Cuando el insulto y el odio suben a la tribuna (3): ¿Qué pueden hacer los Ayuntamientos?

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CUANDO EL INSULTO Y EL ODIO SUBEN A LA TRIBUNA (3)
La necesidad de políticas municipales y ciudadanas valientes y comprometidas contra el odio

Por Juan Miguel Batalloso Navas

  

Las políticas institucionales de carácter general para combatir el odio, la mentira, la calumnia, el insulto, la agresión verbal o física, aunque indispensables, no son en absoluto suficientes. La democracia se hace —se rehace todos los días— en lo cercano, en lo concreto, en lo que se puede tocar con la mano. Por eso las políticas municipales son decisivas. El barrio, el pueblo, la calle, la plaza son los lugares donde el otro deja de ser una caricatura mediática y vuelve a ser un rostro, un nombre, una historia. Donde la abstracción del odio choca con la presencia concreta de la persona, casi siempre pierde el odio. Allí donde el odio busca abstracciones —los inmigrantes, los progres, los rojos, las feminazis, los menas, los musulmanes, los pobres aprovechados—, lo municipal y lo ciudadano oponen siempre la misma resistencia callada y poderosa: rostros con nombre, vecinos con historia, personas que comparten un portal, un mercado, una plaza, una asociación, un colegio, una parada del autobús. La proximidad es, quizás, el antídoto más eficaz del que disponemos. Y por eso conviene pensarla en serio, con propuestas concretas, realistas y posibles, sin grandilocuencias ni utopías evasivas, sabiendo que la democracia se sostiene también —y tal vez sobre todo— en lo pequeño.

El principio de proximidad: lo municipal como escala humana

Lo municipal no es solo una escala administrativa: es una escala humana. Es el lugar donde la política deja de ser pantalla y se vuelve banco en la plaza, ventanilla del ayuntamiento, fiesta del barrio, asamblea vecinal, junta de distrito. Es donde el ciudadano puede, de hecho, intervenir y comprobar los efectos de su intervención. Si la democracia muere por desgaste de lo común, lo común se reconstruye también ahí: en lo más próximo, en lo más palpable, en lo más cotidiano. Defender la democracia es, hoy, defender la calidad de la vida vecinal.

Esto exige a los gobiernos municipales un cambio de mirada. No se trata de ser meros gestores de servicios, ni de competir por la foto del proyecto estrella. Se trata de comprender que cada decisión municipal —dónde se pone un banco, cómo se ilumina una plaza, qué horarios tiene una biblioteca, a quién se cede un local, cómo se acoge a una familia recién llegada— es una decisión política con efectos democráticos profundos. Las ciudades amables generan ciudadanos amables. Las ciudades hostiles, fragmentadas, segregadas, generan recelo, miedo y, finalmente, odio. La urbanística, la cultura, la limpieza, el transporte público, no son cuestiones técnicas neutras: son elecciones civilizatorias.

El espacio público como infraestructura democrática

El primer territorio en disputa es el espacio público mismo. Una ciudad sin plazas vivas, sin bancos donde sentarse a la sombra sin consumir nada, sin parques accesibles, sin paseos seguros para mayores y para niños, es una ciudad que ha renunciado al encuentro. Y donde no hay encuentro, no hay convivencia. Hay solo trayectos paralelos que no se cruzan. Por eso la primera política municipal contra el odio es invertir en el espacio común: plazas con sombra y bancos —no solo con terrazas que pagan—, parques cuidados también en los barrios periféricos, calles peatonales, transporte público frecuente que conecte a los barrios entre sí y no solo con el centro.

Las bibliotecas merecen un párrafo aparte. Son, hoy, el equipamiento más democrático que tienen nuestras ciudades. Allí entra cualquiera sin que le pregunten qué quiere ni cuánto tiene. Allí coinciden el niño que hace los deberes, el jubilado que lee la prensa, la persona migrante que utiliza un ordenador, la estudiante que prepara un examen, el desempleado que busca trabajo. Una buena política municipal apuesta por bibliotecas con horarios amplios incluidos los fines de semana, con clubes de lectura, con bibliotecas humanas en las que personas de orígenes diversos se ofrecen a contar su historia, con presencia activa en los barrios y no solo en el centro. Una biblioteca viva es una pequeña fábrica de ciudadanía.

