CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (6). Cuando la solidaridad se convierte en convivencia —y cuando se la castiga

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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (6)
Cuando la solidaridad se convierte en convivencia
—y cuando se la castiga

Una pregunta incómoda

En el artículo anterior he documentado lo que hicieron las organizaciones sociales y los vecinos de Ceuta durante las semanas más duras de la crisis. Corresponde ahora formular la pregunta que ese relato deja abierta y que no admite respuesta cómoda: ¿por qué, mientras todo eso ocurría, una parte de la ciudad empezó a considerar enemigos a quienes lo estaban haciendo?

Porque eso también sucedió. Y sería una forma de propaganda —de la que yo mismo quiero huir— contar únicamente la parte luminosa de esta historia.

El 27 de agosto, centenares de ceutíes bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que se dirigía a la playa del Trampolín a repartir alimentos. La ONG Luna Blanca denunció haber recibido presiones para que dejara de alimentar a las personas migrantes. Trabajadores y voluntarios de la Asociación Elín relataron haber sido increpados en la calle cuando acompañaban a migrantes, y algunos profesionales humanitarios llegaron a retirarse del terreno por razones de seguridad. El Banco de Alimentos de Ceuta tuvo que emitir un comunicado público aclarando su actuación y pidiendo tranquilidad. La Cruz Roja se convirtió en objeto de una campaña de bulos en redes que la acusaba de favorecer a marroquíes frente a españoles y de haber desatendido a los afectados por otras emergencias, acusación desmentida por sus propios registros de actividad.

El ministro designado autoridad funcional de la crisis lo denunció en sede parlamentaria en términos que conviene recordar: no se puede atacar a los ceutíes musulmanes, del mismo modo que no se puede atacar a un inmigrante por serlo, y resulta intolerable que voluntarios de Cruz Roja —vecinos de Ceuta— se sientan amenazados por llevar comida a una playa.

Léase de nuevo esa última frase. Amenazados por llevar comida.

Cómo se produce ese vuelco

Sería fácil, y falso, explicarlo por la maldad de quienes protestaban. Prefiero un análisis más honesto y más útil.

Hay, en primer lugar, un agotamiento real. Una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes soportó durante semanas una presión para la que no estaba preparada, con servicios saturados, comercios cerrados, playas ocupadas, incertidumbre y miedo. Ese cansancio es legítimo y merece ser escuchado, no ridiculizado. Quien vive en una barriada con problemas estructurales de empleo, vivienda y servicios, y ve de pronto multiplicarse las necesidades a su alrededor, no está siendo racista por sentirse desbordado. Está siendo humano.

Hay, en segundo lugar, una percepción de abandono institucional. Como ya expliqué, el mando único tardó casi cuatro semanas en constituirse. Durante ese tiempo, lo que muchos ceutíes vieron no fue al Estado desplegando una respuesta, sino a furgonetas de organizaciones privadas repartiendo comida donde las administraciones no llegaban. Y de ahí a preguntarse por qué unos voluntarios hacen lo que debería hacer el Gobierno hay un paso muy corto. El malestar se dirigió entonces contra lo visible —la ONG— y no contra lo ausente —la administración—, que es exactamente el mecanismo psicológico que las crisis prolongadas producen con más facilidad.

Y hay, en tercer lugar, una operación deliberada. La desinformación no fue espontánea: hubo campañas organizadas que convirtieron a las organizaciones humanitarias en cómplices de una supuesta invasión y a los ceutíes musulmanes en sospechosos dentro de su propia ciudad. Ese es el punto en el que el análisis deja de ser sociológico y pasa a ser político, porque alguien decidió que el miedo de una población podía administrarse como capital electoral.

Y hay un cuarto factor, el más doloroso y el menos mencionado: la competencia por recursos escasos. Cuando una ayuda llega a un barrio donde muchas familias llevan años esperando una vivienda, un empleo o una plaza en un servicio social, cada reparto de alimentos puede ser interpretado —erróneamente, pero de manera comprensible— como una preferencia. Nada alimenta tanto la hostilidad hacia los recién llegados como la pobreza previa de quienes ya estaban. Por eso las políticas de acogida que no van acompañadas de inversión en los barrios que acogen terminan produciendo, casi mecánicamente, el resentimiento que después alguien capitalizará. No es un problema de xenofobia importada: es un problema de desigualdad no atendida.

A todo ello se añadió el efecto del lenguaje que analicé en el tercer artículo de esta serie. Cuando durante semanas se repite que lo ocurrido fue una invasión y que quienes llegaron son invasores, se establece un marco en el que ayudarlos deja de ser un gesto humanitario para convertirse en una forma de colaboración con el adversario. La palabra no es inocente: crea el mundo en el que después actuamos. Quien primero llamó invasión a una crisis migratoria no bloqueó ninguna furgoneta, pero contribuyó a construir el clima en el que bloquearla parecía razonable.

