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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (5)
La lección de la sociedad civil. Mientras discutíamos si era una invasión, ellos organizaban turnos de guardia
Mirar hacia abajo
Durante estas semanas hemos discutido sobre cifras, informes desclasificados, competencias, responsabilidades ministeriales y calificaciones jurídicas. Todo ello es necesario. Pero mientras se producía ese debate, en Ceuta ocurría otra cosa, mucho menos ruidosa y, a mi juicio, mucho más importante: miles de personas, la mayoría de ellas sin ningún poder institucional y muchas de ellas pobres, estaban sosteniendo con sus manos aquello que las instituciones no consiguieron sostener a tiempo.
No lo escribo como consuelo. Lo escribo como constatación y, sobre todo, como denuncia implícita. Cuando la sociedad civil se ve obligada a hacer lo que corresponde al Estado, no estamos ante un motivo de orgullo nacional: estamos ante la prueba de un fracaso institucional. Pero dentro de ese fracaso apareció algo que merece ser documentado con nombres, lugares y fechas, porque es lo único de esta crisis que puede enseñarnos algo sobre el futuro de la convivencia.
Quiero dedicar este artículo, por tanto, a mirar hacia abajo. Hacia la pista polideportiva de un barrio. Hacia los bajos de una mezquita. Hacia un almacén lleno de bolsas de ropa. Hacia los turnos de vigilancia nocturna de unos vecinos que apenas tienen recursos.
La mezquita, el comedor y las doce mil comidas
Empecemos por Luna Blanca, la organización ceutí nacida en 1997 y constituida formalmente como ONG en 2001, cuya sede se encuentra en los bajos de la mezquita Sidi Embarek. Su trabajo habitual —comedor social, reparto de alimentos, atención domiciliaria, asistencia a personas sin hogar, atención al migrante— es el que llevan haciendo desde hace décadas con una población ceutí que sufre índices de pobreza muy superiores a la media española.
Cuando se produjo la entrada masiva, esa estructura modesta quedó sometida a una exigencia imposible. El primer día, la concentración de personas en las calles impidió a sus propios usuarios habituales acceder al reparto, y el cierre de los comercios dejó a la organización sin existencias para cocinar al día siguiente. Es decir: la ONG que alimenta a los pobres de Ceuta se quedó sin comida.
Y sin embargo continuó. En los primeros días posteriores al 30 de julio había distribuido ya más de doce mil comidas a las personas recién llegadas, además de mantener la atención a sus beneficiarios de siempre, y llegó a preparar hasta cinco mil raciones diarias. Sus responsables declararon a los medios que estaban completamente desbordados, y su portavoz explicó el criterio con una sencillez que debería avergonzar a buena parte de nuestro debate público: nadie debe pasar hambre, y la alimentación es una necesidad básica que se atiende con independencia de la situación administrativa de quien la necesita.
Observemos este detalle, porque es moralmente decisivo. Los primeros usuarios de Luna Blanca son ceutíes en riesgo de exclusión, en su gran mayoría musulmanes. No se trató, pues, de elegir entre «los de aquí» y «los que llegaron». Se trató de sostener a ambos con los mismos recursos escasos, estableciendo un orden de atención y sin excluir a nadie del derecho elemental a comer.
Esa es una decisión ética de primer orden, tomada sin cámaras, sin presupuesto extraordinario y sin declaraciones grandilocuentes, por personas que no aparecen en ninguna tertulia.
Los campamentos que levantaron los vecinos
La segunda historia es todavía más extraordinaria, y es la que más me ha conmovido.
Tras la entrada masiva, miles de personas —entre ellas mujeres y niñas— quedaron a la intemperie. Muchas se refugiaron en los montes para evitar ser devueltas. Y allí, en un terreno apartado, sin luz y sin protección alguna, comenzaron a producirse situaciones de violencia y agresiones sexuales que las organizaciones sobre el terreno denunciaron públicamente desde los primeros días de agosto.
La respuesta no vino primero de una administración. Vino de dos de las barriadas más humildes de Ceuta: El Príncipe Alfonso y Sidi Embarek.
En Sidi Embarek, los vecinos habilitaron la pista polideportiva del barrio —la que usaban los niños de la zona para jugar al fútbol— como campamento para mujeres, niñas y familias. Empezaron acogiendo a unas ciento noventa y cinco mujeres; semanas después eran alrededor de cuatrocientas. Improvisaron con mantas un biombo para que pudieran asearse. Organizaron turnos para garantizar la seguridad durante la noche. Un responsable vecinal lo explicó a eldiario.es con una frase que resume mejor que cualquier tratado lo que significa la palabra comunidad: «Unos pueden dos horas, otros diez, hacemos lo que podemos».
En El Príncipe Alfonso, la asociación de vecinos levantó otro campamento con el mismo propósito. Su presidente, Ahmed Enfed-Dal, explicó a la prensa que habían construido una carpa para acoger a unas trescientas niñas que deambulaban por las calles, precisamente para evitar que fueran víctimas de abusos. Vecinos de ambas barriadas afirmaron que gracias a esa protección se habían impedido numerosas agresiones sexuales.
