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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (8)
El problema no terminará con un cambio de Gobierno:
Ceuta como cuestión de Estado
Una impresión que quisiera equivocada
Tengo la impresión de que ésta será una crisis que sobrevivirá al Gobierno que actualmente ocupa La Moncloa. Y lo digo sin ninguna satisfacción, porque me gustaría equivocarme.
Buena parte del debate español de estas semanas se ha construido sobre una premisa implícita que nadie formula en voz alta pero que lo organiza todo: la idea de que el problema de Ceuta es, en el fondo, un problema de quién gobierna. Si cambia el Gobierno, cambiará la frontera. Si cae Sánchez, se resolverá Ceuta. Si llega otro Ejecutivo, la magnitud del desafío disminuirá.
Propongo un ejercicio mental sencillo para comprobar si esa premisa resiste el análisis.
El experimento: mañana cambia el Gobierno
Imaginemos que mañana se produce un cambio de Gobierno en España. Preguntémonos qué desaparecería de los elementos que configuran esta crisis.
Seguiría existiendo Marruecos, con su reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla, su control efectivo sobre los flujos que atraviesan su territorio y su capacidad de modular la cooperación policial en función de sus intereses. Seguiría existiendo una frontera de once kilómetros entre una ciudad española de poco más de ochenta mil habitantes y un país de casi cuarenta millones, con una asimetría de renta que ninguna valla corrige. Seguiría existiendo el CETI con sus plazas ordinarias insuficientes. Seguirían existiendo los menores no acompañados, sus expedientes de filiación, sus procedimientos de determinación de edad, sus tutelas, sus escolarizaciones y las decisiones sobre reagrupación familiar. Seguiría abierta la causa de la Audiencia Nacional. Seguirían los procedimientos de asilo iniciados y los recursos pendientes. Y seguirían, sobre todo, las heridas emocionales de una población que ha vivido semanas de miedo y de una comunidad que ha sido señalada dentro de su propia ciudad.
No desaparecería prácticamente nada. Cambiarían el tono, las prioridades presupuestarias, el estilo diplomático y el discurso público. Todo eso importa. Pero el problema, en su estructura, permanecería intacto.
Lo que tendría que hacer cualquier Gobierno
Llevemos el ejercicio un paso más allá, porque es aquí donde resulta esclarecedor.
Un Gobierno del Partido Popular tendría que enfrentarse igualmente al problema de los menores. Y para resolverlo tendría que pedir cooperación a comunidades autónomas gobernadas por su propio partido: las mismas que en agosto de 2026 cuestionaron el mecanismo de distribución, las mismas que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, las mismas que argumentan —con razones que tienen su parte de verdad— que sus sistemas de protección ya están tensionados. Y tendría que hacerlo, además, teniendo que sostener ante Vox una posición que Vox rechaza frontalmente, puesto que tres comunidades con áreas gestionadas por esa formación se negaron incluso a asistir a la conferencia donde se decidía la financiación.
Tendría que negociar con Marruecos. Y descubriría muy pronto lo que todos los gobiernos españoles han descubierto antes: que la relación con Rabat es una negociación permanente entre intereses contrapuestos en materia de fronteras, pesca, agricultura, Sáhara Occidental, cooperación antiterrorista y control migratorio, y que la firmeza retórica dura exactamente hasta la primera reunión bilateral.
Tendría que negociar con la Unión Europea. Descubriría que la frontera de Ceuta es frontera exterior europea, que buena parte de la financiación de la gestión fronteriza marroquí proviene de fondos comunitarios que la Unión ha mantenido incluso después de esta crisis, y que el margen para reformar la legislación española de extranjería y asilo está delimitado por el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en plena aplicación desde junio de 2026, cuyos reglamentos no se derogan desde Madrid.
Tendría que respetar los límites jurisdiccionales. Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en julio de 2026 —que la propia proposición del Partido Popular pretende revertir mediante reforma legal— condiciona la aplicación del rechazo en frontera a las entradas por vía marítima. Por encima está el Tribunal Constitucional y, más allá, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas no son políticas de un partido: son derecho vigente.
Y tendría que resolver los expedientes y garantizar los derechos de los menores, uno por uno, con informes, plazos, tutores, intérpretes y recursos, exactamente igual que ahora.
Es decir: cualquier Gobierno de España se encontraría con el mismo problema, con las mismas restricciones jurídicas, con las mismas dependencias exteriores y con las mismas resistencias territoriales. Cambiaría el reparto de culpas; no cambiaría el reparto de dificultades.
