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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (7)
Gobierno y oposición: la democracia también
consiste en saber cooperar
Lo que no estoy pidiendo
Empiezo aclarando lo que no pretendo, porque en un debate tan enrarecido como éste, cualquier llamada a la cooperación suele ser interpretada como una petición de silencio.
No pretendo pedir a la oposición que deje de ser oposición. Eso sería incompatible con una democracia sana y, además, profundamente peligroso: un Gobierno sin control parlamentario es un Gobierno sin límites. La función de fiscalizar, incomodar, exigir explicaciones y proponer alternativas no es un estorbo del sistema democrático; es una de sus vigas maestras.
Tampoco pretendo repartir culpas a partes iguales, que es la forma más elegante de no decir nada. Las responsabilidades son distintas porque las posiciones institucionales son distintas: quien gobierna responde de lo que hizo y de lo que dejó de hacer; quien no gobierna responde de la calidad de sus propuestas y de los efectos de su lenguaje.
Lo que sí sostengo es algo más modesto y, sin embargo, aparentemente imposible en la España de 2026: que exigir responsabilidades y colaborar en la solución de una emergencia no son actitudes contradictorias.
Lo que el Gobierno debe responder
Empecemos por quien tiene más obligaciones, porque gobernar consiste precisamente en asumirlas.
El Gobierno de España debe explicar por qué no se dimensionó adecuadamente el riesgo pese a existir avisos previos; cómo funcionaron los canales de inteligencia, valoración y coordinación entre organismos; por qué la respuesta institucional tardó casi cuatro semanas en articularse mediante una autoridad funcional; y por qué, seis semanas después, la situación no estaba resuelta. Este último punto es especialmente pertinente: el 11 de septiembre, más de ciento cuarenta organizaciones sociales advertían de que aún permanecían en Ceuta alrededor de diez mil personas, la mayoría durmiendo en la calle o en espacios informales.
A esa obligación de explicar se añade otra, más sutil y también incumplida: la de no interpretar toda crítica como un ataque ilegítimo. Cuando un Gobierno responde a la fiscalización parlamentaria situando sistemáticamente al crítico en el terreno de la deslealtad, deja de rendir cuentas y empieza a defenderse. Y hay decisiones que alimentaron esa percepción con fundamento: la negativa de varios ministros a comparecer en el Senado durante agosto —que el Partido Popular llevó al Tribunal Supremo—, la demora en atender la petición de convocar la Comisión de Secretos Oficiales, formulada el 5 de agosto, o los cuestionamientos gubernamentales a la imparcialidad de la magistrada que instruye la causa.
Conviene decir también lo contrario, porque es igualmente cierto. El Gobierno hizo algo que no era obligatorio y que resultó incómodo para su propio relato: desclasificó cuarenta informes y comunicaciones de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, y los publicó íntegros. También compareció su presidente ante el Congreso durante una sesión maratoniana, y una ministra reconoció públicamente que se había llegado tarde. No son gestos menores en nuestra cultura política.
Lo que una oposición responsable puede decir a la vez
Vayamos ahora al otro lado, con el mismo criterio.
Una oposición responsable puede afirmar simultáneamente dos cosas: «exigiremos responsabilidades» y «colaboraremos para resolver la emergencia». No veo contradicción alguna. La contradicción aparece cuando una de las dos frases se convierte en instrumento para impedir la otra.
Y aquí se produjo, a mi juicio, una oportunidad perdida de dimensiones considerables. El Partido Popular registró a mediados de agosto una proposición no de ley articulada en cuatro ejes —infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales— que contenía elementos perfectamente compatibles con lo que el propio Gobierno estaba haciendo o anunciando: el refuerzo permanente de las fuerzas de seguridad, la mejora de los sistemas de vigilancia costera, la presencia estable de Frontex y un plan de reactivación económica plurianual para Ceuta y Melilla.
La paradoja es notable: cuando el texto llegó al Pleno el 10 de septiembre, tres de las medidas que reclamaba ya habían sido adoptadas por el Ejecutivo —la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y el nombramiento de una autoridad funcional—, y la petición de presencia permanente de Frontex había sido formalizada por el propio presidente del Gobierno. La proposición fue rechazada, con el apoyo únicamente de Vox y de Unión del Pueblo Navarro, el voto en contra del Gobierno, sus socios y Junts, y la abstención de Coalición Canaria.
Dicho de otro modo: existía un espacio material de acuerdo —dotación permanente, inversión plurianual, tecnología, presencia europea— y ese espacio se perdió porque el texto venía envuelto en un marco que hacía imposible su aceptación y porque su votación se planteó como un retrato y no como una negociación. Nadie ganó. Ceuta, desde luego, no.