Lo mismo cabe decir de los centros cívicos, las casas de la juventud, los hogares del jubilado, los locales de las asociaciones, los pabellones deportivos municipales, los huertos urbanos. Cada uno de esos espacios es una infraestructura democrática invisible. Cuidarlos, dotarlos, mantenerlos abiertos, descentralizarlos hacia los barrios olvidados, es una manera muy concreta de combatir el odio: porque el odio crece donde no hay encuentro, y disminuye donde hay convivencia regular.

La batalla por la verdad local: estrategias antirumores

Buena parte del odio cotidiano se alimenta de bulos: los inmigrantes cobran ayudas que los españoles no, los menores no acompañados son delincuentes en su mayoría, los musulmanes nos quieren imponer su ley, las mujeres denuncian falsamente para arruinar a los hombres. Son mentiras todas. Son fácilmente desmontables con datos públicos. Pero circulan por los grupos de WhatsApp, por las terrazas de los bares, por las conversaciones del trabajo, hasta convertirse en sentido común. Combatir esos bulos es una tarea municipal de primer orden.

La estrategia antirumores ya tiene historia y resultados probados en numerosos municipios españoles. Consiste, en lo esencial, en identificar los bulos más extendidos en el territorio, elaborar materiales con datos verificados —sencillos, claros, con humor cuando es posible— y formar a una red de agentes antirumores: vecinos voluntarios, comerciantes, profesores, monitores de tiempo libre, personal de servicios sociales, que aprenden a desmontar esas mentiras en las conversaciones cotidianas. No se trata de adoctrinar a nadie, sino de devolver al espacio público la información veraz que el rumor desplaza. Cualquier ayuntamiento puede poner en marcha una estrategia así con recursos modestos y resultados notables.

Conviene complementarla con una política activa de comunicación municipal: boletines impresos accesibles a las personas mayores, radios y televisiones locales que apuesten por la información rigurosa, redes sociales del ayuntamiento que informen sin caer en la espectacularización ni en la propaganda, talleres de alfabetización mediática para jóvenes y adultos donde se aprenda a contrastar fuentes, a desconfiar de los titulares incendiarios, a no reenviar lo no verificado. Un ciudadano alfabetizado mediáticamente es un ciudadano vacunado contra buena parte del odio.

Participación real: presupuestos, consejos, decisiones compartidas

Pocas cosas frustran tanto a la ciudadanía como la sensación de que las decisiones se toman lejos, en despachos opacos, sin contar con ella. Esa frustración es uno de los combustibles preferidos de los discursos de odio: si el sistema no me escucha, alguien me prometerá que sí lo hará y, de paso, me ofrecerá un culpable. Por eso la democracia local debe abrir mecanismos reales —no decorativos— de participación.

Los presupuestos participativos, cuando se hacen en serio, son una herramienta magnífica. Reservar un porcentaje del presupuesto municipal para que los vecinos decidan en qué se invierte, mediante asambleas de barrio y votaciones abiertas, transforma profundamente la relación con el ayuntamiento. Pero deben hacerse bien: con cantidades significativas, con propuestas que se ejecuten realmente y con plazos claros. Un presupuesto participativo simbólico, con migajas y promesas incumplidas, hace más daño que bien.

Junto a ellos, los consejos sectoriales —de infancia, juventud, mayores, mujer, igualdad, medio ambiente, cultura, participación— deben tener capacidad real de incidir en las decisiones, no servir solo para validar lo ya decidido. Los consejos infantiles y juveniles merecen un cuidado especial: son la escuela donde nuestros niños y adolescentes aprenden, en directo, qué significa deliberar, escuchar, llegar a acuerdos. Cada vez que un consejo de infancia funciona, se está formando a una generación menos vulnerable al autoritarismo. La democracia no se hereda; se transmite por contagio práctico.

El tejido asociativo: el cuerpo vivo de la ciudad

Una ciudad sin asociaciones es una ciudad enferma. El asociacionismo —vecinal, cultural, deportivo, de memoria democrática, feminista, ecologista, de mayores, de personas migrantes, de familias, de defensa de derechos— es el cuerpo vivo de la democracia local. Allí donde se asocia gente para algo común, se aprende sin manuales lo que significa ser ciudadano: hacerse cargo, comprometerse, escuchar, ceder, persistir. Las asociaciones son escuelas de democracia silenciosas y eficaces.