La dimensión europea también permanece
Hay un actor que suele quedar fuera del debate español y cuya presencia refuerza precisamente la tesis de este artículo: la Unión Europea.
Desde los primeros días, la Comisión Europea calificó de inaceptables las imágenes procedentes de Ceuta, ofreció asistencia operativa y financiera y recordó que aquella frontera es una frontera exterior de la Unión. El comisario de Migración y Asuntos de Interior ofreció el apoyo de Frontex para reforzar la vigilancia, registrar a las personas llegadas y colaborar en las operaciones de retorno. España solicitó formalmente el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo para las tareas de triaje y tramitación de expedientes, y a comienzos de septiembre la Comisión desbloqueó un paquete superior a los ciento catorce millones de euros y confirmó la prórroga de los planes operativos de las operaciones conjuntas en España hasta 2027, incluida la continuidad del despliegue en Ceuta.
Nada de eso depende de quién gobierne en España. La frontera seguirá siendo europea, los reglamentos seguirán siendo europeos, la financiación seguirá siendo en parte europea y la dependencia de la cooperación marroquí seguirá siendo, también, una política europea: la Unión ha mantenido sus desembolsos para que Marruecos gestione la frontera incluso después de lo ocurrido.
De aquí se sigue una consecuencia que ningún partido español subraya porque a ninguno conviene: buena parte de la solución no está en Madrid. Está en Bruselas, en Rabat y en una arquitectura de gobernanza migratoria que se negocia entre veintisiete Estados. Prometer a los ceutíes que un cambio de Gobierno resolverá su frontera es, en el mejor de los casos, un error de análisis; en el peor, un engaño deliberado.
Cuatro constantes que ninguna mayoría modifica
De lo anterior se deducen cuatro constantes estructurales que conviene nombrar con claridad, porque son las que convierten esto en una cuestión de Estado y no en un episodio de legislatura.
La primera es geográfica y demográfica. Ceuta es un territorio pequeño en una frontera de dimensión continental. Su exposición no depende de quién gobierne en Madrid, y la desproporción entre su tamaño y su función no se corrige con planes de choque, sino con dotaciones permanentes.
La segunda es la dependencia estratégica. Mientras la seguridad de la frontera sur se sostenga mayoritariamente sobre la cooperación de un tercer Estado, España tendrá una vulnerabilidad estructural que ningún cambio de Gobierno elimina. Reducir esa dependencia es tarea de décadas, no de mandatos.
La tercera es el marco jurídico europeo e internacional. España puede endurecer procedimientos, acelerar plazos y reforzar controles, pero siempre dentro de un derecho que no controla en solitario. Prometer lo contrario es prometer un incumplimiento.
La cuarta, la más olvidada, es la pobreza estructural de Ceuta. Una ciudad con tasas de desempleo y exclusión muy superiores a la media española, donde organizaciones como Cáritas o el Banco de Alimentos atienden de manera ordinaria a centenares de familias, es una ciudad con menos capacidad de absorber cualquier presión externa. La vulnerabilidad social previa multiplica el impacto de la crisis fronteriza. Quien quiera proteger Ceuta de la próxima emergencia tendrá que empezar por reducir su pobreza, y eso no es política migratoria: es política social.
Qué significaría tratarlo como cuestión de Estado
Hablar de «cuestión de Estado» se ha convertido en una fórmula retórica que suele significar «que el adversario acepte mi posición». Intentaré darle contenido concreto. A mi juicio, exigiría al menos seis compromisos con vocación de permanencia:
- Un estatuto de frontera con dotación permanente y plurianual para Ceuta y Melilla —efectivos, medios marítimos y aéreos, tecnología de detección temprana, infraestructura portuaria y fronteriza— que no dependa de la coyuntura ni se apruebe tras cada catástrofe.
- Un mecanismo automático de contingencia, con umbrales objetivos de activación, protocolos preestablecidos de acogida y mando, y recursos comprometidos de antemano. La declaración de interés para la Seguridad Nacional no debería tardar cuatro semanas: debería activarse sola.
- Un sistema estable de protección y distribución de menores, blindado frente al ciclo electoral, con financiación asociada, censo único auditable y criterios técnicos. Los menores no pueden ser objeto de negociación entre administraciones.
- Una doctrina revisada de alerta e inteligencia, que obligue a construir escenarios de baja probabilidad y alto impacto, y no solo a proyectar los precedentes conocidos. El fallo de julio fue, sobre todo, un fallo de imaginación institucional.