Aquí conviene ser preciso para no caer en el error inverso. Los vecinos tienen pleno derecho a exigir transparencia sobre qué entidades actúan en su ciudad, con qué financiación y bajo qué protocolos; y las organizaciones, cuanto mayor sea su protagonismo, mayor obligación tienen de explicarse públicamente. Eso es control democrático. Lo que no es control democrático es bloquear un vehículo que lleva agua y comida, ni amenazar a un voluntario, ni convertir la sospecha en veredicto.

La solidaridad no es ausencia de límites

Quisiera detenerme en una confusión que atraviesa todo el debate español sobre migraciones y que en Ceuta ha alcanzado su forma más cruda.

Se presenta con frecuencia la solidaridad como sinónimo de ingenuidad, de fronteras abiertas, de ausencia de normas o de desatención a los propios. Es una caricatura, y las organizaciones de Ceuta la han desmentido con hechos.

Luna Blanca atendió primero a sus beneficiarios habituales, ceutíes en riesgo de exclusión, y después a las personas recién llegadas: estableció un orden, no una exclusión. La Fundación Cruz Blanca gestiona programas de retorno voluntario junto a los de acogida y asesoramiento jurídico, demostrando que acompañar a alguien puede incluir ayudarle a regresar. Las propias organizaciones reclamaron protocolos, plazas de acogida, refuerzo sanitario y coordinación administrativa, es decir, más orden y no menos. Y todas coincidieron en que la crisis no podía seguir siendo afrontada mediante iniciativas ciudadanas.

La solidaridad, por tanto, no significa ausencia de límites. Significa comprender que una sociedad democrática no abandona a quienes están en situación de vulnerabilidad mientras discute cómo resolver las causas que la han producido. Es una ética del entretanto: mientras se negocia con Marruecos, mientras se reforma la Ley de Extranjería, mientras se decide el reparto de menores y mientras la Justicia investiga, hay personas que necesitan beber agua, dormir bajo techo y no ser agredidas.

Quien confunde ese entretanto con una posición política sobre las fronteras no ha entendido nada. Y quien lo utiliza para sugerir que socorrer produce llamada convierte un deber elemental en un delito imaginario.

Pedagogía social sobre una pista polideportiva

Llego así a lo que, como educador, más me interesa de toda esta historia.

La convivencia no se construye mediante grandes declaraciones institucionales. Se construye cuando alguien da un vaso de agua a quien tiene sed. Cuando una persona enseña español a quien acaba de llegar. Cuando un voluntario acompaña a quien no conoce el idioma ni los procedimientos. Cuando una organización consigue alimentos para una familia. Cuando dos personas de culturas distintas descubren que pueden hablar, aprender y colaborar.

Eso es pedagogía social en el sentido más profundo del término: aprendizaje que se produce en la acción compartida, sin aula, sin currículo y sin evaluación. Y es también política, aunque no tenga la apariencia ni el vocabulario de la política partidista.

Lo que ocurrió en Sidi Embarek y en El Príncipe Alfonso fue un acto educativo de enorme magnitud. Los niños de esas barriadas vieron a sus padres y a sus vecinos organizar turnos para proteger a niñas desconocidas. Vieron que la respuesta al miedo podía ser el cuidado. Vieron que su comunidad, tan frecuentemente señalada, era capaz de hacer lo que las instituciones no hicieron a tiempo. Ese aprendizaje no figurará en ninguna programación didáctica, pero permanecerá en su biografía moral mucho más que cualquier lección sobre valores.

Y también ocurrió lo contrario. Otros niños vieron a adultos bloquear una furgoneta de Cruz Roja, insultar a un voluntario o señalar a un vecino musulmán como enemigo. Eso también educa. Eso también permanece.

Aquí reside, a mi juicio, la dimensión más grave de esta crisis, la que no aparece en ningún balance presupuestario: Ceuta ha estado impartiendo simultáneamente dos pedagogías opuestas. Una pedagogía del cuidado y la solidaridad y una pedagogía del rechazo y la crueldad. Y ambas están formando a la misma generación.

Lo que deberíamos aprender

De todo lo anterior extraigo cuatro conclusiones que someto a la consideración del juicio del lector.

Primera: reconocer institucionalmente lo que se hizo. El trabajo de las asociaciones vecinales y de las organizaciones sociales debe ser reconocido, financiado y regularizado, no tolerado como un parche. Un Estado que se apoya en la sociedad civil durante la emergencia y la ignora después está incurriendo en una forma sutil de explotación.

