CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (1). Una mirada personal y humanista sobre una crisis que exige responsabilidad de Estado, solidaridad nacional y recuperación de la convivencia.

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CEUTA, ENTRE LA FRONTERA Y LA SOLIDARIDAD (1)
Una mirada personal y humanista sobre una crisis que exige responsabilidad de Estado, solidaridad nacional y recuperación de la convivencia.

Ceuta no es para mí un lugar del que hablar, sino una parte de mi vida

Hay momentos en los que un acontecimiento público deja de ser solamente una noticia y adquiere una dimensión personal y hasta íntima. Para mí, la crisis de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio pertenece a esa clase de acontecimientos.

Nací en Ceuta. Mis padres, y muy especialmente la familia de mi madre, son originarios de la ciudad. Mi abuelo llegó desde la Península y, durante las décadas de los años veinte a los cincuenta del siglo pasado, consiguió crear allí un pequeño negocio con el que pudo sostener a una familia de siete hijos. Ceuta forma, por tanto, parte de mi memoria familiar y de mi propia biografía. La he visitado muchas veces y he conocido, con la cercanía que permite la experiencia personal, sus necesidades, sus dificultades, sus tensiones y también sus extraordinarias capacidades de convivencia.

Por eso escribo estas páginas con una preocupación que no es únicamente intelectual ni exclusivamente política. Lo sucedido me ha afectado profundamente. Me preocupa el sufrimiento de quienes llegaron, me preocupa la presión que ha soportado la población ceutí, me preocupan las consecuencias políticas y diplomáticas y, quizá por encima de todo, me preocupa el deterioro del clima emocional de una ciudad cuya historia reciente he asociado siempre a la tolerancia y a la convivencia pacífica y democrática.

Ceuta nunca me pareció una ciudad exenta de problemas. Sería ingenuo afirmarlo. Pero sí conocí en ella una forma peculiar de convivencia cotidiana entre personas de diferentes culturas, etnias y religiones. No era una convivencia perfecta, pero sí una convivencia posible. Por eso me inquieta que una crisis extraordinaria pueda terminar deteriorando precisamente aquello que Ceuta ha sabido construir durante generaciones: la capacidad de vivir juntos sin que nuestras diferencias se conviertan necesariamente en enfrentamiento.

Este artículo no pretende situarse en una trinchera partidista. Tampoco pretende ocultar los errores del Gobierno de España ni negar a la oposición su legítimo derecho a denunciarlos. Mi propósito es otro: preguntarme qué responsabilidad corresponde a cada institución y, sobre todo, qué podemos hacer para que una crisis nacional no termine convirtiéndose en una fractura social dentro de Ceuta.

Una crisis que desbordó todas las categorías

Lo sucedido entre el 30 y el 31 de julio del presente año 2026 no fue una crisis migratoria convencional. Fue un episodio de una dimensión absolutamente excepcional que desbordó, en cuestión de horas, las capacidades ordinarias de una ciudad como Ceuta. El dato oficial de referencia se situó en torno a 72.000 entradas irregulares, aunque en determinados momentos se utilizó públicamente la cifra de 80.000 para expresar la magnitud del episodio. El propio Gobierno terminó aclarando que la cifra oficial seguía siendo la de 72.000 personas.

La dimensión del dato resulta difícil de comprender si no se coloca en relación con la población de la ciudad. Ceuta cuenta con algo más de 80.000 habitantes. Es decir, durante aproximadamente cuarenta y ocho horas se produjo una movilización humana cuyo volumen absoluto era comparable con la población completa de la propia ciudad. No se trató, por tanto, simplemente de que llegaran muchas personas. Se produjo una alteración súbita y extraordinaria de la relación entre población, territorio, servicios públicos y capacidad de respuesta.

La inmensa mayoría regresó posteriormente a Marruecos. Entre el 90 % y el 95 % lo hizo durante las primeras veinticuatro o cuarenta y ocho horas, según los datos facilitados por el Gobierno. Ese retorno masivo fue decisivo para evitar que la situación alcanzara una dimensión todavía mayor. Pero sería un error interpretar esta circunstancia como una prueba de que el problema fue menor.

Porque una crisis de esta naturaleza no se mide únicamente por el número de personas que permanecen al final. También debe medirse por la intensidad de la perturbación producida durante el episodio, por los recursos movilizados, por los riesgos asumidos, por las personas que resultaron heridas o fallecieron y por las consecuencias que permanecen después de que la emergencia inicial haya desaparecido.

Y las consecuencias permanecieron.

Durante aquellos días, Ceuta tuvo que afrontar simultáneamente la llegada de decenas de miles de personas, la necesidad de garantizar la seguridad de la frontera, la atención sanitaria de quienes llegaban en condiciones de enorme precariedad, la identificación de personas, la protección de menores, la habilitación de espacios de acogida y la recuperación de los servicios públicos. La magnitud fue tan extraordinaria que el Estado tuvo que desplegar recursos policiales, militares, sanitarios, judiciales, sociales y administrativos muy por encima de los dispositivos ordinarios.

Pero lo más importante es comprender que la emergencia inicial se transformó después en una crisis de gestión prolongada.

