Cuando el insulto y el odio suben a la tribuna (2) El peligro para la Democracia

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CUANDO EL INSULTO Y EL ODIO SUBEN A LA TRIBUNA (2) Reflexión sociopolítica ante el insulto y la deshumanización del adversario político

Por Juan Miguel Batalloso Navas

  

Los representantes políticos del odio

Hay un fenómeno particularmente grave que conviene nombrar sin eufemismos: la existencia de representantes políticos —elegidos democráticamente, financiados con dinero público, hablando desde tribunas institucionales— cuya estrategia central consiste en mentir, insultar, descalificar, deshumanizar y demonizar al adversario. No es exageración decirlo. Basta con escucharlos. Cada intervención está calculada para herir, para hacer daño al adversario, no para argumentar. Cada palabra busca el titular ofensivo, no la propuesta concreta. Cada acusación es una sentencia sin pruebas.

En esa retórica el presidente del Gobierno no es un adversario político con cuyas decisiones cabe discrepar: es, según ellos, un traidor, un criminal, un peligro público. Los socios parlamentarios no son legítimos representantes de millones de ciudadanos: son enemigos de España. Las instituciones que regulan, que controlan, que protegen derechos, son maquinarias al servicio de una conspiración imaginaria. Todo lo que no comulga con su credo se vuelve sospechoso, ilegítimo, cancelable. Es una lógica binaria, fanática, en la que no caben los matices ni las personas.

Lo más grave, sin embargo, no es solo lo que ellos dicen. Es lo que callan los demás. Es el silencio cómplice del Partido Popular que, llamándose constitucionalista y moderado, escucha esas barbaridades con sonrisa contenida, asiente discretamente, aplaude cuando le conviene, y se niega a marcar una frontera ética clara. Esa equidistancia no es neutralidad: es legitimación. Cuando el principal partido de la oposición no es capaz de decir esto no, esto es indecente, esto rompe el suelo común que sostiene la convivencia, está dando permiso. Está abriendo la puerta. Está enviando un mensaje a la ciudadanía: lo que oís puede decirse, puede repetirse, puede gobernar.

Y mientras tanto, en las casas, las palabras de la tribuna se convierten en palabras de la barra del bar, del grupo de WhatsApp, del comedor familiar. La grosería desciende. La crueldad se hace lenguaje común. Y la democracia, que es ante todo una manera de hablarnos, una actitud de respeto profundo a la igual dignidad de todos los seres humanos, se va envenenando por el cauce más íntimo: el de la conversación cotidiana entre vecinos, compañeros, familiares y amigos.

El peligro del odio para la democracia

La democracia no es solo un sistema de elecciones, mayorías y gobiernos. Es, ante todo, una cultura. Una cultura del reconocimiento mutuo. Una manera de aceptar que el otro, aunque piense de manera radicalmente distinta, tiene la misma dignidad que yo, los mismos derechos, la misma legitimidad para hablar y ser escuchado. La democracia es la civilización del adversario, no del enemigo.

Y esa distinción es decisiva. Al adversario se le respeta, se le argumenta, se le contradice, incluso se le derrota en las urnas. Pero al enemigo se le combate, se le silencia, se le elimina. Cuando el adversario se convierte en enemigo, la democracia agoniza. Porque ya no hay reglas comunes, no hay verdad compartida, no hay siquiera lenguaje en el que entendernos. Hay solo trincheras y fuego cruzado. Y donde solo hay fuego cruzado, terminan ardiendo también las mediaciones, los puentes, las instituciones.

La polarización extrema —cuando se llega al punto en que la mitad del país considera a la otra mitad indigna de gobernar, indigna de hablar, indigna incluso de existir como tal— es la antesala del autoritarismo y del fascismo. Porque ante un adversario respetable, se pacta, se negocia, se cede. Pero ante un enemigo absoluto, todo está justificado: la mentira, la manipulación, la vulneración de las instituciones, la suspensión de derechos e incluso el golpe de Estado y el asesinato. Cuando el otro es el mal, cualquier medio es legítimo para combatirlo. Y ese es, exactamente, el corazón de toda deriva totalitaria.