Segunda: proteger a quienes ayudan. Ningún voluntario debería ser amenazado por repartir comida. La protección de los trabajadores humanitarios no es una cuestión de opinión política: es una obligación legal y una condición de posibilidad de cualquier respuesta futura. Si en la próxima crisis las organizaciones tienen miedo de salir a la calle, nadie ocupará su lugar.

Tercera: combatir la desinformación con transparencia y no solo con desmentidos. Los bulos han prosperado porque existía un vacío informativo real sobre cifras, plazos y responsabilidades. La mejor política contra la mentira no es la indignación, sino el dato público, verificable y publicado a tiempo.

Cuarta: reparar la convivencia, y no solo los servicios. Ya lo advertí al evaluar la respuesta gubernamental: se han presupuestado plazas, efectivos y ayudas; no se ha presupuestado la reconstrucción del tejido relacional de una ciudad que ha vivido con miedo. Y eso exige educación, mediación intercultural, trabajo comunitario en las barriadas, apoyo psicosocial y presencia sostenida en el tiempo. Exige, en definitiva, tratar la convivencia como una infraestructura pública y no como un sentimiento espontáneo.

Una advertencia sobre la memoria

Hay todavía una razón, quizá la más importante, para documentar todo esto ahora y no dentro de unos años.

Las crisis se recuerdan como alguien decide contarlas. Dentro de un tiempo, cuando la emergencia haya pasado y los campamentos hayan desaparecido, quedará un relato. Y en este momento se están disputando dos relatos incompatibles sobre lo que Ceuta fue durante el verano de 2026.

El primero dirá que Ceuta fue invadida, que sus vecinos resistieron y que unas organizaciones subvencionadas facilitaron la permanencia de quienes no debían estar. El segundo dirá que Ceuta fue desbordada, que sus instituciones llegaron tarde y que su población, incluida la más pobre, hizo durante semanas lo que correspondía al Estado.

El primero es más simple, más emocionante y se transmite mejor en un vídeo de treinta segundos. El segundo requiere datos, matices y nombres propios. Por eso el primero suele ganar, salvo que alguien se tome el trabajo de dejar constancia del segundo.

Esa es la función de la Memoria Democrática, y no la de acumular agravios. No se trata de idealizar a nadie ni de negar lo que ocurrió de hostil, de violento o de mezquino, que ocurrió y he intentado recogerlo. Se trata de impedir que la parte más oscura de una historia se convierta en la totalidad de esa historia, porque cuando eso sucede la sociedad aprende de sí misma la lección equivocada.

Una ciudad que se recuerde a sí misma únicamente como víctima invadida será una ciudad más temerosa. Una ciudad que se recuerde también como comunidad capaz de proteger a desconocidos será una ciudad más fuerte. Y no se trata de elegir entre la verdad y el consuelo: ambas cosas ocurrieron, y la segunda está tan documentada como la primera.

Los que decidieron no desentenderse

Termino volviendo a las personas concretas, porque las abstracciones nos han hecho ya demasiado daño en este asunto.

Me conmueve especialmente que varias de estas organizaciones continuaran trabajando mientras la conversación pública se llenaba de acusaciones contra ellas. Que siguieran cocinando después de ser presionadas para dejar de hacerlo. Que siguieran acompañando después de ser increpadas. Que siguieran denunciando la desatención institucional al mismo tiempo que la suplían con sus propias manos.

Eso tiene un nombre antiguo y en desuso: coherencia moral. Es la capacidad de sostener lo que se cree cuando sostenerlo cuesta algo.

Y tiene además una consecuencia que va mucho más allá de Ceuta. Porque lo que esas personas han demostrado es que la alternativa a la deshumanización no es un discurso más elevado, sino una práctica más constante. Frente a quienes construyen enemigos con palabras, ellos construyeron refugios con mantas. Frente a quienes explicaban la crisis, ellos la atendieron.

No pretendo convertirlos en héroes; ellos serían los primeros en rechazarlo, y con razón, porque la heroicidad individual es precisamente lo que sustituye a la responsabilidad colectiva cuando ésta falla. Pero sí quiero dejar constancia de que, en el peor momento de su historia reciente, Ceuta produjo dos cosas al mismo tiempo: una fractura y una lección.

De nosotros depende cuál de las dos decidimos heredar.

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Nota sobre las fuentes. Los hechos referidos —el bloqueo al vehículo de Cruz Roja del 27 de agosto, las presiones recibidas por Luna Blanca, los incidentes sufridos por voluntarios de la Asociación Elín, el comunicado del Banco de Alimentos, las campañas de desinformación contra Cruz Roja y la intervención parlamentaria del ministro de Política Territorial— proceden de las informaciones publicadas entre el 2 de agosto y el 11 de septiembre de 2026 por eldiario.es, El Español, Euronews, Ceuta Actualidad, Moncloa.com y Europa Press, así como de los comunicados públicos de las entidades citadas.

Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 18 de septiembre de 2026.