El caso de los menores: el test de la cooperación
Si alguien quisiera comprobar hasta qué punto la confrontación puede prevalecer sobre la solución, debería estudiar lo ocurrido con los menores no acompañados. Es el mejor laboratorio de nuestra incapacidad para cooperar, y su historia no empieza en 2026.
En julio de 2024, una proposición de ley de PSOE, Sumar y Coalición Canaria para establecer un reparto obligatorio de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla fracasó en su primer trámite por la oposición del Partido Popular, Vox y Junts. En marzo de 2025, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Junts y aprobó un real decreto-ley que reformaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo un mecanismo obligatorio de distribución con criterios ponderados de población, renta, desempleo, esfuerzo previo y capacidad de plazas. El decreto fue convalidado en abril de 2025 por 179 votos a favor y 170 en contra, con el Partido Popular y Vox en contra, y posteriormente recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas.
Ése es el mecanismo que la crisis de Ceuta ha puesto a prueba. Y el resultado es descorazonador.
A finales de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó un crédito extraordinario de veinticinco millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. No acudieron Aragón, Extremadura y Castilla y León —comunidades cuyas áreas competentes estaban gestionadas por Vox—, que rechazaron cualquier distribución de menores hacia otros territorios. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular cuestionaron igualmente el mecanismo, argumentando que sus sistemas de protección ya soportaban una presión elevada y que no podía negociarse un reparto sin un censo verificado, dado que el Gobierno seguía sin aportar cifras definitivas sobre cuántos menores había y dónde estaban.
Quiero ser justo con ambos argumentos, porque los dos contienen una parte de verdad.
Es cierto que el Gobierno no ofreció durante semanas datos consolidados: las cifras de menores filiados fueron variando de manera sustancial de una comparecencia a otra, lo que hacía razonable exigir un censo fiable antes de asignar cuotas. Y es cierto también que un mecanismo de solidaridad territorial que se activa mediante negociación política, en lugar de aplicarse automáticamente al cumplirse un umbral objetivo, está condenado a bloquearse precisamente cuando más se necesita.
Pero también es cierto que la exigencia de un censo perfecto puede convertirse en una coartada indefinida, porque en una emergencia los datos nunca están cerrados; que la Fiscalía de Sala coordinadora de Menores rechazó expresamente la propuesta de devolución inmediata de los menores a Marruecos; y que resulta insostenible reclamar solidaridad nacional con Ceuta mientras se niega la acogida de los niños de Ceuta.
La conclusión que extraigo es dura y creo que inevitable: hemos convertido la protección de la infancia en una variable de la negociación partidista. Y eso es, en términos éticos, indefendible por parte de todos los que han participado en el bloqueo, con independencia de sus siglas.
Los otros grupos: matices que el ruido sepultó
Una consecuencia poco advertida de la polarización es que reduce el debate a dos voces y hace invisibles todas las demás. En la sesión del 3 de septiembre intervinieron formaciones cuyas aportaciones merecían más atención de la que recibieron.
El Partido Nacionalista Vasco sostuvo que el Gobierno no había estado a la altura y cuestionó, tras la publicación de los informes, que el Ejecutivo hubiera interpretado adecuadamente la información disponible. Junts formuló el dilema en términos especialmente incómodos: o el Gobierno conocía los avisos, o no tenía el control de sus propios servicios. EH Bildu reclamó recalibrar la posición española respecto a Marruecos y revisar la decisión sobre el Sáhara Occidental. Sumar responsabilizó directamente a las autoridades marroquíes, calificó de fallida la política de externalización de fronteras y exigió que se persiguiera a quienes atacaban a menores, a la prensa y a ciudadanos españoles musulmanes en Ceuta. Podemos insistió en la naturaleza autoritaria del régimen marroquí y en la condición de víctima de su propia población. El Bloque Nacionalista Galego recordó que las migraciones forzadas tienen su origen en procesos históricos de expolio y advirtió de que no apoyaría reformas regresivas de la Ley de Extranjería. Coalición Canaria, con la experiencia de un archipiélago que tutela a miles de menores, se abstuvo en la votación del plan del Partido Popular en lugar de sumarse al bloqueo.
Obsérvese que en ese conjunto aparecen elementos de diagnóstico que atraviesan el eje izquierda-derecha: el fallo de interpretación de las alertas, la fragilidad del modelo de externalización, el coste de nuestra posición sobre el Sáhara, la necesidad de proteger a los ceutíes musulmanes y la exigencia de un reparto justo de la carga. Hay ahí materia para un acuerdo transversal que nadie ha intentado construir, porque construirlo obligaría a renunciar al beneficio de la confrontación bilateral.