Conviene detenerse aquí. Estamos hablando de barrios con altas tasas de desempleo y pobreza, de población mayoritariamente musulmana, frecuentemente estigmatizados en el discurso público español, y que han sido presentados durante años como el problema de Ceuta. Fueron ellos quienes, sin recursos, sin mandato legal y sin cobertura mediática, asumieron la protección de centenares de niñas y mujeres extranjeras a las que no conocían.
No fue una acción improvisada de un día. El propio ministro designado autoridad funcional de la crisis reconoció en el Congreso, a finales de agosto, que alrededor de trescientas niñas estaban siendo atendidas por colectivos vecinales. Es decir: el Estado contabilizaba oficialmente, dentro de su balance de menores, a las niñas que dormían bajo una carpa levantada por una asociación de barrio.
Los vecinos, por su parte, no ocultaron ni su agotamiento ni su crítica. Agradecieron que la Consejería de Servicios Sociales instalara algunos grifos, pero lo consideraron insuficiente; denunciaron la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno; y reclamaron reiteradamente que aquellas mujeres fueran trasladadas a un lugar con duchas y condiciones de seguridad. A mediados de agosto, algunos de esos campamentos improvisados se quedaron directamente sin comida.
Solidaridad, sí. Pero solidaridad exhausta, precaria y abandonada.
Con el paso de las semanas, la administración fue habilitando espacios propios —entre ellos el colegio Reina Sofía, acondicionado de manera temporal como lugar de acogida— hasta llegar a una quincena de instalaciones en las que se distribuyeron alrededor de mil cuatrocientos menores filiados. Pero incluso entonces, una parte significativa de las niñas continuó siendo atendida por los colectivos vecinales. Es decir: durante semanas convivieron dos sistemas de protección, uno oficial y otro improvisado por los barrios, y el segundo sostuvo aquello que el primero no alcanzaba a cubrir.
No conozco un ejemplo más nítido de lo que los pedagogos llamamos aprendizaje en la acción: personas sin formación específica organizando, en cuestión de horas, un dispositivo de protección de la infancia que las administraciones tardaron semanas en montar con presupuesto, competencias y personal técnico.
Un tejido asociativo que llevaba décadas trabajando
Lo ocurrido no fue un milagro espontáneo. Fue posible porque en Ceuta existía ya un tejido asociativo con experiencia acumulada, que la crisis no creó sino que desbordó.
La Asociación Elín desarrolla desde hace años acogida y acompañamiento, clases de español, actividades deportivas y culturales, sensibilización y encuentros interculturales. Durante la crisis fue una de las voces más constantes y más incómodas: denunció a comienzos de agosto la desatención sistemática de personas procedentes de contextos de conflicto como Sudán, Chad o Palestina, que sobrevivían en la calle sin alimentación, descanso ni asistencia sanitaria, y sin información sobre los procedimientos de protección internacional. Calificó la pasividad institucional como una decisión política que condenaba a seres humanos al desamparo. Semanas después, su representante Ramsés Mohamed advertía de que seguía habiendo miles de personas en calles, montes y playas, y señalaba de manera específica la desprotección de niños y adolescentes, mujeres y personas LGTBIQ+.
La Cruz Roja Española, presente en la ciudad con programas estables de atención humanitaria y acogida, participó desde el primer momento en la asistencia en la costa, junto a los efectivos militares y policiales, y mantuvo el reparto de alimentos en los puntos donde se concentraban las personas migrantes. Su labor en el CETI —actividades deportivas, educativas y de convivencia entre residentes y población ceutí— es precisamente el tipo de trabajo paciente que una crisis pone a prueba.
La Fundación Cruz Blanca desarrolla atención integral a población migrante, asesoramiento jurídico, acogida y programas de retorno voluntario, demostrando que protección, orientación y retorno asistido pueden formar parte de una misma respuesta humanitaria y no de estrategias contrapuestas.
Las Adoratrices trabajan con mujeres e hijos menores en situación de vulnerabilidad, incluidas víctimas o potenciales víctimas de trata, una dimensión que en una crisis como esta resulta especialmente crítica.
DIGMUN, la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niñ@s, trabaja contra la discriminación y la desigualdad promoviendo el intercambio cultural y el apoyo humanitario, educativo y cultural.
Cáritas Diocesana, que atiende de forma ordinaria a varios centenares de familias ceutíes con medio centenar de voluntarios, el Banco de Alimentos de Ceuta, Septem Solidaria y otras entidades completan un entramado que lleva años sosteniendo la pobreza estructural de la ciudad y que, al llegar la emergencia, tuvo que multiplicar su actividad sin multiplicar sus medios.
A ellas se sumaron colectivos venidos de fuera. Border Resistance y No Name Kitchen organizaron desde distintos puntos de la Península una caravana solidaria que llevó ropa, calzado, pañales, compresas, leche y agua, clasificada en un almacén próximo a la playa de la Tramaguera y convertida en lotes que pudieran entregarse con rapidez. Médicos del Mundo y Mujeres en Zona de Conflicto participaron junto a Elín y a las asociaciones vecinales en comparecencias conjuntas para exigir una respuesta institucional.