La ciudad tuvo que afrontar la permanencia de miles de personas que no habían regresado inmediatamente a Marruecos, muchas de ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Hubo que crear espacios provisionales de acogida, ampliar los recursos disponibles y acelerar procedimientos administrativos y jurídicos. A comienzos de septiembre el Gobierno había habilitado más de 3.400 plazas adicionales de acogida, además de las aproximadamente 500-600 plazas ordinarias existentes en el CETI cuando se produjo la entrada masiva.

Y, dentro de ese conjunto, apareció una realidad particularmente delicada: los menores no acompañados.

La dimensión de esta cuestión ayuda a comprender hasta qué punto la crisis desbordó las categorías habituales. No estamos hablando solamente de inmigración irregular. Estamos hablando también de protección de la infancia, tutela administrativa, identificación, determinación de edad, búsqueda de familiares, reagrupación, escolarización, asistencia psicológica, atención sanitaria y, cuando corresponda, procedimientos de protección internacional. A 8 de septiembre, el Gobierno cifraba en 2.004 los menores atendidos por el sistema de protección de Ceuta, una magnitud extraordinaria para las capacidades ordinarias de la ciudad.

Aquí aparece una de las contradicciones más difíciles de resolver. Ceuta es una ciudad pequeña, pero se encuentra situada en una frontera de dimensión nacional y europea. La responsabilidad territorial de atender a quienes llegan no puede confundirse con la responsabilidad exclusiva de soportar sus consecuencias. Una cosa es que la legislación atribuya determinadas competencias a la ciudad autónoma y otra muy distinta que una ciudad de poco más de 80.000 habitantes pueda asumir indefinidamente una presión excepcional provocada por un acontecimiento que afectan a la frontera exterior de España y, por tanto, de la Unión Europea.

De ahí que la crisis migratoria se haya convertido también en una crisis de protección de menores, de capacidad administrativa y de solidaridad territorial.

Pero no es suficiente.

Lo ocurrido ha abierto igualmente una crisis fronteriza y de seguridad. La dimensión de la entrada, la velocidad con la que se produjo y las circunstancias que la rodearon han obligado a revisar la capacidad de anticipación, inteligencia, coordinación y respuesta del Estado. La reciente publicación de cuarenta informes y comunicaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS permite reconstruir qué información existía antes y durante aquellos días y quiénes la recibieron. Esa documentación no permite simplificar el episodio en una única explicación, pero sí plantea preguntas legítimas sobre previsión, interpretación de las señales disponibles y coordinación institucional.

Al mismo tiempo, la crisis adquirió una dimensión diplomática. La relación con Marruecos, ya compleja por razones fronterizas, migratorias, territoriales y estratégicas, pasó a ocupar el centro del debate. Y las investigaciones posteriores han planteado hipótesis sobre el grado de organización, permisividad o posible instrumentalización de los movimientos de población. Precisamente por eso resulta imprescindible diferenciar entre lo que ya está acreditado, lo que consta en informes policiales y lo que todavía debe ser determinado judicialmente. Una democracia responsable y madura no necesita convertir las sospechas en certezas para tomarlas en serio; pero tampoco debe convertir las hipótesis en hechos antes de que sean probados.

También apareció una crisis política nacional. El Gobierno tuvo que responder por su capacidad de anticipación y gestión; la oposición exigió responsabilidades y cuestionó determinadas decisiones; y la cuestión migratoria volvió a convertirse en un terreno de intensa confrontación política. Parte de ese debate era inevitable y legítimo. Lo preocupante aparece cuando la confrontación deja de orientarse a encontrar soluciones y comienza a utilizar el sufrimiento de una ciudad como materia prima de la confrontación, polarización, el insulto y la deshumanización del adversario político como así han venido expresando tanto el PP como VOX.

Porque hay todavía otra crisis, menos visible en las estadísticas, pero quizá más importante para el futuro de Ceuta: una crisis de confianza y de convivencia.

Cuando una ciudad vive durante días una situación extraordinaria, sus habitantes no experimentan únicamente problemas materiales. Experimentan también miedo, incertidumbre, cansancio, sensación de desbordamiento y preocupación por el futuro. Y cuando esa experiencia se prolonga, puede modificar la percepción que las personas tienen de su propia ciudad, de quienes llegan, de las instituciones y de quienes deberían protegerlas.

Esta dimensión emocional no debe despreciarse ni utilizarse políticamente. El miedo de una población que se siente desbordada merece ser escuchado. Pero escuchar el miedo no significa convertirlo en rechazo hacia todas las personas migrantes. Del mismo modo, defender la dignidad de quienes llegan no significa ignorar las necesidades, los temores y los derechos de quienes ya viven en Ceuta.

Aquí aparece, quizá, la dificultad moral más profunda de esta crisis: ser capaces de proteger simultáneamente la seguridad de la ciudad y la dignidad de las personas.

No existe una solución humana si para proteger a Ceuta tenemos que deshumanizar a quienes llegan. Pero tampoco existe una solución justa si, en nombre de la solidaridad, se ignora la capacidad limitada de una ciudad que ya soporta una situación excepcional.

Por eso tampoco me parece suficiente hablar simplemente de una «crisis migratoria». Esa expresión es demasiado estrecha para describir lo ocurrido.

Estamos ante una crisis fronteriza, porque se produjo una entrada masiva y extraordinaria en territorio español.

Juan Miguel Batalloso Navas.
Cala (Huelva) a 10 de septiembre de 2026.