- Una política exterior hacia Marruecos con consenso parlamentario mínimo, sostenida en el tiempo, con información reservada veraz a los grupos y contención en su uso partidista.
- Un plan de convivencia y cohesión social a largo plazo, con educación intercultural, mediación comunitaria, apoyo psicosocial en las barriadas, refuerzo del tejido asociativo y lucha contra la pobreza estructural. Es el capítulo que sistemáticamente se omite y el único que actúa sobre las causas de la fractura.
La advertencia de 2021
Hay un argumento que considero definitivo y que debería bastar para cerrar este debate.
En mayo de 2021 se produjo en Ceuta una entrada masiva de unas ocho mil personas en circunstancias muy similares: relajación del control marroquí, contexto de tensión diplomática, ciudad desbordada, despliegue militar de urgencia, menores no acompañados, debate nacional encendido y promesas de que aquello no volvería a repetirse.
Cinco años después ha vuelto a repetirse, multiplicado por nueve.
Entre ambas fechas hubo elecciones, cambios ministeriales, planes, comparecencias, resoluciones del Parlamento Europeo y declaraciones solemnes. En junio de 2021, la Eurocámara aprobó una resolución sobre la vulneración de la Convención de los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis de Ceuta. En 2026, una comisión del Parlamento Europeo prepara de nuevo una misión a la ciudad, esta vez a instancias del Partido Popular y de Vox. Cinco años, dos crisis, dos misiones europeas, la misma pregunta.
Lo que no hubo entre una y otra fue una transformación estructural del dispositivo. Ni un mecanismo automático de contingencia, ni un sistema de reparto de menores que funcionara sin negociación política, ni una reducción significativa de la dependencia respecto a Marruecos, ni una revisión de la doctrina de alerta capaz de imaginar un escenario nueve veces mayor que el conocido. Y por eso el segundo episodio encontró al Estado con una capacidad de anticipación semejante a la del primero.
Conviene además señalar una diferencia agravante: en 2021 el Estado pudo alegar sorpresa. En 2026 ya existía el precedente. Y precisamente porque existía el precedente, éste se utilizó como vara de medida —la valoración del riesgo se hizo con arreglo a lo ocurrido antes— en lugar de servir como advertencia sobre lo que podía ocurrir después. El precedente no se convirtió en aprendizaje, sino en límite de la imaginación.
Ésta es la razón por la que insisto tanto. Si Ceuta continúa siendo tratada como una cuestión coyuntural de Gobierno, dentro de unos años volveremos a discutir lo mismo, con otros protagonistas, otros ministros y otros portavoces, y probablemente con más víctimas. La alternancia política no es un mecanismo de aprendizaje institucional: si nadie convierte la experiencia en estructura, cada Gobierno vuelve a empezar desde el mismo punto de ignorancia.
Lo que se hereda
Termino con una consideración que excede lo político y entra en el terreno que me es más propio.
Lo que se hereda de una crisis no son sus cifras. Se heredan sus aprendizajes o sus resentimientos. Los niños que este verano han visto a sus vecinos levantar carpas para proteger a niñas desconocidas, y también a adultos bloquear una furgoneta que llevaba comida, están construyendo ahora mismo su idea de lo que significa pertenecer a una comunidad. Esa idea durará mucho más que cualquier legislatura.
Por eso la exigencia de tratar Ceuta como cuestión de Estado no es una petición de consenso blando ni una invitación a suavizar la crítica. Es exactamente lo contrario: es la exigencia más severa que puede formularse a una clase política, porque le pide renunciar a la rentabilidad inmediata de un conflicto en beneficio de algo que no verá recompensado en las próximas urnas.
Una cuestión de Estado es, en definitiva, aquello que importa más que quien gobierna. Y Ceuta —su frontera, sus menores, sus barriadas, sus muertos sin nombre y su convivencia herida— importa incomparablemente más que cualquiera de nosotros.
Nota sobre las fuentes. Las referencias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, a la Conferencia Sectorial de Infancia de agosto de 2026, a la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo desde junio de 2026, a los anteproyectos de nueva Ley de Asilo y reforma de la Ley de Extranjería, a la financiación europea de la gestión fronteriza marroquí y a la crisis de mayo de 2021 proceden de informaciones publicadas entre 2021 y el 11 de septiembre de 2026 por Europa Press, eldiario.es, Euronews, Infobae, Maldita.es, Ceuta Actualidad y Atlántico Hoy, así como del Boletín Oficial del Estado y de comunicaciones oficiales de La Moncloa y de la Comisión Europea.
Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 21 de septiembre de 2026.