Y el 11 de septiembre, más de ciento cuarenta organizaciones sociales de toda España —en una carta abierta impulsada por la Federación Sur Acoge, la Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— reclamaron agilizar la respuesta, advirtiendo de que aún permanecían en Ceuta alrededor de diez mil personas, la mayoría durmiendo en la calle o en espacios informales.
Lo que estas organizaciones son y lo que no son
Conviene decirlo con precisión, porque el debate público lo ha deformado.
No son organizaciones que «ayudan a inmigrantes». Son organizaciones que ayudan a personas. Luna Blanca alimentaba a familias ceutíes antes del 30 de julio y las siguió alimentando después. Cáritas y el Banco de Alimentos atienden a la pobreza de Ceuta, que es anterior y seguirá siendo posterior a esta crisis. Cruz Roja actúa en incendios, en inundaciones y en fronteras. La diferencia entre ayudar a inmigrantes y ayudar a personas no es semántica: es la diferencia entre una ayuda condicionada por el origen y una ayuda condicionada por la necesidad.
Tampoco son sustitutos del Estado, ni quieren serlo. Todas ellas lo han dicho con insistencia. Los impulsores de la caravana solidaria insistieron en que repartir comida, ropa o productos de higiene no debería ser responsabilidad suya ni de las redes vecinales, y advirtieron de que la solidaridad tiene un límite material: se pueden reunir mil organizaciones y seguir sin cubrir las necesidades de una población entera. La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales pidió expresamente que el plan de choque priorizara las barriadas y el traslado de mujeres, niñas y niños.
Es decir: quienes más han dado son también quienes con más claridad han reclamado que el Estado haga su trabajo. Esa combinación de entrega y exigencia me parece la definición exacta de una ciudadanía madura.
Y conviene subrayar qué es exactamente lo que pedían, porque desmiente de raíz la caricatura que suele hacerse de estas entidades. No reclamaban fronteras abiertas ni regularizaciones masivas. Reclamaban habilitación de espacios de acogida, atención específica a menores y mujeres, suministro de agua y alimentos, refuerzo sanitario y psicológico, información accesible sobre los procedimientos de protección internacional y mayor coordinación entre administraciones. Reclamaban, en suma, procedimiento, orden y previsión. Sus representantes plantearon estas demandas directamente a la Delegación del Gobierno y a responsables del Ministerio de Política Territorial, y las asociaciones vecinales pidieron de manera expresa que el plan de choque priorizara las barriadas y el traslado de las mujeres, las niñas y los niños a instalaciones adecuadas.
Es una paradoja que merece ser meditada: el discurso más exigente en materia de organización institucional no vino de quienes hablaban de firmeza, sino de quienes estaban repartiendo comida.
La lección
Hay un dato que me gustaría retuvieran las personas que leen esto por encima de todos los demás. Las personas que levantaron los campamentos, que hicieron turnos de vigilancia nocturna, que cocinaron miles de raciones y que protegieron a centenares de niñas, no eran expertos en migraciones, ni cargos públicos, ni comentaristas políticos. Eran vecinos de dos de los barrios más pobres de una de las ciudades más pobres de España.
Mientras una parte del país discutía si aquello era una invasión, ellos estaban decidiendo cuántas horas podía hacer cada uno de guardia.
Esa asimetría lo dice casi todo. La palabra se pronunció en los platós; la responsabilidad se ejerció en la pista polideportiva de Sidi Embarek. Y cuando una sociedad quiere saber qué valores posee realmente, no debe escuchar sus discursos: debe observar qué hace su gente cuando nadie la obliga a hacer nada.
Ceuta ha sido presentada estas semanas como un problema. Yo me niego a mirarla así. Ceuta ha sido también, y sobre todo, una respuesta. Una respuesta imperfecta, agotada, insuficiente y a menudo indignada, pero una respuesta humana, sostenida por personas que tenían todas las razones para desentenderse y no lo hicieron.
En el próximo artículo me ocuparé de la otra cara de esta historia: de lo que le ocurrió a esa solidaridad cuando la crispación política la alcanzó, y de por qué creo que lo sucedido en esas barriadas constituye la lección pedagógica más importante de toda la crisis.
Nota sobre las fuentes. La información y los testimonios recogidos en este artículo proceden de las informaciones publicadas entre el 2 de agosto y el 11 de septiembre de 2026 por eldiario.es, El Español, El Debate, Ceuta Actualidad, Ceuta TV, El Pueblo de Ceuta, El Independiente, Euronews, COPE y Europa Press, así como de la información facilitada en sede parlamentaria por el Ministerio de Política Territorial y de las comunicaciones públicas de las propias organizaciones citadas. Las cifras relativas a personas atendidas y a menores filiados corresponden al momento de su publicación y han variado posteriormente.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 16 de septiembre de 2026.