Una buena política municipal las cuida con medidas concretas y muy posibles: cesión estable de locales para asociaciones que no pueden alquilarlos; convocatorias de subvenciones sencillas, accesibles, con justificaciones razonables y no asfixiantes; reconocimiento público en los actos institucionales; ferias del asociacionismo donde la ciudadanía pueda conocer lo que se hace en su pueblo o en su barrio; apoyo administrativo gratuito a las asociaciones más pequeñas para que no se ahoguen en burocracia. El gesto más antifascista que puede hacer un ayuntamiento es facilitar, no obstaculizar, la vida asociativa libre.

Esto incluye, de forma especial, a las asociaciones de memoria democrática, a los colectivos feministas, a las organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, a los grupos LGTBI, a las plataformas vecinales que defienden derechos sociales. Son colectivos que hoy, en muchos lugares, están bajo presión y a veces bajo hostigamiento. Protegerlos, visibilizarlos, dotarlos de recursos modestos pero estables, es una decisión política con consecuencias democráticas profundas.

Acogida y convivencia intercultural en lo cotidiano

La inmigración es uno de los principales caladeros del discurso del odio. Y, sin embargo, en la mayoría de los pueblos y barrios donde hay convivencia intercultural real, la convivencia funciona. Lo que rompe la convivencia no es la diversidad, sino la falta de acompañamiento, la segregación residencial, los servicios públicos saturados sin recursos suficientes y los discursos políticos que envenenan la mirada. Por eso la política municipal de acogida no es un lujo: es una necesidad democrática.

Algunas prácticas concretas y posibles: oficinas municipales de acogida que orienten a las personas recién llegadas en trámites, vivienda, escolarización y sanidad; programas de mentoría ciudadana, en los que vecinos voluntarios acompañan durante unos meses a una familia migrante en su integración local; clases gratuitas de español de calidad y con horarios compatibles con el trabajo; encuentros culturales de barrio donde compartir comida, música, costumbres, sin folclorización paternalista, simplemente como vecinos que se conocen; jornadas interculturales en los colegios; diálogo institucional con mezquitas, iglesias, sinagogas, comunidades evangélicas y casas de cultura laica, porque la pluralidad religiosa y filosófica forma parte del tejido municipal y debe ser cuidada con respeto.

Lo decisivo es entender que la integración no es asimilación —que el otro renuncie a lo suyo— ni guetización —que viva al margen—, sino convivencia: una construcción mutua en la que cambian ambos, el que llega y el que ya estaba, y de la que sale algo nuevo. Las ciudades históricamente más vivas, más creativas y más prósperas siempre han sido las más capaces de acoger e incorporar lo diverso. Quien teme la diversidad teme, en el fondo, su propia ciudad.

Igualdad y políticas feministas en clave municipal

La violencia contra las mujeres y la regresión machista, lejos de ser un problema individual o privado, exigen respuestas municipales decididas. La cercanía del ayuntamiento al hecho cotidiano lo coloca en una posición privilegiada para actuar. Concejalías de igualdad bien dotadas presupuestariamente, con equipo profesional estable y no precarizado, son el primer requisito. Allí donde la igualdad es concejalía residual, sin medios, simbólica, todo lo demás se resiente.

Prácticas concretas: protocolos contra el acoso y la violencia de género en fiestas populares, con puntos violetas visibles atendidos por personal formado; formación obligatoria a la policía local, al personal de servicios sociales, a los técnicos municipales, en perspectiva de género; casas de acogida para víctimas con recursos suficientes; pisos tutelados; ayudas de emergencia ágiles; coordinación estrecha con juzgados y fuerzas de seguridad; programas de coeducación en los colegios y los institutos del municipio; talleres de masculinidades igualitarias para hombres y para chicos; actos públicos del 8 de marzo y del 25 de noviembre en plazas centrales, no en salones cerrados, porque la ciudad debe verse a sí misma comprometida con esa lucha.

Y conviene un detalle no menor: no ceder al chantaje de quienes pretenden borrar de las instituciones la perspectiva de género acusándola de ideología. La igualdad entre mujeres y hombres no es ideología: es justicia elemental, es derecho humano básico, es deuda histórica pendiente. Cuando un ayuntamiento renuncia a sus políticas de igualdad para no irritar a la extrema derecha, no está siendo prudente: está rindiéndose. Y cada rendición alimenta la próxima exigencia.

CONTINUARÁ…