Dos formas de instrumentalizar una ciudad
Existe una instrumentalización de la crisis que se ejerce desde el Gobierno y otra que se ejerce desde la oposición, y ambas deberían nombrarse.
La gubernamental consiste en presentar la solidaridad territorial como una prueba de patriotismo, de modo que quien discrepa del mecanismo concreto queda automáticamente retratado como insolidario; y en utilizar la aritmética parlamentaria para rechazar en bloque propuestas cuyo contenido se comparte en parte. La de la oposición consiste en registrar iniciativas diseñadas para forzar un retrato más que para alcanzar un acuerdo, en trasladar el conflicto a instancias donde se obtiene rentabilidad mediática —una misión de la Eurocámara promovida por el Partido Popular y Vox, comisiones de investigación en la Cámara donde se dispone de mayoría—, y en incorporar a la exigencia legítima de transparencia un vocabulario de traición y de guerra que impide cualquier convergencia posterior.
Que sindicatos policiales pidan también una comisión de investigación en el Senado para examinar las alertas, las órdenes de servicio y las solicitudes de refuerzo denegadas me parece, en cambio, enteramente legítimo, e ilustra la diferencia: lo que se reclama ahí son documentos y responsabilidades concretas, no un relato.
Porque ésta es la distinción decisiva. Investigar es imprescindible. Fiscalizar es imprescindible. Lo que no es imprescindible, sino simplemente rentable, es convertir el sufrimiento de una ciudad de ochenta mil habitantes en materia prima de una campaña electoral permanente.
Cinco condiciones mínimas para cooperar sin dejar de discrepar
Termino con una propuesta concreta, porque la crítica sin alternativa es también una forma de comodidad. Creo que existen cinco condiciones que permitirían cooperar sin renunciar a la confrontación legítima.
Primera: separar la investigación de la gestión. La determinación de responsabilidades —parlamentaria, judicial y política— debe seguir su curso con toda la energía y con todos los documentos. Pero la atención a las personas, la protección de los menores y la recuperación de la ciudad no pueden quedar suspendidas hasta que esa determinación concluya. Son dos relojes distintos y deben correr en paralelo.
Segunda: datos compartidos y auditables. Un censo único de personas atendidas y de menores filiados, actualizado, público y accesible a todas las administraciones, eliminaría de golpe la mitad de la desconfianza actual. La opacidad, incluso cuando es fruto del caos y no de la voluntad, produce siempre sospecha.
Tercera: el interés superior del menor fuera de la negociación. Un mecanismo de distribución que se active automáticamente al superarse un umbral objetivo de saturación, con financiación asociada y sin necesidad de acuerdo político previo. Los niños no pueden depender del calendario electoral de diecisiete parlamentos.
Cuarta: un mínimo común en política exterior. La relación con Marruecos afecta a la integridad territorial, a la seguridad y a la economía de dos ciudades españolas. Ninguna posición sostenible puede construirse sobre bandazos de legislatura. Eso exige una información parlamentaria reservada y veraz y, a cambio, una contención en el uso partidista de lo que allí se conozca.
Quinta: una regla de contención del lenguaje. No una censura, que sería inaceptable, sino un compromiso explícito de todos los grupos para no describir a seres humanos con el vocabulario del enemigo. Ya expliqué en el tercer artículo por qué considero esto decisivo, y añado ahora una razón práctica: con el lenguaje de la guerra no se negocia nada, porque quien ha llamado traidor a su interlocutor ya no puede firmar un acuerdo con él sin parecer un cómplice.
Ninguna de estas cinco condiciones exige renunciar a las propias convicciones sobre política migratoria. Todas exigen algo más difícil: aceptar que el adversario puede tener razón en una parte.
Una crisis nacional no puede gestionarse como una campaña electoral permanente. Y una democracia que solo sabe cooperar cuando coincide no es una democracia madura: es una suma de trincheras que se turnan en el poder.
Nota sobre las fuentes. La información sobre la proposición no de ley del Partido Popular y su votación, la petición de la Comisión de Secretos Oficiales, la negativa de comparecencia en el Senado, la desclasificación de los cuarenta informes, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería de marzo de 2025 y su convalidación, la Conferencia Sectorial de Infancia de agosto de 2026 y la carta abierta de las organizaciones sociales procede de informaciones publicadas entre marzo de 2025 y el 11 de septiembre de 2026 por Europa Press, eldiario.es, Infobae, Euronews, Moncloa.com, Atlántico Hoy y Público, así como de los comunicados oficiales de La Moncloa.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 19 de septiembre de 2026.