivido. Fallamos cuando la información existe pero no se convierte en conciencia. Y fallamos, sobre todo, cuando confundimos la gestión de una emergencia con la construcción de una convivencia.
Ceuta necesitaba previsión y no la tuvo. Necesitó después solidaridad y la tuvo tarde. Necesita ahora algo más difícil que cualquier partida presupuestaria: que quienes debían protegerla dejen de utilizarla.
Porque la prevención, en el fondo, no es una técnica administrativa. Es una forma de responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando se ejerce de verdad, siempre empieza por una pregunta incómoda formulada antes de que ocurra la desgracia, y no por una acusación cómoda formulada después.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 14 de septiembre de 2026.