Por eso el odio es, hoy, el principal peligro para nuestras democracias. No los tanques en las calles. No los golpes de Estado clásicos. Sino el deterioro lento, gradual, casi imperceptible del lenguaje, del respeto, del suelo ético común. Las democracias del siglo XXI no mueren por asalto: mueren por desgaste, por erosión interna, por la transformación silenciosa de los adversarios en enemigos. Mueren cuando dejamos de creer que vale la pena escuchar a quien piensa distinto.

El renacer de los viejos monstruos

Lo más doloroso es comprobar que aquello que creíamos definitivamente derrotado vuelve, reaparece, reclama sitio en la mesa pública. El autoritarismo de quienes prefieren un líder fuerte a una deliberación compleja. El dogmatismo de quienes ya tienen todas las respuestas y solo necesitan culpables. El insulto erigido en estilo. El racismo que vuelve a explicar el mundo desde la sangre y la tierra. La xenofobia que ve en el migrante no una persona, sino una amenaza. El machismo que se reorganiza, se sofistica, se viste de defensa de la familia natural y desprecia las décadas de avances feministas como si hubieran sido un capricho ideológico y no una conquista de justicia elemental.

Y lo más sangrante de todo: la violencia contra las mujeres que no cesa, los asesinatos machistas que se acumulan año tras año en una contabilidad insoportable, mientras hay quienes, desde escaños institucionales, niegan que esa violencia tenga género, niegan los datos, niegan la evidencia, niegan a las víctimas. Cada vez que un líder político minimiza la violencia machista, está abriendo espacio simbólico para la siguiente agresión. No mata su mano, pero su palabra prepara el terreno. La palabra pública nunca es inocente: o construye dignidad o construye víctimas.

A todo esto, sin temor a las palabras, hay que llamarlo por su nombre. Es el resurgir del fascismo. No idéntico al de los años treinta —la historia no se repite con calco—, pero sí emparentado con él en lo esencial: el desprecio por el pluralismo, la mística del líder, la construcción de enemigos internos, la fusión de nación y partido, el odio al diferente, la nostalgia de un orden imaginado que nunca existió. El traje es nuevo, las corbatas son brillantes, las redes sociales son su altavoz; pero el corazón es el mismo. Reconocerlo no es exagerar: es recordar que el fascismo histórico también empezó siendo minoritario, también fue subestimado, también fue normalizado paso a paso por quienes pensaron que podrían instrumentalizarlo y luego desactivarlo. Casi nunca pudieron. Casi siempre les devoró.

Las políticas institucionales necesarias

Frente a esto no basta el lamento ni la indignación moral. Es preciso responder con políticas públicas valientes y coherentes. Las instituciones democráticas tienen el deber —y la legitimidad— de defenderse a sí mismas. La democracia no es ingenua: cuando es sabia, sabe protegerse de quienes pretenden usarla para destruirla.

Hace falta una legislación firme contra los discursos de odio, que distinga con claridad entre la libertad de expresión —sagrada— y la incitación al odio, la deshumanización y la calumnia organizada, que no son libertad sino abuso. Hace falta una justicia independiente, suficientemente dotada, capaz de actuar con celeridad cuando se cruzan las líneas rojas. Hacen falta organismos públicos de control de los medios de comunicación que garanticen el pluralismo y exijan deontología informativa. Hacen falta marcos regulatorios para las grandes plataformas digitales que les obliguen a responsabilizarse de los contenidos que viralizan, de los algoritmos que premian la indignación y de la circulación masiva de mentiras.

Hace falta, también, una política cultural y simbólica decidida. Memoria histórica que recuerde lo que el fascismo hizo y lo que costó derrotarlo. Conmemoración digna de las víctimas. Reconocimiento de las luchas democráticas, feministas, antirracistas, ecologistas y obreras que han tejido el país que hoy queremos defender. Una pedagogía pública que muestre que la libertad, la igualdad y la convivencia no son regalos: son conquistas frágiles que cada generación debe renovar.

Y hace falta, sobre todo, una política económica y social que no abandone a nadie. Porque el odio florece en los terrenos que el Estado social ha dejado yermos. Allí donde hay desempleo crónico, vivienda imposible, sanidad colapsada, educación abandonada, allí encuentra el odio su mejor cosecha. Combatir las desigualdades no es una política asistencial: es una política antifascista de primer orden. Quien quiera democracia tendrá que querer, también y primero, justicia social.

CONTINUARÁ…